La organización de derechos humanos Human Rights Watch criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por su inacción frente a la matanza de refugiados hutus ruandeses perpetrada por soldados de República Democrática de Congo (RDC) y sus aliados.
"Pedir a los gobiernos de Congo y Ruanda que investiguen y procesen a sus propios militares no tiene sentido. Sería un insulto a las víctimas", dijo Peter Takirambudde, de Human Rights Watch.
Takirambudde respondió el martes pasado a una declaración del Consejo de Seguridad donde se señala que hasta el momento la RDC (ex Zaire) y Ruanda no cooperaron con la investigación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre matanzas cometidas en 1996 y 1997 y no dieron señales de hacerlo en el futuro.
El Consejo de Seguridad condenó el lunes esas masacres y otras atrocidades y violaciones del derecho humanitario internacional en la RDC, en las que habrían participado también militares ruandeses.
Así mismo, el organismo de la ONU también deploró la demora en la administración de justicia y pidió a la RDC y a Ruanda que investiguen las acusaciones publicadas en un informe del foro mundial el mes pasado y procesen a los responsables.
"Esta medida es de gran importancia para ayudar a poner fin a la impunidad y fomentar la paz y estabilidad duraderas" en la RDC y en Ruanda, agregó la declaración.
El Consejo de Seguridad expresó su respaldo a actividades de la ONU y otras instituciones internacionales para reducir la tensión étnica y promover la reconciliación nacional en la región.
A pesar de condenar las atrocidades, el Consejo no autorizó una investigación independiente de los hechos denunciados ni el juicio de los responsables de los crímenes, puntualizó Human Rights Watch. "Por desgracia, el Consejo de Seguridad ya eligió, y en forma equivocada", afirmó Takirambudde.
El activista pidió al Consejo una postura más enérgica, a la vista de la falta de disposición de la RDC y Ruanda a hacerse cargo de su responsabilidad en las masacres.
"El caso de la RDC demuestra que no se puede confiar en el Consejo de Seguridad para administrar la justicia", opinó el representante de Human Rights Watch.
El informe publicado por la ONU en junio fue obra de un equipo de investigación que no pudo realizar plenamente su labor debido a obstáculos que le impuso el gobierno de Laurent Kabila en la RDC.
El incompleto informe no calculó la cantidad total de hutus asesinados, pero verificó varias masacres de hasta 500 personas.
Esas matanzas podrían ser consideradas actos de genocidio si se comprueba que se tomó la decisión de "eliminar una parte del grupo étnico de los hutus como tal", se advirtió en el informe de la ONU.
El documento responsabilizó del asesinato de refugiados hutus ruandeses a la Alianza de Fuerzas Democráticas por la Liberación de Congo, de Kabila, y a sus aliados de Ruanda y otros países. Las matanzas fueron cometidas cuando Kabila luchaba por el poder.
El informe indicó que Kinshasa "no demostró interés en cumplir con las obligaciones que le impone la legislación internacional de investigar responsabilidades por graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario". (FIN/IPS/tra-en/td/mk/aq/hd-ip/98
