La primera confrontación pública de las autoridades argelinas con un foro internacional sobre derecho humanitario dejó en evidencia "la situación de déficit del estado de derecho" en ese país del norte de Africa, afirmaron integrantes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Por única vez en los últimos seis años, el gobierno de Argelia afrontó un examen crítico de su comportamiento en el campo de los derechos humanos, en relación con la guerra civil que se prolonga desde 1991 y que ha costado la vida a unas 80.000 personas.
La audiencia pública celebrada esta semana en Ginebra, preludió otra investigación internacional que comenzó el miércoles en territorio argelino a cargo de una comisión de notables designada por el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Kofi Annan.
La misión de la ONU a Argelia, encabezada por el ex presidente de Portugal, Mario Soares, realizará una visita de dos semanas y presentará posteriormente un informe a Annan.
Em Ginebra, una delegación oficial argelina encabezada por el embajador acreditado ante la ONU, Mohamed Salah Dembri, respondió durante dos días al cuestionamiento del Comité encargado de la vigilancia de la aplicación del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.
La experta independiente francesa Christine Chanet, presidenta del Comité, estimó que el argumento esgrimido por el régimen argelino, que atribuye a las organizaciones islámicas armadas todas las convulsiones en ese país árabe "no ha sido suficiente para explicar las violaciones al estado derecho".
Los representantes argelinos adoptaron una estrategia defensiva, al atribuir todas las violaciones a los terroristas, dijo Chanet.
Las pocas violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas son perseguidas por la justicia, aseguraron los argelinos. Pero el grueso corresponde a la acción de los grupos insurgentes, insistieron.
Chanet informó que, al escuchar denuncias contra el gobierno sobre tortura, desapariciones o ejecuciones sumarias, los delegados argelinos respondieron invariablemente que cuestionaban las fuentes de esas versiones.
La experta francesa observó en rueda de prensa que la Oficina Nacional de Derechos Humanos, órgano oficial argelino, reconoce que hay denuncias serias y demanda al gobierno que investigue.
Un grupo de organizaciones de derechos humanos lamentó al concluir este miércoles la audiencia que la delegación argelina no diera respuestas concretas y detalladas a las preguntas precisas del Comité de 18 miembros.
La declaración de las organizaciones humanitarias llevaba la firma de Amnistía Internacional, la federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporteros sin Fronteras.
Los miembros del Comité expresaron en forma unánime su preocupación ante la grave crisis de derechos humanos en Argelia, dijo el grupo humanitario en su documento.
Algunos de los expertos del organismo observaron que las autoridades argelinas renegaron de su obligación de mantener su lucha contra la violencia dentro del marco del estado de derecho.
Chanet señaló que en el sistema vigente en Argelia "hay elementos que ignoran la primacía del derecho", como los grupos de legítima defensa.
La experta los describió como "grupos de personas que actúan bajo una cierta legalidad, creados con autorización y armados" por las autoridades.
La delegación argelina alegó que esos grupos son requeridos por la población. "Nosotros observamos que si la población demanda la formación de esos grupos es porque no tiene confianza en sus Fuerzas Aarmadas", replicó Chanet.
La existencia de grupos paramilitares es muy peligrosa porque se producen desbordes. Cada civil se convierte en blanco militar, lo que favorece a los terroristas. Esperamos modificaciones del estado argelino, comentó la presidenta del Comité.
Chanet consideró "débiles" las respuestas del gobierno argelino a las denuncias sobre desapariciones. Las organizaciones de derechos humanos mencionan unos 2.000 casos de desapareción, que se suman a las decenas de miles de muertos causados por el conflicto armado entre grupos extremistas islámicos y el régimen argelino.
La delegación argelina explicó las medidas adoptadas para proteger la vida de los periodistas. Entre 1993 y 1994 se produjeron en promedio dos asesinatos de periodistas por semana.
Las medidas de seguridad, explicó una funcionaria argelina al comité, consisten en alojar a unos 700 periodistas en hoteles de la costa protegidos por fuerzas de seguridad.
En las últimas semanas, admitió, se produjeron roces con los periodistas, porque el gobierno decidió el desalojo de uno de los hoteles para hospedar a los participantes de una conferencia de la Organización de la Unidad Africana que se realizará el año venidero en Argel.
Unos 50 periodistas rechazaron el traslado a otro alojamiento, pero el gobierno espera solucionar el problema, dijo la delegada argelina. (FIN/IPS/pc/ff/hd/98
