La navegación por el río San Juan, limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, provocó otra crisis en las relaciones bilaterales, al punto que el presidente costarricense, Miguel Angel Rodríguez, suspendió esta semana una prevista visita a Managua.
A la vez, el gobierno de Costa Rica contempla la posibilidad de acudir a una corte internacional para que, mediante un arbitraje, contribuya a resolver los constantes roces que origina el problema entre los dos países.
Rodríguez había sido invitado, al igual que los restantes mandatarios de la región, por su par nicaragüense, Arnoldo Alemán, a la inauguración de la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano realizada el viernes.
Sin embargo, el gobernante costarricense desistió del viaje luego de que, el jueves, resultaron infructuosas las conversaciones entre las autoridades de seguridad de ambos países, en San José, para llegar a un acuerdo sobre la navegación de policías costarricenses en el río San Juan.
El nuevo conflicto surgió el día 17, cuando el ejército nicaragüense decidió impedir, a partir de ese día, el tránsito de policías costarricenses armados.
El canciller nicaragüense Emilio Alvarez, al justificar la medida, dijo que los derechos de navegación de Costa Rica por el río San Juan son limitados y excluyen la circulación de policías armados.
Costa Rica arguye que los policías se movilizan por el río para repartir alimentos y provisiones en los puestos ubicados a lo largo de la frontera, y que no pueden ir desarmados porque la zona es muy peligrosa.
El tratado de límites Cañas-Jerez, firmado por ambos países en 1858, establece que Nicaragua tiene soberanía total sobre las aguas del río San Juan, pero le da a Costa Rica el derecho perpetuo de navegación con fines comerciales.
"Con objeto de comercio" es la frase contenida en el artículo 6 del tratado, a la que apela Nicaragua para impedir la circulación de los uniformados mientras estos porten sus armas de reglamento.
La delegación nicaragüense que se presentó el jueves a la reunión en San José hizo tres propuestas, dos de los cuales fueron rechazadas por Costa Rica, razón por la cual se mantiene el diferendo.
Nicaragua propuso que los policías viajen desarmados por el río. Si no es así, cuando vayan a navegar armados tendrían que solicitar, con anterioridad, el permiso al Ejército nicaragüense, el cual les asignará una custodia.
El ministro de Seguridad de Costa Rica, Juan Rafael Lizano, dijo que el gobierno costarricense aceptó la propuesta del permiso, porque ya se acostumbra a hacerlo, pero no puede aceptar que se le ponga una custodia a sus policías.
El canciller costarricense, Roberto Rojas, dijo que el tratado le garantiza a Costa Rica la libre navegación y que obligar a los policías a esperar la presencia de un custodio nicaragüense implicaría una violación al acuerdo.
La situación presentada en el San Juan "es preocupante", dijo Rojas, porque se trata de una frontera difícil y muy importante para Costa Rica.
Agregó que las guarniciones costarricenses ubicadas en la margen derecha del río están siendo abastecidas por vía terrestre, para lo cual hay que atravesar zonas inhóspitas. De ahi la importancia para Costa Rica de navegar por el río.
Además, "Costa Rica reconoce que el San Juan pertenece a Nicaragua y no tenemos pretensiones" sobre la vía acuática, agregó Rojas.
El funcionario aseguró que lo que restringe el tratado Cañas- Jerez es el paso de naves artilladas, y no el paso de policías con sus armas reglamentarias.
"Agotaremos la vía del diálogo. Tendremos más conversaciones y esperamos un arreglo por la vía amistosa antes de acudir a otra instancia", dijo Rojas.
La navegación por el río San Juan es fuente de constantes roces. Al menos dos incidentes por año se originan en esas aguas, pero, en general, las relaciones entre ambos países son respetuosas, pero no cordiales. (FIN/IPS/mso/mj/ip/98
