A partir de la investigación de casos de secuestro de niños, la justicia de Argentina podría hallar la pista para enviar a prisión a militares de ese país y de Uruguay que cooperaron en la represión durante las dictaduras de los años 70 en el Cono Sur de América.
El juez argentino Roberto Marquevich, que mantiene en prisión desde fines de junio al ex dictador Jorge Videla, afirmó esta semana que solicitará la presencia en su sede judicial de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, de varios militares uruguayos acusados de secuestros y homicidios.
El anuncio se suma a otro en el mismo sentido que realizara a mediados de junio otro magistrado argentino, Adolfo Bagnasco.
Marquevich investiga la desaparición de cuatro niños, dos de ellos hijos de uruguayos, durante los primeros años de la última dictadura militar argentina (1976-83).
En ese marco solicitó el testimonio de María Esther Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, secuestrada junto a sus padres uruguayos cuando tenía 16 meses. La niña fue entregada a un militar argentino, que la inscribió fraudulentamente en el registro civil bajo su identidad.
Tras 10 años de investigaciones de sus familiares y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, una adolescente que figuraba bajo el nombre de Daniela Furci fue identificada como Mariana Zaffaroni. Sus apropiadores fueron detenidos por orden de la justicia argentina.
En su declaración en la sede judicial, el martes 7 en Buenos Aires, Gatti testificó que dos militares argentinos conocieron en 1976 del secuestro de su nieta y le prometieron ayudarla, pero nunca lo hicieron, y narró detalladamente su periplo de más de 10 años hasta que logró ubicar a su nieta.
Gatti dijo a IPS que el juez Marquevich le expresó que desea "terminar con lo de Orletti de una buena vez", en alusión a Automotores Orletti, un centro clandestino de detención de Buenos Aires donde decenas de uruguayos permanecieron secuestrados en l976.
Esa investigación no concluirá mientras queden sin aclarar varios casos de niños desaparecidos, dijo el juez, quien anunció que citará a declarar a varios militares uruguayos involucrados en esos hechos.
Cuatro militares y un policía uruguayos fueron denunciados en otra causa similar que lleva adelante el juez Adolfo Bagnasco.
Uno de los militares, el coronel Jorge Silveira, es actualmente asesor del comandante en jefe del Ejército uruguayo, Fernán Amado. Numerosos testigos afirman, además, que durante la dictadura en su país (1973-85) Silveira torturó personalmente a presos, especialmente a mujeres.
Marquevich, quien se apresta a confirmar la prisión preventiva de Videla después de haber rechazado un recurso presentado por la defensa del ex dictador, fue amenazado de muerte el miércoles pasado.
El juez recibió dos cartas y varias llamadas telefónicas a su despacho, su casa y su teléfono celular.
Una de las misivas, firmadas por un supuesto "comando antisubversivo", dice que por haber encarcelado a Videla "cuadros del glorioso ejército argentino de todas las jerarquías han decidido hacer justicia por mano propia y lo condenan a muerte a partir de este momento".
Asimismo, los dos hijos adolescentes del magistrado fueron seguidos e intimidados por desconocidos, según reveló el diario Página 12 de Buenos Aires.
Fuentes del entorno de Marquevich señalaron la coincidencia de las amenazas con el pronunciamiento del fiscal Pablo Quiroga, que acusó al juez de "prevaricato" por haberle negado la prisión domiciliaria al ex dictador.
Quiroga es miembro de la Cámara Federal de San Isidro, que deberá decidir sobre este mismo caso cuando la defensa interponga su apelación, y según fuentes judiciales, es conocido por sus estrechos vínculos con los militares, al punto de ser llamado "coronel Quiroga".
Por otra parte, el juez Bagnasco, que sustancia una causa abierta por las Abuelas de las Plaza de Mayo denunciando la existencia de "un plan organizado por los militares para la sustracción de niños" durante la guerra sucia en Argentina, se encuentra en Suiza tomando declaración a varias ex detenidas.
Una de ellas, Ana María Martí, afirmó haber asistido en el parto a 14 mujeres -posteriormente desaparecidas- en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) "que no querían estar en las manos exclusivas de sus torturadores".
Martí narró que una de las detenidas pretendió negarse a que cortaran el cordón umbilical que la unía aún a su hijo "porque sabía que entonces no lo vería nunca más".
Denunció también que existía una lista de marinos candidatos a apropiarse de los niños secuestrados o nacidos en cautiverio y que el reparto se hacía en función del orden de precedencia.
Las Abuelas de la Plaza de Mayo, que aseguran que hay casi 500 niños desaparecidos -de los cuales sólo fueron recuperados 59-, exigieron en una carta al gobierno argentino "la remoción de los militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos".
Bagnasco continuará su investigación en España, donde recibirá los testimonios de otras tres ex detenidas en los campos de concentración de la dictadura argentina (FIN/IPS/dg/ag/hd/98
