La ONU se prepara para poner punto final a la Operación en Terreno para los Derechos Humanos en Ruanda (HRFOR) debido al desacuerdo con el gobierno ruandés acerca del futuro de la misión.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó en una declaración emitida en forma simultánea desde Ginebra y Kigali que, después de cuatro años de operaciones, el HRFOR terminará su mandato a fines de julio, sin perspectivas de prolongar sus actividades.
El motivo principal para dar fin a esta misión fueron las diferencias de opinión en torno al papel de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en materia de derechos humanos, en especial porque el gobierno de Ruanda se opuso a aceptar las inspecciones de este organismo internacional, destacó la oficina.
Para la ONU era esencial "conservar el mandato y los medios para supervisar la situación de los derechos humanos", mientras el país africano prefiere limitar el alcance de la misión a la asistencia técnica e iniciativas locales, sostiene el comunicado.
En una tibia declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ruanda descartó que hayan existido desavenencias y aseguró que las conversaciones se realizaron "en un ambiente de mutua comprensión".
Pero en esa misma declaración se destacó que el gobierno considera redundante una supervisión de la ONU en el futuro. "En lo que se refiere a la supervisión realizada hasta ahora por el HRFOR, ésta finalizará el 31 de julio de 1998", confirmó la cancillería de Ruanda.
Asimismo, le pidió a la ONU reforzar su aporte en "asistencia técnica" y advirtió que "la tarea de promover el respeto a los derechos humanos y de aplicar la ley le corresponde al gobierno y el pueblo de Ruanda".
Pero más allá de las corteses declaraciones en defensa de la soberanía nacional y pedidos de asistencia en el futuro, quedó en evidencia un cuestionamiento del gobierno al HRFOR y sus cuatro años de actividades.
La ruptura se produjo después de cuatro días de conversaciones en Kigali entre una delegación del Alto Comisionado encabezada por el subdirector de esa oficina, Ter Horst, y un equipo ministerial de Ruanda.
Observadores de la ONU consideraban estas conversaciones como el último esfuerzo por mantener a flote la misión del HRFOR, que había sido severamente impactada el 8 de mayo cuando el gobierno pidió suspender las actividades hasta concluir las negociaciones sobre un nuevo mandato.
En mayo había quedado claro que el gobierno estaba descontento con el tipo de actividades de la HRFOR y deseaba un cambio en su misión.
La HRFOR fue creada como consecuencia del genocidio en Ruanda. En mayo de 1994, cuando se informó sobre el asesinato de casi un millón de personas, la ONU designó un relator especial para analizar las causas de esta matanza.
En julio de 1994 fueron enviadas las primeras misiones de observadores de los derechos humanos, después de llegar a un acuerdo con el gobierno.
Se determinaron cuatro objetivos clave: investigar las violaciones de derechos humanos y en especial los relacionados con el genocidio, verificar abusos en forma cotidiana, cooperar para el retorno y la reubicación de miles de refugiados y realizar un programa de cooperación técnica para la justicia y la promoción de los derechos humanos.
La propia HRFOR admitió que en su primera etapa el cumplimiento de la misión fue afectado por escasez de fondos y falta de dirección. En 1995 la iniciativa fue bombardeada por un informe de la organización londinense African Rights que la calificó como "El Desperdicio de una Esperanza".
Pese a todo, la misión siguió adelante y en enero de 1997 contaba con 130 observadores. En febrero de ese mismo año, las actividades fueron restringidas tras el asesinato de cuatro inspectores de HRFOR y su chofer, emboscados en la región occidental de Cynagugu.
La reiteración de problemas de seguridad hizo que la inspección en terreno fuera cada vez más difícil.
Las reservas del gobierno con respecto a la HRFOR aumentaron tras la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en diciembre de 1997. La funcionaria se proclamó "amiga de Ruanda", pero entregó un informe muy negativo sobre la situación de los derechos humanos.
"Parece que no existiera una política de compromiso para impulsar la reconciliación, mientras se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos", dijo Robinson, quien sugirió que el problema no era de la misión de la ONU sino del gobierno.
Todas sus propuestas para reformular la HRFOR quedaron ensombrecidas por estas críticas.
La abierta actitud de rechazo a la HRFOR en mayo fue precedida por la continua negación de la visa al director de la iniciativa, Gerard Fischer, quien nunca llegó a acreditarse. El gobierno argumentó que Robinson y sus asesores no habían hecho propuestas que reforzaran la operación.
La suspensión del 8 de mayo coincidió con el final de una desastrosa visita de dos días a Ruanda del secretario general de la ONU, Kofi Annan. Al mismo tiempo fue expulsado el portavoz de la operación HRFOR, José Luis Herrero, tras haber criticado la ejecución de prisioneros acusados del genocidio.
Desde ese momento, quedó claro que la mayor parte del personal de la HRFOR se preparaba para salir. Algunos de ellos comenzaron a ser transferidos mientras era notoria la oferta de automóviles y de otros bienes asociados a la presencia de la ONU en este país.
En medio de las críticas a la operación también hubo elogios. La organización Amnistía Internacional destacó la importancia de la HRFOR y consideró que sería desastroso que perdiera su capacidad para inspeccionar violaciones a los derechos humanos.
"Las negociaciones entre el Alto Comisionado y el gobierno de Ruanda deberían tratar de cómo ampliar la misión de la HRFOR, y no al revés", planteó Amnistía Internacional.
Sin embargo, el gobierno ya había adoptado una decisión. Al concluir las conversaciones una alta autoridad gubernamental acusó a la HRFOR de usar fuentes poco confiables, observadores con poca experiencia y de tomar partido contra el gobierno de Ruanda. (FIN/IPS/tra-en/cs/mn/lc-ml/ip-hd/98
