Organizaciones de derechos humanos condenaron la oposición de Estados Unidos a la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) efectivo para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidios.
Mientras las negociaciones para establecer el TPI se acercan a su semana final en Roma, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos censuraron la posición de Washington ante la corte propuesta.
Estados Unidos arguyó en la conferencia de Roma (15 de junio – 17 de julio) que el Tribunal no debe tener jurisdicción automática sobre todos los asuntos propuestos, sino sólo sobre genocidios.
De acuerdo con esta posición, el gobierno de un país donde reside un sospechoso de crímenes de guerra o contra la humanidad debería "aprobar" cualquier investigación del TPI.
Esto significa que, si un ciudadano de determinado país comete un acto de violencia en otro estado, el país de origen de ese ciudadano debería dar su permiso al TPI para realizar investigaciones y procesar al individuo o grupo, lamentaron los grupos de derechos humanos.
"Este es un nuevo punto bajo en el enfoque de Washington sobre el TPI", opinó el jueves Richard Dicker, director de la campaña por el Tribunal de Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
"Es escandaloso que Estados Unidos intente obligar a otros países a crear una corte insignificante o, en caso de que se forme una institución efectiva, enfrentar el sabotaje de Washington", denunció Dicker.
Michael Posner, director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, afirmó que "la propuesta del consentimiento del estado involucrado constituye una burla a la corte".
Añadió que la iniciativa de Washington crearía un tribunal "del cual se reirían todos los Pol Pots del mundo".
"La propuesta de Estados Unidos está destinada a debilitar el TPI para proteger a sus propios ciudadanos y a sus militares", sostuvo por su parte Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
Los representantes estadounidenses también se oponen a una fiscalía independiente del TPI con autoridad para investigar y juzgar crímenes. Washington pretende que los estados tengan la jurisdicción primaria, antes de que se involucre la corte.
"A menos que el fiscal pueda iniciar los procesos, el TPI será dependiente de la determinación política de los estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no tendrá poder para investigar graves crímenes", advirtió Roth.
La oposición de Estados Unidos durante la conferencia lo colocó entre una minoría de países opuestos a una corte eficaz, que incluye a Rusia, China, Iraq, Libia, India y México.
"Una vez más, Washington se ha aislado de la mayoría de los gobiernos del mundo, que favorecen un TPI con plena jurisdicción sobre crímenes de guerra en conflictos civiles, libre del control del Consejo de Seguridad, capaz de investigar y con un fiscal independiente", señalaron activistas en Nueva York.
Sin embargo, los activistas creen que el proceso de formación del TPI debe seguir adelante aun sin Estados Unidos, porque cuenta con el respaldo de la Unión Europea, Canadá y otros países poderosos, además de las naciones en desarrollo.
"Estados Unidos no es esencial para la creación de la corte", concluyó Posner. (FIN/IPS/tra-en/mmm/mk/ml/hd/98
