El rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia aseguró que paramilitares de derecha y narcotraficantes se unieron en el noroeste del país para atacar a la población civil con la complicidad de militares.
Francisco Galán y Felipe Torres, portavoces del ELN presos en la cárcel de Itaguí (noroeste), en la periferia de Medellín, acusaron sin ambages en un comunicado al jefe paramilitar Carlos Castaño de estar al frente de esta alianza "narco- paramilitar".
La declaración de los portavoces del ELN se produjo el martes pasado a causa de un incidente ocurrido el día 16, cuando un comando de esa organización derribó un helicóptero del servicio civil de la gobernación de Antioquia que sobrevolaba el municipio de Amalfi, de ese departamento.
Según Galán y Torres, la compañía que atacó el helicóptero había tenido conocimiento de operaciones ofensivas del ejército en la región y esa situación originó el ataque.
Los portavoces del ELN afirmaron que el municipio de Amalfi "es la cuna de los Castaño Gil", los hermanos Carlos y Fidel, que "el epicentro de sus actividades de narcotráfico fue la hacienda La Pasionaria" y que el aeropuerto local era "el principal punto de embarque de cocaína" .
Pero la región es también escenario de la disputa territorial entre el ejército y la insurgencia, lo que según Galán ha originado a una "guerra sucia" que agrupa en "una sola fuerza a paramilitares, narcotraficantes, policía, ejército y servicios de inteligencia" en ofensiva contra la población civil.
Según el comunicado, fue en este contexto de enfrentamiento en el que se produjo el derribamiento del helicóptero del servicio civil de la gobernación de Antioquia, que fue denunciado por el gobernador Alberto Builes.
El ELN pidió a las autoridades que denuncien y ataquen el vínculo existente entre "narcos, paramilitares y fuerza pública" del que la principal víctima es la población civil, a la que se señala como auxiliadora de la insurgencia.
Al mismo tiempo, los rebeldes pidieron a la Procuraduría (fiscal del Estado), la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y organismos internacionales de derechos humanos investigar los vínculos entre el narcotráfico, los paramilitares y la fuerza pública en Amalfi.
La denuncia del ELN se produce tras la firma del Acuerdo de las Puertas del Cielo, en Maguncia, Alemania, el día 15, con el que los rebeldes declararon abierto un proceso de paz y en el que uno de los principales avances fue el del acatamiento de los insurgentes a las normas del derecho internacional humanitario.
En este acuerdo, el ELN se comprometió a no secuestrar menores de edad, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años y no atacar bienes protegidos por el derecho humanitario.
En el acuerdo firmado con 40 representantes de la sociedad civil las partes condenaron las masacres cometidas por los grupos paramilitares y los empresarios se comprometieran a no seguir financiando la guerra.
Pablo Beltrán, portavoz del ELN en el acuerdo, acusó a los grupos paramilitares de ser autores de 80 por ciento de las cerca de 300 masacres que se cometieron en Colombia en 1997.
El Acuerdo de las Puertas del Cielo, considerado por el gobierno el inicio del proceso de paz en Colombia, fue calificado por las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que reúnen a cerca de 5.000 paramilitares, como "una declaración de guerra" del ELN.
En una carta enviada al presidente electo Andrés Pastrana, coincidente con la firma del acuerdo, las AUC manifiestan su interés en iniciar un proceso de paz pero reiteran que no se desmovilizarán hasta que la guerrilla no entregue sus armas.
Además, las AUC, consideradas por el gobierno grupos ilegales, pidieron el reconocimiento como grupos que desarrollan una "lucha política".
Los grupos paramilitares fueron creados y apoyados por terratenientes en la década del 80 con apoyo del ejército para defenderse de la guerrilla.
Pero su actividad se desbordó por sus vínculos con el narcotráfico y sus ataques y asesinatos a líderes sociales y de izquierda, por lo que fueron declarados ilegales en 1989.
Pastrana, que asumirá la presidencia el 7 de agosto, descartó de su programa de gobierno el reconocimiento de los paramilitares, lo que en opinión de Juan Tokatlián, investigador de la estatal Universidad Nacional, lo coloca en una difícil posición.
Según Tokatlián, hay grupos fuertes que presionan interiormente para que se le de al paramilitarismo categoría política, pero la comunidad internacional los condena a causa de las numerosas masacres que han cometido y la ofensiva desatada contra los sectores de izquierda. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/98
