Los planes del gobierno de Brasil, el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) para crear amplias zonas de protección y explotación sustentable en la Amazonia son resistidos por campesinos y grupos ambientalistas.
La zona de protección total de la selva amazónica cubrirá un área de 25 millones de hectáreas, y otros 200 millones de hectáreas estarán disponibles en el 2005 para la "gestión sustentable", incluyendo tala de la madera de bajo impacto, según dijo el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
La iniciativa, anunciada en abril, fue considerada el primer resultado de una nueva alianza entre el Banco Mundial y el WWF. En una conferencia de prensa realizada esta semana en esta capital, autoridades de ambas organizaciones aseguraron a los periodistas que el proyecto está basado en consultas populares.
Pero una carta abierta de grupos locales afirma que las consultas no existieron y urgieron al gobierno y sus socios internacionales a respaldar los esfuerzos de las comunidades involucradas.
La carta de los grupos advierte sobre los "riesgos adicionales de incorporar tierras ocupadas por poblaciones tradicionales, intensificando los conflictos ya desatados" entre esas poblaciones y el estatal Instituto Brasileño de Medio Ambiente.
El esquema alimentará disputas en curso por derechos a la tierra de comunidades indígenas y de campesinos, y socava iniciativas locales para promover la conservación, al no considerar esfuerzos como la organización del Taller Amazonia, asegura la carta.
El Taller forma parte del Fondo de Protección de la Biodiversidad, liderado por una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) brasileñas.
No obstante, el gobierno brasileño pidió al Taller que consulte a comunidades locales y sugiera alternativas a la política de conservación existente.
La carta está firmada por el Foro de ONG y Movimientos Sociales Brasileros por el Desarrollo y el Medio Ambiente, Red Brasil, que agrupa a varias ONG, el Grupo de Trabajo de la Amazonia y el Consejo Nacional de Extractores de Caucho.
El grupo de firmantes considera el actual sistema de áreas protegidas "insuficiente para proteger el ecosistema brasileño, en términos de tamaño y variedad de sistemas ambientales protegidos".
Las áreas designadas existen sólo en el papel, alegan los grupos, ya que el gobierno y otros conservacionistas carecen de voluntad política, trabajo y fondos. Autoridades en Washington afirman que el nuevo plan tiene un respaldo político total, pero otras conceden que arriesga quedar desfinanciado.
La creación de las áreas protegidas costará entre 90 y 125 millones de dólares y se necesitará una cantidad adicional indeterminada para su mantenimiento, según Robert Buschbacher, director del programa de WWF en Brasil.
Aún así, la iniciativa fue lanzada con sólo unos 720.000 dólares en compromisos de fondos del gobierno de Brasil, WWF y el Fondo Global de Medio Ambiente (GEF), un consorcio multiagencias dominado por el Banco Mundial.
Las nuevas reservas, insisten los grupos, "deben encompasar un amplio mosaico de áreas protegidas y tener en cuenta los derechos de las poblaciones tradicionales".
El problema, según lo diagnostican, es que el actual plan, que prohibiría los asentamientos y la actividad humana en alrededor de 10 por ciento de la Amazonia, está "escogido al azar, es inadecuado, e ignora la realidad de Brasil".
Diez por ciento es una proporción pequeña porque 85 por ciento de la Amazonia permanece intacta, alegan los grupos.
Pero los 25 millones de hectáreas previstas para la protección total son una área amplia, y aún no hay estudios o datos confiables para admitir la disponibilidad de tanta cantidad de tierra sin presencia de poblaciones indígenas u otras comunidades dependientes de la selva para la subsistencia.
El destino de las comunidades que viven en áreas que quedarán bajo protección total aún no fue decidido, admitieron autoridades.
Según Buschbacher, sitios antes designados como reservas indígenas no estarán cubiertos por el plan. ONG brasileñas, no obstante, afirman que unos tres millones de hectáreas cubiertas por el plan "fueron sobreimpuestas en 12 territorios indígenas pre-existentes".
Las autoridades han reconocido que algunas comunidades que viven en las nuevas áreas a ser protegidas serán desplazadas.
La alianza Banco Mundial-WWF fue instalada para ayudar a países a establecer 50 millones de hectáreas de nuevas áreas protegidas alrededor del 2000, y crear una gestión sustentable en 500 millones de hectáreas en el 2005, según dijo el presidente de la institución financiera, James Wolfensohn.
Esto aumentaría de seis a 10 por ciento la actual área de selvas y bosques protegidos del planeta. (FIN/IPS/tra-en/aa/lp/en dv/98
