Las actas del primer Tribunal de Derechos de las Mujeres convocado por organizaciones no gubernamentales, que acaban de ser publicadas, dejan en evidencia la discriminación que sufren las mujeres en la justicia de Chile.
En el libro se recogen las presentaciones, argumentos y veredictos de los cuatro casos analizados en el Tribunal en diciembre de 1997, cuyo eje central es la abierta discriminación que habían sufrido las víctimas en los estrados.
Entre estos casos, el que concitó mayor interés del público fue el de Juana Candia, mujer campesina de 31 años, condenada a 10 años de cárcel por matar a su marido en defensa propia.
Candia fue violada a los 15 años y, cuando se constató que estaba embarazada, fue obligada a casarse con su atacante para "limpiar la honra de la familia". En la legislación chilena, el violador que se casa con la víctima queda exento del crimen.
Luego transcurrieron varios años de continuo maltrato, que le costaron la vida al hijo de la pareja, en medio de la actitud displicente de la familia de Candia, de los servicios de salud que la atendían tras las golpizas, y de los carabineros (policía militarizada).
Candia mató a su esposo cuando sufrió otro episodio de violencia contra ella y sus restantes hijos.
Sin tomar en cuenta la violencia doméstica que sufrió la mujer, la justicia la condenó a 15 años de prisión, pena luego rebajada a 10 años, además del pago de una indemnización a la familia de su esposo por daños y perjuicios. El caso de discriminación hacia esta mujer despertó un amplio interés en el público.
Tras la campaña desplegada por organizaciones femeninas, y analizado su caso en el Tribunal de Derechos de las Mujeres Chilenas, Candia fue indultada por decreto presidencial en enero de este año.
La directora del no gubernamental Instituto de la Mujer, Nuria Nuñez, indicó que el interés por realizar este tribunal surgió tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, en la cual se presentaron infinidad de casos de discriminación.
El Instituto buscó situaciones en las que, tras un fallo judicial, mujeres de distintas edades y condición social hubieran sido víctimas de discriminación sin posibilidad de apelación.
Además del caso de Juana Candia, relacionado con la violencia sexual y doméstica, se buscaron otros de discriminación en las áreas de seguridad social, salud y derechos reproductivos y educación.
En relación con la seguridad social, a una mujer cotizante del sistema privado de salud se le negó su reincorporación por estar embarazada. Se trata de una situación cotidiana para trabajadoras que están afiliadas al sistema pero no siempre reciben sus beneficios en caso de gravidez.
Otra situación se refiere a una mujer casada de escasos recursos a quien, tras una colostomía, se le retiró el sistema anticonceptivo DIU (dispositivo intrauterino).
Sin embargo, y a pesar de que se le recomendó no embarazarse por el riesgo que corría su vida, no se le ofreció ningún otro sistema de anticoncepción.
Como consecuencia de esto, y tras ocho meses de abstinencia sexual, la mujer quedó embarazada. Ante la prohibición de los médicos, optó por un aborto clandestino, lo que le acarreó la pérdida total de su sistema reproductivo, la amputación de su brazo izquierdo y una condena a tres años de cárcel.
Chile es uno de los catorce países en que está prohibido el aborto terapéutico, al igual que Burkina Faso, Egipto, Haití, Filipinas, Irán, la República Democrática de Congo (ex Zaire) y Somalia, entre otros.
El último caso es el de una adolescente que, al quedar embarazada, fue expulsada del colegio religioso que asistía por representar un "mal ejemplo". A pesar del recurso de protección interpuesto por sus padres, la joven no pudo volver al colegio.
Lidia Casas, una de las organizadoras del Tribunal, sostuvo que es un hecho significativo que en todos los casos presentados ante el Tribunal estuviera presente el concepto de la maternidad. "Son cuatro situaciones en que las mujeres están expuestas, nada más que por su condición de mujer, a la discriminación", dijo.
Nuria Núñez, por su parte, señaló que existe una incongruencia entre el discurso público, que enaltece la maternidad, y la práctica social, que hace del embarazo un factor de discriminación y violencia.
"En Chile hay, a nuestro juicio, un discurso oficial que habla de la maternidad. Se fomenta este rol tradicional de la mujer. Sin embargo, la realidad es que la mujer, por embarazarse, se ve enfrentada a una serie de problemas que no tienen nada que ver con esta imagen ficticia que se trata de vender", señaló.
A pesar de su carácter simbólico, el Tribunal permitió hacer notar que en Chile existen leyes discriminatorios, así como carencia de normas que recojan el principio de la no discriminación.
El interés en la opinión pública permitió establecer que existe un espacio creciente para valorar los derechos y la no discriminación hacia las mujeres.
Paulina Marfull, periodista del suplemento De Mujer a Mujer del diario La Tercera, indicó que uno de los principales desafíos para la prensa es abordar la violencia sexual y la discriminación sin vergüenza.
"En Chile está de moda ser conservador, en lo moral y en lo religioso. Hay que atreverse a tocar estos temas como corresponde, sin perder objetividad", señala la periodista.
La importancia de acercar los casos expuestos en el Tribunal a la ciudadanía radica, a juicio de la periodista, en que se demuestra no sólo a las mujeres, sino a todos quienes sufren de discriminación, que no están solos, y que su situación no depende de un destino invariable.
Para consolidar el espacio abierto tras la realización del Tribunal, el Instituto de la Mujer lanzó la campaña de sensibilización "Cero Tolerancia hacia la Violencia Sexual contra las Mujeres", en torno a un fenómeno que no distingue edad ni condiciones sociales de las víctimas.
Los agresores, lejos de ser personas perturbadas o "depravados sexuales", en su mayoría tienen una relación cercana con las víctimas, llegando a ser incluso familiares directos o amigos.
El Instituto de la Mujer enfatizó que la violencia sexual contra las mujeres se asienta en prácticas culturales que ubican al hombre en una situación de poder sobre la vida y dignidad de las mujeres, niñas y niños.
Como parte de la campaña, el Instituto impulsa una serie de reformas legales, entre las que se cuenta una clara descripción de las conductas que constituyen violencia sexual, se defina a la violación conyugal como un delito, y se eliminen los términos "doncella" y "mujeres de mala fama" de la legislación. (FIN/IPS/lfg/mj/hd/98
