El continuo crecimiento de los asentamientos ilegales en la periferia de la capital de Uruguay crea dificultades económicas y políticas al gobierno municipal de la colación de izquierda Encuentro Progresista (EP) y lo enfrenta con el presidente Julio Sanguinetti.
Empujados por la desocupación y los bajos salarios, miles de personas continúan trasladándose de las zonas densamente pobladas de Montevideo hacia los alrededores, donde levantan precarias viviendas en terrenos abandonados por el Estado o privados.
Estos nuevos barrios irregulares se suman a los grupos de viviendas de cartón y chapa, denominados "cantegriles", similares a los que existen en la gran mayoría de las grandes ciudades de América Latina, instalados desde muchos años atrás en los alrededores de la capital uruguaya.
Pero, a diferencia de los "cantegriles", constituidos por familias procedentes en su mayoría del éxodo rural, sin instrucción y que se dedican a labores marginales, los nuevos asentamientos están compuestos en su mayoría por sectores socio- económico medios.
"Se trata de personas que no pueden hacer frente a los altos costos que implica vivir en los barrios con todos los servicios", explican expecialistas que trabajan en el plan de ordenamiento territorial ideado por el gobierno del principal departameneto del país.
Son trabajadores industriales desplazados por el cierre de industrias o que perdieron sus puestos debido a la reconversión tecnológica, empleados del sector privado y funcionarios estatales, como policías, soldados y maestros, cuyos ingresos han caído casi 20 por ciento en los últimos 10 años.
El nivel de desocupación en el país, pese a que registra un tímido descenso desde el segundo semestre de 1997, aún alcanza a algo más de 10 por ciento, y los salarios promedio se ubican en 300 dólares mensuales.
El alto valor inmobiliario y de servicios, como las tarifas de energía eléctrica, agua potable e impuestos municipales, son otras de las razones de este éxodo de sectores de la población que otrora formó parte de la denominada "clase media uruguaya".
De acuerdo a los últimos relevamientos realizados por técnicos de la Intendencia Municipal, actualmente residen en esos lugares unas 90.000 personas, lo que equivale a casi 8 por ciento del total de habitantes de la principal ciudad del país.
Otra característica de la aparición de estos barrios suburbanos ilegales, es la organización que se han dado, tanto para la construcción de las viviendas como para la posterior vida en comunidad.
Una vez reunidos los grupos familiares para formar el asentamiento y ocupado el terreno, se distribuyen los solares de acuerdo a los integrantes de cada núcleo y las tareas se dividen por áreas: construcción, servicios y demás.
Esta particularidad, a juicio de los partidos opositores al gobierno del intendente Mariano Arana, indica la participación activa de grupos políticos que impulsan estas acciones irregulares, además de los motivos sociales y económicos enumerados.
Ediles (legisladores comunales) de los partidos Nacional y Colorado, coaligados en el gobierno nacional del presidente Sanguinetti, acusan al ex guerrillero Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, integrante del Encuentro Progresista, de promover y liderar las ocupaciones de tierras.
Arana, por su parte, atribuye el problema a carencias en el accionar del Ministerio de Vivienda, Ordenaiento Territorial y Medio Ambiente y la falta de apoyo económico para implementar soluciones habitacionales de fondo, a través de créditos flexibles y un plan a mediano y largo plazo.
El gobernante afirmó que la intendencia capitalina está dispuesta a comprar los terrenos donde se han ubicado estas viviendas u otros alternativos, siempre y cuando se coordine un apoyo crediticio desde el Poder Ejecutivo.
Los cálculos de los técnicos indican que para resolver el tema de la vivienda definitivamente sólo en Montevideo se necesitaría destinar 5 por ciento del producto interno bruto del país.
En apoyo a los planteos de Arana, el edil de su partido, el arquitecto Jaime Igorra, recordó que en estos barrios viven gente que no quiere marginarse, como ocurre generalmente en el caso de los "cantegriles".
Sostuvo que esta es una nueva realidad que el gobierno nacional debe atender, para lo cual debería construir casas y dárselas a la gente en régimen de tenencia por un plazo no menor de cinco años, sin que paguen nada hasta que sus ocupantes se reincorporen a la actividad productiva y puedan hacer frente a una cuota mensual. (FIN/IPS/ss/if-dv/98
