El narcotraficante Larry Tovar, sucesivamente capturado, juzgado, sentenciado, indultado, prófugo tras anularse el indulto, y luego recapturado, es ejemplo de otra tara del sistema carcelario de Venezuela: ya purgó su pena y se le declaró libre, pero sigue preso.
Tovar fue protagonista de un escándalo que casi derriba al presidente interino Ramón Velásquez, en octubre de 1993 -en medio de la crisis política que siguió a dos sublevaciones militares-, porque ganó la libertad cuando aquel mandatario de 77 años lo indultó "por error".
Un capítulo de esta novela negra se vivió en Colombia, a cuyo cartel de Medellín sirvió Tovar y donde vivió oculto tras el indulto. Las autoridades colombianas, luego de capturarlo en septiembre de 1994, lo extraditaron a Venezuela -Estados Unidos también lo reclamaba- en junio de 1995.
Tovar finalmente fue a la cárcel para cumplir su condena básica de 11 años, pero en prisión se acogió a una ley de beneficios y comenzó a estudiar y trabajar aplicadamente, lo que se tradujo en una disminución de su pena, hasta que la semana pasada finalizó su tiempo en prisión.
Pero aún permanece tras las rejas, porque la jueza Fátima Dacosta, del estado de Guárico, en las llanuras centrales, donde se halla la Penitenciaría, dictaminó que Tovar cumplió los requisitos para estar libre, pero no libró la orden de excarcelación.
Los abogados recurrieron al tribunal de la causa por la que se condenó a Tovar, a cargo de la jueza Aracelis Salas, pero ésta respondió que ya dictó sentencia y no tiene materia por conocer.
Completa el triángulo el Ministerio de Justicia, cuya directora de prisiones, Evelisse Alvarez, reiteró que la redención de la pena es "un proceso estrictamente jurisdiccional" y que su despacho no permitirá que Tovar salga de la cárcel hasta que algún juez expida orden de excarcelación.
"Después que uno tiene su sentencia, ya no pertenece al tribunal sino al Ministerio de Justicia. Cumplí mi pena y debo salir", dijo Tovar por teléfono desde la Penitenciaría a la emisora Radio Caracas, el martes pasado. "No me queda sino acudir a los organismos internacionales de derechos humanos".
El ex ministro antidrogas Carlos Tablante advirtió que "se debe ser muy cuidadoso con la liberación de estos individuos, culpables de una gran falta, pero que hablan como si fueran unos angelitos", y su sucesor Raúl Domínguez pidió un informe a la Fiscalía General.
Marino Alvarado, jefe del área jurídica de la organización humanitaria Provea, dijo a IPS que "si Tovar cumplió su pena debe ser dejado en libertad inmediatamente", al recordar que el sentenciado se ajustó a la ley y la Constitución prohíbe la discriminación.
"Lo que ocurre es que en Venezuela se ha creado un clima según el cual toda persona involucrada en delitos de narcotráfico debe ser declarada y mantenida como culpable", dijo Alvarado. "Por eso, el Poder Judicial está 'como esperando' que el Ejecutivo le diga qué hacer".
El caso comenzó en marzo de 1989, cuando Tovar fue capturado con 26 kilogramos de cocaína y varios cómplices, al desmantelar la policía una "conexión euroamericana" del cartel de Medellín. Se le sindicó como lugarteniente del fallecido narcotraficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha.
En 1992, luego de un engorroso proceso durante el cual el expediente cambió 11 veces de tribunal -jueces de primera instancia se inhibían y varios superiores cambiaron los fallos- Tovar fue condenado a 11 años de cárcel.
Ese año se produjeron dos cruentas sublevaciones militares y en mayo de 1993 fue destituido el presidente Carlos Andrés Pérez, escogiéndose para la transición hasta febrero de 1994 (cuando asumió Rafael Caldera) al senador Ramón Velásquez, un escritor e historiador.
El 21 de octubre de 1993, en medio de los "casi 400 papeles que firmaba diariamente", según explicó luego Velásquez, se incluyó una orden de indulto para Tovar. Este salió en libertad e inmediatamente huyó a Colombia, pero el parlamento y la prensa estallaron con alarma e indignación.
"Me engañaron. Fui víctima de una diabólica y sucia maniobra de un funcionario", se excusó el mandatario interino, de reconocida honestidad, mientras le llovían críticas por "firmar sin leer". Una de sus secretarias, María Auxiliadora Jara, fue procesada y condenada a un año de prisión.
En medios judiciales y parlamentarios se rumoreó siempre que el padre de Tovar había desembolsado hasta 800.000 dólares en sobornos. Cuando Tovar fue traído a Venezuela en 1995 se le llevó a la cárcel de modo espectacular y luego su caso se hundió en el olvido.
La semana pasada, los medios judiciales conocieron que, conforme a su buena conducta, trabajos y estudios -Tovar es un ingeniero industrial de 40 años-, el narcotraficante había quedado técnicamente en libertad. Pero ninguna autoridad ordena su salida.
Tovar recordó que está preso "de manera ilegal y en las cárceles de Venezuela que todo el mundo conoce". Las prisiones venezolanas son consideradas la mayor mancha del país en materia de derechos humanos y, según Human Rights Watch, son "las más violentas del mundo".
Muere un preso cada 40 horas, en promedio, y en muchos casos como resultado de la violencia entre los detenidos. Son proverbiales el hacinamiento, la insalubridad, el deterioro de la infraestructura y el abandono por parte de las autoridades, mientras se trafica desde armas hasta espacios para ver la luz del sol.
De los 26.000 presos en las 32 cárceles, más de 70 por ciento son procesados sin sentencia. Human Rights Watch tituló su informe 1998 sobre las prisiones de Venezuela "Castigados sin condena".
Tovar sería una muestra de una nueva categoría. Ese grupo no es el de los presuntos inocentes expuestos a morir por la inseguridad tras las rejas, ni de los sentenciados que purgan una pena a la que no fueron condenados, sino de los que pagaron pero siguen recluidos, en un régimen sui géneris de postcárcel. (FIN/IPS/jz/hr/98
