La brutalidad policial, en particular contra minorías, es una de las violaciones a los derechos humanos "más graves, perdurables y divisorias de Estados Unidos", denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
El nuevo informe de 440 páginas, publicado tras dos años y medio de trabajo, sostiene que algunos agentes policiales cometen "tiroteos injustificados, graves golpizas, asfixias fatales y maltrato físico innecesario en ciudades de todo Estados Unidos".
Además, sus superiores y otras autoridades que deberían castigar y denunciar tales conductas "no actúan con decisión para impedirlas o penalizarlas", denuncia el documento dado a conocer el martes pasado, titulado "Protegidos de la justicia: La brutalidad policial y la responsabilidad en Estados Unidos".
Las minorías raciales y étnicas son especialmente afectadas por estos abusos, "a juzgar por pruebas testimoniales y otros datos", destacó la principal autora del informe, Allyson Collins.
El informe se basó en investigaciones realizadas en 14 ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Indianápolis, Los Angeles, Minneápolis, Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia, Portland, Providence, San Francisco y Washington D.C.
En todos los casos, se descubrieron lo que Collins calificó de "fallas comunes" en el tratamiento de los departamentos de policía y los fiscales a los funcionarios que cometen abusos.
Los agentes abusadores constituyen en general un pequeño porcentaje de la fuerza policial de una ciudad dada, pero habitualmente reciben protección de un sistema que no los hace responsables de su conducta, sostiene el documento.
En muchos casos, los investigadores de HRW documentaron pruebas de un "código de silencio" oral, según el cual los funcionarios policiales no incriminan a sus compañeros -es decir que no testifican contra ellos- aun cuando las acusaciones de abusos salen a la luz.
"En ese clima, abundan los funcionarios que violan los derechos humanos", señala el informe.
Algunas comisiones formadas para investigar casos particularmente atroces de brutalidad policial -como el del automovilista Rodney King, ocurrido en Los Angeles en 1991 y filmado clandestinamente- realizaron hallazgos similares.
El costo de la brutalidad policial es "monumental", afirmó HRW. Muchas ciudades perdieron decenas de millones de dólares en los últimos años debido a las demandas de víctimas de abusos.
Pero a pesar de la carga económica y la publicidad adversa que representa, el problema persiste, lamentó la organización de derechos humanos, que destacó además el "papel central" de la raza en la brutalidad policial en Estados Unidos.
En todas las ciudades estudiadas, integrantes de minorías se quejan con mucha más frecuencia de abusos de la policía que los residentes blancos, y en una proporción mucho mayor si se tiene en cuenta su porcentaje de la población general.
"El maltrato puede incluir persecuciones y humillaciones sin violencia física (…), como la detención de automovilistas por conducir en determinados barrios o manejar cierto tipo de automóviles", sostiene el informe.
"En el peor de los casos, el maltrato consiste en violencia extrema", agrega.
Cada incidente tiende a reforzar la opinión de las minorías de que son objetos de abuso, opinión que históricamente provocó grandes explosiones de violencia contra la policía.
"Para muchos negros, la policía simboliza el poder blanco, el racismo blanco y la represión blanca. El hecho es que muchos policías reflejan y expresan esas actitudes (de supremacía) blanca", señaló hace 30 años la Comisión Asesora Nacional sobre Desórdenes Civiles.
La Comisión estudió los disturbios que afectaron a las ciudades de Estados Unidos durante el verano de 1967.
Veintitrés años después, tras la golpiza de Rodney King, la Comisión Christopher, así llamada por su presidente, el ex secretario de Estado Warren Christopher, llegó a la misma conclusión.
Pero esta Comisión agregó que latinos y asiáticos de Los Angeles, así como afro-estadounidenses, creen que la policía "trata en forma distinta a las minorías que a los blancos, empleando un lenguaje irrespetuoso e insultante, prácticas innecesariamente invasoras y el uso excesivo de la fuerza".
La violencia se apoderó de Los Angeles luego de que un jurado integrado exclusivamente por blancos exoneró de culpa a los policías que participaron en la brutal paliza a King.
Durante varios días de disturbios, 54 personas fueron asesinadas, 221 recibieron graves heridas y 13.200 fueron detenidas. Los daños materiales se calcularon en más de 700 millones de dólares.
El informe añade que organismos internacionales de derechos humanos también manifestaron su preocupación por la brutalidad policial.
Entre ellos se incluyen el Comité de Derechos Humanos, creado por el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, que en 1997 dedicó un informe a Nueva York y Los Angeles.
Las víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos tienen varias opciones para hacerse oír, entre ellas las organizaciones civiles de defensa, las unidades de asuntos internos de los departamentos de policía, la vía penal o las demandas civiles.
Pero la búsqueda de la justicia presenta obstáculos. Los organismos de defensa, cuando existen, suelen estar "saturados de trabajo y con poco personal", y las unidades de asuntos internos operan con "excesiva reserva" y no suelen castigar a los agentes en los pocos casos que descubren abusos, según HRW.
En algunas ciudades, la policía incluso se negó a brindar información a HRW. Los fiscales suelen colocar las necesidades de la justicia en segundo lugar, en el afán de mantener una buena relación con la policía.
El informe también objeta la falta de acción del gobierno federal cuando las autoridades locales no aclaran un caso, salvo en los abusos más flagrantes.
Así mismo, Washington fue criticado por no presentar un informe al Congreso, solicitado hace cuatro años, sobre la dimensión del problema del uso excesivo de la fuerza policial.
"Resulta difícil cuantificar la magnitud del problema porque ninguna entidad gubernamental tiene información al respecto. Sí sabemos que el problema persiste y que no desaparecerá hasta que las autoridades lo encaren con seriedad", dijo Collins.
Entre otras medidas, HRW exhortó al Congreso a condicionar ayuda federal por miles de millones de dólares a departamentos locales de policía a que éstos realicen reformas destinadas a identificar los abusos y sus autores y crear mecanismos más eficaces para la compensación de las víctimas. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/ml-aq/hd/98
