La persistencia de las violaciones de derechos humanos en América Central ha reactivado las denuncias de organizaciones nacionales, regionales e internacionales, que temen un retorno a la violencia de los años 80.
Las violaciones de derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, ocurren con mayor frecuencia y en distintos grados en Guatemala, Honduras y El Salvador, según la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca), la panameña Celia Sanjur.
En Costa Rica, Panamá y Nicaragua las violaciones se refieren fundamentalmente a los derechos económicos y sociales, dijo Sanjur a IPS.
El último informe anual de Amnistía Internacional, titulado "Un año de promesas rotas" y difundido en junio, identificó también a Guatemala, El Salvador y Honduras como los países de América Central donde se cometen más violaciones de derechos humanos.
La Codehuca constata "un deterioro de los derechos humanos en América Central", dijo Sanjur.
El asesinato en abril del obispo auxiliar de Guatemala Juan Gerardi "es típico de esa situación", según la activista, quien estimó que el gobierno de Alvaro Arzú carece de "voluntad política para aclarar ese asesinato y otras violaciones graves de derechos humanos".
Sanjur manifestó que el papel del ejército de Guatemala, que por más de 40 años dominó la vida del país, "no ha sido tocado y sigue siendo el poder real" detras del gobierno civil, a pesar de que Arzú firmó en 1997 un acuerdo de paz con la guerrilla y ordenó el regreso de los militares a los cuarteles.
"Si los escuadrones de la muerte son capaces de matar a un obispo, ¿qué puede esperar el resto de la sociedad y, en particular, los activistas de derechos humanos en ese país?", se preguntó.
Amnistía Internacional informó que en Guatemala se han registrado "torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales" a manos de "miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados al parecer respaldados por el gobierno".
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minigua), organismo a cargo de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz, repudió el 22 de junio "la ola de linchamientos" que se registra en este país.
La Minigua informó que desde marzo de 1996 se cometieron 120 linchamientos, de los cuales solo 24 fueron investigados por las autoridades. En solo dos casos sus responsables fueron llevados a juicio.
Sanjur subrayó que en Guatemala, Honduras y El Salvador, "el derecho a la justicia se convierte en una lucha contra la impunidad", a pesar de que "cada situación es particular".
A ello se suma el hecho de que "la estructura del poder establecida durante las pasadas dictaduras no permite un diálogo positivo para cambiar el estado de cosas que propició la violencia" predominante hasta hace pocos años en América Central, agregó.
Unas 400.000 personas murieron durante las guerras civiles ocurridas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador en el marco de la guerra fría.
Sanjur informó que en El Salvador aún mueren 22 personas al día a causa de la violencia social y política sin que los responsables sean castigados.
Organismos de derechos humanos de este país han denunciado que la policía participa en bandas dedicadas al robo y la corrupción, así como en escuadrones de la muerte que cometen ejecuciones extrajudiciales, agregó la presidenta de Codehuca.
En Honduras la lucha de las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos "es contra la impunidad, la corrupción y el poder que sigue teniendo el ejército dentro del Estado", precisó.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, denunció a fines de junio que el Batallón de Contrainteligencia Militar 316, al que se atribuyó el secuestro y desaparición de 184 activistas de oposición en los años 80, continúa activo.
Custodio dijo que ese grupo, conformado por oficiales y soldados del ejército regular hondureño, asesinó a unos 70 líderes indígenas y comunitarios de Honduras entre 1992 y 1997.
Otros 701 supuestos delincuentes hondureños también habrían sido ejecutados extrajudicialmente por el Batallón 316 entre 1990 y 1997, añadió el activista.
Sanjur subrayó que, además de las motivaciones políticas y los odios no superados de los pasados enfrentamientos entre militares y distintas organizaciones guerrilleras de la región, "hay un vínculo entre la corrupción y la impunidad" en Guatemala, El Salvador y Honduras.
A ello se suma "la falta de castigo a los hechos del pasado, que en cierta forma ha contribuido al regreso de la impunidad" cada día más acentuada en algunos países de América Central, acotó Sanjur.
Sin embargo, advirtió que las organizaciones de derechos humanos y otros componentes de la sociedad civil mantendrán una lucha pacífica con el fin de evitar el regreso de un pasado de violencia.
"La población civil fue la que puso entonces la mayor cantidad de muertos", explicó. (FIN/IPS/sh/mj/hd/98
