A casi 25 años del golpe de Estado de 1973 en Chile, el alcalde Joaquín Lavín, catalogado como la mejor carta presidencial de la derecha "pinochetista", comenzó a preocuparse por la suerte de los desaparecidos bajo la dictadura.
"Lavín: ¿Por qué hablas hoy y callaste 25 años?", rezaba una pancarta que miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos exhibieron el miércoles pasado frente al municipio santiaguino de Las Condes, en un emplazamiento público a Lavín.
El alcalde es militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido político más cercano al ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet, quien encabezó el largo régimen militar entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
El día 4, el diario La Tercera informó sobre una reunión de Lavín con familiares de detenidos-desaparecidos en Paine, una localidad rural al sur de Santiago, donde planteó la necesidad de dar solución a los problemas pendientes de derechos humanos.
Este encuentro de un político partidario de Pinochet con familiares de víctimas de la represión dictatorial constituyó un hecho sin precedentes en la política chilena y suscitó las más variadas y polémicas reacciones.
Los comentarios fueron desde los que vieron una señal de cambio en la actitud de la UDI en materia de derechos humanos, hasta los que denunciaron una maniobra electorera de Lavín para favorecer sus aspiraciones presidenciales.
En diciembre de 1999 habrá comicios en Chile para elegir al sucesor del actual mandatario Eduardo Frei y por ahora Lavín es la carta más fuerte de la derecha, aunque él busca distanciarse de esa caracterización política.
Lavín, quien dirige el municipio que concentra a la población de más altos ingresos del país, se empeña en levantar una imagen de hombre ejecutivo, con capacidad para hacer obras y resolver problemas, al margen tanto de la derecha como de la izquierda.
Durante la dictadura de Pinochet hubo alrededor de 3.500 crímenes contra los derechos humanos, que incluyeron unos 2.000 casos de opositores asesinados y ejecutados, y otras 1.500 víctimas de desapariciones forzadas.
Hasta la fecha se ha aclarado sólo la suerte de unos 200 desaparecidos, cuyos restos fueron exhumados e identificados para que sus deudos les dieran sepultura, mientras la gran mayoría de los casos sigue sin esclarecimiento.
La situación de los desaparecidos es definida por la Iglesia Católica y organismos humanitarios como "una herida abierta en la conciencia de Chile", que no ha logrado conmover a Pinochet y a las Fuerzas Armadas.
El ex dictador se ha negado sistemáticamente a un gesto autocrítico y de reconciliación similar al del jefe militar argentino Martín Balza, pidiendo perdón a los familiares de las víctimas de crímenes represivos.
Pinochet desoyó también sistemáticamente las exhortaciones de líderes religiosos y políticos, como el ex presidente Patricio Aylwin, para que el Ejército, en un marco de reserva, facilitara información sobre lugares para buscar restos de desaparecidos.
El tratamiento judicial de las desapariciones forzadas, que deben ser tipificadas como secuestros en tanto no aparezca la víctima viva o muerta, es uno de los aspectos más complejos en la aplicación de la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978.
La imprevista reunión de Lavín y los familiares de desaparecidos en Paine coincidió con renovados intentos de tramitar una ley interpretativa de la amnistía que dote a los jueces de mecanismos efectivos para investigar la suerte de los detenidos-desaparecidos.
El ex diputado democristiano Andrés Aylwin, conocido defensor de los derechos humanos, y la secretaria general del Partido Comunista (PC), Gladys Marín, calificaron a Lavín de oportunista y advirtieron su tardía preocupación por los desaparecidos.
Marín, precandidata presidencial del PC, dijo que la reunión del alcalde derechista con las familiares de los campesinos desaparecidos en Paine fue "una maniobra de demagogia barata".
Los familiares de ejecutados políticos que se manifestaron ante el municipio de Las Condes, acusaron a Lavín de hacer "politiquería" por "conveniencia electoral" para ocultar su "silencio y acatamiento" durante la represión dictatorial.
Agregaron que si el alcalde quiere hacer aportes efectivos en la solución de los problemas de derechos humanos, debe hablar con su "amigo" Pinochet, "quien debería decir dónde están las víctimas".
Lo emplazaron del mismo modo a un debate público con los organismos humanitarios para discutir sobre la ley de amnistía de 1978, que dejó en la impunidad las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen dictatorial.
Más allá de estas reacciones más condenatorias al alcalde, la acción de Lavín pareció abrir una puerta de esperanza para otros sectores de familiares de desaparecidos, así como en sectores moderados de la Iglesia Católica.
A casi 25 años del cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, las demandas de justicia y castigo para los violadores de derechos humanos tienden a aplacarse y predomina más bien en familiares de desaparecidos el deseo de conocer la verdad y poder sepultar a sus deudos.
Estos anhelos no han sido satisfechos en ocho años de régimen democrático, lo cual puede situar a Lavín como un puente, si bien polémico, efectivo para "ablandar" a Pinochet y los demás militares que niegan información sobre el paradero de las víctimas.
En su libro "Chile: Anatomía de un Mito", el sociólogo Tomás Moulian advirtió sobre el período de "blanqueo" de la imagen represiva de la dictadura que se abriría desde que Pinochet dejara el mando del Ejército para transformarse en senador vitalicio, como ocurrió el 10 de marzo de este año.
La aproximación de Lavín al tema de los desaparecidos aparece como el capítulo más reciente de este "blanqueo" que se confunde con una campaña presidencial prematuramente lanzada tanto en el oficialismo como en la oposición. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-hd/98
