Cuba cuenta por primera vez en su historia con una ley forestal que pretende la conservación e incremento de los bosques en la isla y, al mismo tiempo, garantizar el aprovechamiento más racional de sus recursos.
La nueva legislación fue aprobada el martes pasado tras largos debates en la primera sesión ordinaria de este año de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), con la participación del presidente Fidel Castro.
La nueva norma "perfeccionará nuestra legislación en concordancia con las realidades y proyecciones del país y contribuirá al cumplimiento de la ley del medio ambiente", dijo el ministro de Agricultura de Cuba, Alfredo Jordán.
Pero la ley no podrá resolverlo todo, advirtió Castro, que reclamó la realización de una campaña educativa que incluya la divulgación de los términos legales en textos de más fácil comprensión popular.
Entre las cosas que legislación no resolverá y que fueron enumeradas por Castro figura la lucha contra la incultura forestal y social y contra el delito, informó el miércoles el diario oficialista Granma.
"Espero y que nuestro partido rojo, comunista, sea el que encabece la lucha por la preservación del ambiente" y que no sea necesario crear partidos "verdes" en Cuba, dijo Castro en una intervención transmitida por la televisión estatal.
La ley forestal parte del principio constitucial de que los bosques "son propiedad estatal socialista de todo el pueblo", y, al mismo tiempo, reconoce que pueden ubicarse en tierras de propiedad estatal, cooperativa o privada.
Entre sus objetivos se enumenran "establecer los principios y las regulaciones generales para la protección, el incremento y desarrollo sostenible del patrimonio forestal" y "controlar los recursos" de ese patrimonio a través de las entidades competentes.
La norma sienta las bases para promover e incentivar la repoblación forestal, conservar los recursos de la diversidad biológica, proteger los bosques contra la tala indiscriminada y regular su uso múltiple y sustentable.
De acuerdo con el artículo 63, quedan prohibidos los desmontes de bosques, que solo podrán realizarse con autorización directa del Consejo de Ministros o de su comité ejecutivo, que conocerá el parecer del Ministerio de la Agricultura.
El Ministerio de la Agricultura será el encargado de dirigir, ejecutar en lo que le competa y controlar la política del Estado y del gobierno sobre protección, incremento y desarrollo sustentable de los recursos del patrimonio forestal así como las actividades de acopio, beneficio e industria forestal.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente mantendrá su función rectora del patrimonio forestal al participar, evaluar y supervisar cualquier acción o proyecto que involucre la superficie boscosa.
De acuerdo con la ley se estimulará el desarrollo forestal sustentable mediante bonificación a personas naturales o jurídicas que ejecuten plantaciones forestales y manejos silvícolas.
Se comtempla la reducción o exención de aranceles a la importación de tecnologías, equipos o sus partes, e insumos destinados al desarrollo forestal y beneficios fiscales o financieros a empresas, cooperativas, pequeños propietarios y usufructuarios de tierras.
La legislación forestal cubana data de la época en que la isla era colonia de España. Durante décadas no pudo evitarse la devastación de extensas áreas boscosas para la producción de madera, la expansión azucarera y la ganadería extensiva.
Se estima que cuando Cristobal Colón llegó a Cuba, en 1492, 90 por ciento de la superficie de la isla estaba poblada de árboles. Para 1900 los bosques cubrían solo 53 por ciento del territorio y en 1960 apenas llegaban a 13,5 por ciento.
La intensiva campaña de reforestación promovida por el gobierno de Castro, desde su arribo al poder en 1959, propició un crecimiento de la superficie boscosa que en 1997 cubría 21,3 por ciento de la isla.
Pero la política forestal se implementó en ausencia de una legislación básica forestal tendiente a garantizar la conservación y protección de las áreas boscosas, así como el aprovechamiento racional de estos recursos.
Esta contradicción tuvo una "repercusión negativa en la pérdida de áreas boscosas" por la falta de regulaciones, de control estatal y de un régimen de sanciones al aprovechamiento indiscriminado, según la fundamentación del proyecto presentado al Parlamento. (FIN/IPS/da/mj/en/98
