La incripción de interesados en la compra en Brasil de las 12 empresas de telecomunicaciones en que fue dividido el consorcio estatal Telebrás finalizó hoy, mientras la justicia estudia más de 60 acciones presentadas para suspender la subasta del 29 de este mes.
La venta de las empresas, por un precio base de 11.600 millones de dólares, será la mayor del programa nacional de desestatización iniciado en 1991. Por eso se espera una batalla judicial más intensa que las que cer caron privatizaciones anteriores.
Por lo menos 25 empresas obtuvieron las informaciones puestas a disposición de los interesadas desde junio con la intención de participar en la subasta, a realizarse en la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro.
Pero el ministro de Comunicaciones, Luiz Carlos Mendonza de Barros, previó que cerca de cien empresas nacionales y extranjeras estarán involucradas en la adquisición de las telefónicas, la mayoría como parte de consorcios.
La disputa opondrá grandes empresas europeas, como Telefónica de España, la italiana Stet, France Telecom y Portugal Telecom, a la Bell Canadá y varias estadounidenses, como MCI y AirTouch, además de fondos de pensión y grupos brasileños.
El plazo para organizar consorcios termina el viernes. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones evaluará los datos de las empresas inscriptas y podrá descalificar las que no satisfacen las exigencias antes del 27 de julio.
Un ensayo hecho el domingo, simulando las condiciones reales, indicó que la subasta durará por lo menos cinco horas y media. Pero la policía brasileña se prepara para movilizar 2.000 efectivos con el fin de proteger la subasta contra inevitables manifestaciones de protesta.
Los partidos que componen la alianza electoral de izquierda anunciaron que intentarán de todas formas impedir la privatización, o por lo menos aplazarla seis meses para que la población pueda discutir y manifestarse sobre el asunto.
Medidas judiciales y movilización popular son las armas, ya utilizadas en ocasiones anteriores pero sin éxito, para impedir la privatización de todo el sector siderúrgico, petroquímico y algunas distribuidoras de electricidad y bancos estaduales.
Luiz Inacio Lula da Silva, ex líder sindical que la oposición de izquierda postula a la presidencia de Brasil, defendió el mantenimiento de las telecomunicaciones en la órbita estatal, unificadas en una empresa como la France Telecom y compitiendo en el mercado internacional.
Su temor es que las telefónicas privadas mantengan las desigualdades regionales y que las poblaciones más pobres y alejadas queden así sin el servicio.
Una condición impuesta a las nuevas empresas por las reglas de la privatización es la universalización del teléfono. Cualquier poblado de 300 habitantes e incluso aldeas indígenas de cien personas tendrán teléfonos, aseguró Mendonza de Barros.
Pero además de los obstáculos judiciales que 400 abogados del gobierno intentan despejar, el jueves surgió un nuevo problema dentro del propio sector público.
Los gobiernos estaduales quieren cobrar un impuesto comercial sobre habilitación de teléfonos celulares móviles y otros servicios de telecomunicaciones, basados en la Constitución de 1988.
Ese tributo no previsto anteriormente, de 25 por ciento en la mayoría de los estados y de 37 por ciento en Rio de Janeiro, encarecera los servicios y podría afectar el interés de algunos grupos en la privatización, reduciendo el ingreso a obtener.
Pero el ministro Mendonza de Barros aseguró que la subasta se realizará de todos modos el día 29 y que intentará convencer a los gobiernos estaduales de que renuncien al impuesto, en especial a su cobro retroavtivo sobre los cinco últimos años.
El tributo no tiene base legal en este caso, cree el ministro, porque incide sobre servicios de comunicación, rubro en que no se puede incluir habilitación de equipos telefónicos, argumentó.
El gobierno podrí recurrir a la justicia, agregó. Pero la cuestión es jurídicamente dudosa, según abogados.
Empresarios también protestaron contra la pretensión de los gobiernos estaduales, pues, dicen, sólo aumentará los costos en momentos en que el país procura reducirlos para mejorar su competitividad internacional. (FIN/IPS/mo/mj/if cr/98
