Lo peor que le podría suceder al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia sería que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) detuviera a otros acusados de crímenes de guerra, o a todos ellos.
Si sólo aquellos acusados públicamente fueran llevados ante la justicia, habría otros 31 candidatos a juicio. Para procesarlos, junto a los que ya están en La Haya, el tribunal debería realizar 21 juicios el año próximo.
El mecanismo de la justicia internacional, que durante los últimos 12 meses se aceleró al punto del recalentamiento, quedaría totalmente bloqueado. El tribunal se convertiría en víctima de su propio éxito.
Hace un año, la Unidad de Detenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenía únicamente ocho detenidos, y sólo dos juicios en curso en la única sala del Tribunal.
Uno de ellos, el del general bosnio croata Tihomir Blaskic, acusado de crímenes que tropas a su comando supuestamente cometieron en el valle Lasva, en el centro de Bosnia.
El otro, el de cuatro acusados de supuestos crímenes en un campo en Celebici dirigido por simpatizantes bosnios del gobierno liderado por los musulmanes.
Las 24 celdas de la Unidad de Detención están llenas. Además, cuatro acusados están detenidos temporalmente en la prisión holandesa de Schevenignen, donde está ubicada la Unidad, y uno fue liberado provisionalmente por motivos médicos.
A la vez, cuatro juicios se desarrollan en el Tribunal. Además de los dos heredados del año pasado, Blaskic y los cuatro de Celebici, cuyo fin aún no está a la vista, hay dos más en proceso.
Ellso son los de Zlatko Alekosvksi, por supuestos crímenes contra bosnios en el valle de Lasva, y de Anto Furundzija, acusado de responsabilidad de comando de violencia sexual, cuya sentencia, tras un juicio acelerado de ocho días el mes pasado, se aguarda en cualquier momento.
Un quinto juicio llegó a un fin imprevisto el 29 de junio, cuando se suicidó el acusado, el ex mayor Vukovar Slavko Dokmanovic, quien enfrentaba cargos de participar en una masacre de pacientes en el hospital Ovcara en 1991. El caso fue cerrado y el veredicto no será entregado.
El tribunal inició su séptimo juicio el lunes pasado. Es el de Milan Kovacevic, acusado de orquestar atrocidades contra musulmanes y croatas en tres campos de prisioneros.
Se trata del primer juicio realizado en La Haya para incluir una acusación de genocidio. Otros seis bosnios croatas acusados de participación directa en la masacre contra habitantes bosnios del poblado de Ahmici en el valle Lasva podrían encontrarse en la corte este mes.
El Tribunal tiene dos nuevas salas de tribunal, y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la elección de nuevos jueces que formarán un nuevo tribunal.
Pero incluso con una tercera sala de tribunal y el tercer tribunal, 12 detenidos permanecerán en la lista de espera de al menos seis juicios independientes.
Al igual que sucede con las vacantes en la unidad de detención, las fechas de comienzo de los juicios se fijan a medida que se solicitan. Pero, a diferencia del excedente de detenidos, el excedente de casos que aguardan juicio no pueden ser entregados al país de origen.
En el caso de la llegada de demasiados criminales de guerra acusados, los jueces tendrían que entregar la libertad provisional a algunos de ellos, o el fiscal se vería forzado a retirar los cargos contra ciertos acusados.
Esto ya ha sucedido. En mayo, previendo el peligro de un estancamiento judicial, la fiscal Louise Arbour persuadió a la corte a aprobar su pedido de retiro de cargos contra 14 personas acusadas de crímenes en Omarska y Keraterm.
Los fiscales alegan que no se han realizado cambios de estrategia, y que se implementa con más firmeza la política original de "dar prioridad a la investigación de las violaciones más serias de la ley humanitaria y de quienes son responsables en última instancia de ellas".
Esta política fue esbozada en el Segundo Informe Anual del Tribunal a la ONU en 1995.
El problema, no obstante, es que pocos de los 60 acusados caen en la categoría de quienes pueden ser responsables en última instancia de estas "violaciones más serias".
Incluso si se tiene en cuenta a acusados como los líderes políticos y militares serbio bosnios Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic. O a Milan Martic, el líder serbio croata acusado de ataques con misiles a la capital de Croacia, a Darío Kardic y a Tihomir Blaskic, líderes políticos y militares de Bosnia central.
En esta situación están también tres ex oficiales del ahora extinto Ejército Popular de Yugoslavia vinculados en la masacre de Ovcara de 119, y los comandantes de cinco campos dirigidos por serbios bosnios y Kovacevic.
Aunque todos ellos sin duda caen en la categoría de los peces gordos, es discutible si estas personas, sin excluir a Karadzic y Mladic, puedan ser declaradas responsables.
Muchos alegan que sólo seguían órdenes de autoridades más altas, las que manejaban los hilos de las guerras de la secesión yugoslava, el presidente Slobodan Milosevic y el presidente de Croacia, Franjo Tudjman.
(*) Mirko Klarin es editor colaborador en La Haya de la revista Transitions Magazine. Este material llega a IPS a través del Instituto de Periodismo en Transición y su proyecto Tribunal Monitoring. (FIN/IPS/tra-en/ijt/mk/rj/lp/hd/98
