El ex dictador Jorge Videla cumple en su domicilio en la capital de Argentina la prisión preventiva que le dictó la justicia debido a su avanzada edad, lo que provocó reacciones airadas de activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas.
La defensa de Videla logró que un tribunal federal acepte su pedido de acogerse a una nueva ley que beneficia con el arresto domiciliario a procesados mayores de 70 años o a los que padezcan alguna enfermedad terminal a cualquier edad.
El ex militar, que había sido condenado a reclusión perpetua en 1985 por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983) y luego indultado, debe cumplir prisión preventiva acusado de sustracción de menores, hijos de desaparecidos, un delito imprescriptible.
Dos días después de su procesamiento y luego de pasar 37 días de arresto en una cárcel común, el ex dictador, de 72 años, fue trasladado a su domicilio particular la noche del jueves. Allí solo podra ser controlado mediante la visita periódica de asistentes sociales, y no de policías.
La medida fue severamente cuestionada por la agrupación Madres de Plaza de Mayo. El grupo de madres de desaparecidos con sus clásicos pañuelos blancos en la cabeza, encabezadas por Hebe de Bonafini, se acercaron la madrugada del viernes al edificio donde vive Videla e increparon a su esposa y a los vecinos.
Bonafini hizo sonar el portero eléctrico del departamento de Videla una y otra vez en la madrugada hasta conseguir que la esposa la atienda. "¿Cómo puede usted dormir con un asesino?", le preguntó la activista a la esposa de Videla, y la mujer respondió pidiendo que los dejaran descansar.
Luego Bonafini, alentada por un coro de madres que gritaban "Videla asesino", hizo sonar el timbre en casa de los vecinos para preguntar a uno por uno si estaban dispuestos a seguir conviviendo con un asesino. "Sabíamos que esto iba a pasar, que finalmente, Videla volvería a su casa", protestó Bonafini.
La policía levantó el viernes un vallado de casi dos metros en torno al edificio, con candados y una custodia policial de alrededor de 30 efectivos, más una cantidad superior que vigila los alrededores.
La medida fue dispuesta en prevención de manifestaciones de familiares que habían amenazado con protestar frente al edificio, e incluso con establecer allí un campamento permanente hasta que la justicia revierta la medida.
El juez federal Jorge Marquevich había rechazado el pedido de prisión domiciliaria entablado por la defensa y ratificado el martes pasado que Videla permaneciera en una cárcel común.
Marquevich será ahora investigado por el presunto delito de "prevaricato" luego de que un fiscal lo acusara de ignorar la norma que beneficia a los presos mayores de 70 años.
El juez ordenó la detención de Videla el 9 de junio en una causa en la que se investiga la sustracción, ocultamiento y falsificación de identidad de cinco niños nacidos durante el cautiverio de sus padres, secuestrados cuando Videla era comandante en jefe del ejército y encabezaba el régimen.
Tras más de un mes de detención, Marquevich consideró que tenía pruebas suficientes para procesar a Videla como autor mediato penalmente responsable de esos crímenes por los que ya hay varios condenados por apropiarse directamente de los menores y fraguarles documentos de identidad.
La defensa apeló esta decisión alegando que existe cosa juzgada en la causa Videla, pues fue condenado a reclusión perpetua y cumplió casi seis años de condena antes de beneficiarse del indulto, otorgado por el presidente Carlos Menem a los ex comandantes y a ex jefes guerrilleros.
Pero los familiares de las víctimas consideran que en el momento en que Videla fue condenado no se había probado la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores, y, en cambio, ahora sí hay pruebas de que este delito se cometió una y otra vez por órdenes superiores que quedaron por escrito.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, organización que busca a los hijos de los desaparecidos en los años 70, sostiene que unos 500 menores, muchos nacidos en cautiverio, fueron arrebatados a sus familias.
Un grupo de abuelas inició hace seis años ante Marquevich la causa por la sustracción de cinco menores que hoy tiene en vilo a Videla. (FIN/IPS/mv/mj/hd/98
