La guerra de Bolivia contra las drogas ingresó este miércoles en una nueva fase, en la que podría romperse la frágil tregua en la central región del Chapare, productora de coca y cocaína.
La segunda etapa del "Plan Dignidad", como el gobierno denomina a su programa antidrogas, determina la reducción de 1.650 a 800 dólares la compensación a los campesinos por hectárea de coca erradicada.
Se trata del segundo recorte, ya que la compensación fue de 2.500 dólares por hectárea hasta el 31 de marzo. A partir del 1 de abril, la cantidad pagada a los cultivadores fue de 1.650 dólares, aunque otros 850 dólares se destinaron a la comunidad a que esos campesinos pertenecen
Desde este miércoles, el campesino recibirá 800 dólares por hectárea incorporada al plan de erradicación de cultivos ilegales de coca, y la suma para la comunidad aumentará a 1.700 dólares.
El plan fue resistido por los cocaleros, y en enfrentamientos registrados en los últimos tres meses en el Chapare murieron 13 personas, entre campesinos y policías.
El Estado reduce gradualmente la subvención por eliminación de cultivos que durante una década mantuvo con apoyo internacional. El esfuerzo fue infructuoso, pues la mayoría de los campesinos que destruían plantaciones ilegales de coca para recibir la compensación volvían a sembrar la mata, en otro lugar.
Pero el gobierno de Hugo Banzer aseguró que no dará marcha atrás en esta materia, y para ello tiene a las Fuerzas Armadas y a la policía, que harán cumplir con las metas de erradicación del cultivo de coca aún al costo de mayor violencia.
El ministro de Gobierno (Interior), Guido Nayar, afirmó este miércoles que las nuevas escalas de pago están contempladas en la legislación vigente para luchar contra el narcotráfico y buscar nuevas formas de desarrollo en el área del Chapare.
"Tenemos que demostrar que somos un gobierno serio. Por eso hemos planteado una estrategia aceptada por el país y por la comunidad internacional", dijo el viceministro de Desarrollo Alternativo, Oswaldo Antezana.
Esa opinión es compartida por la embajada de Estados Unidos en La Paz, que tiene voz determinante en materia de lucha antinarcóticos en este país.
"Se ha visto en 10 años cómo los cocaleros han tomado la compensación individual para seguir sembrando, por eso subsiste el problema de la coca", señaló el martes la embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak, que apoya la nueva escala de compensaciones.
La estrategia antidrogas de Banzer es considerada "innegociable" por las autoridades. El presidente pretende sacar a Bolivia del circuito de la coca y la cocaína antes del 2002, el año en que cederá el poder.
La compensación económica desaparecerá en el 2002 y, a partir de entonces, todo cultivo ilegal de coca será erradicado por la fuerza y no de manera concertada, como ocurre ahora.
Los campesinos del Chapare reaccionaron en forma enérgica contra el programa de reducción paulatina del pago compensatorio.
Evo Morales, principal dirigente de las 35.000 familias relacionadas directa o indirectamente en el Chapare a la economía de la coca, advirtió que el plan, al que calificó de "unilateral", provocará movilizaciones de resistencia.
Morales, también legislador elegido por los habitantes del Chapare, advirtió que los cocaleros no permitirán la destrucción de sus plantaciones.
Algo más de 3.500 hectáreas de coca fueron erradicadas en el primer semestre de este año, pero aún quedan en el Chapare unas 32.000 hectáreas de plantaciones ilegales, cuya producción se destina casi totalmente a la fabricación de cocaína.
El gobierno de Banzer debe eliminar este año un total de 7.000 hectáreas de coca, para cumplir con la legislación y no perder el aval de Estados Unidos en materia de combate contra las drogas. (FIN/IPS/jcr/ff/ip/98
