China respalda la creación de una Corte Penal Internacional que juzgue crímenes contra la humanidad, pero se mantiene alerta en relación a temas claves que, según teme, podrían erosionar el principio de la soberanía nacional.
Las cuestiones más sensibles para Beijing son el alcance que tendrá la Corte y la forma en que equilibrará su derecho de jurisdicción con las cortes nacionales de los países miembros.
Un portavoz de la cancillería china sostuvo que el papel de la corte debe "limitarse a los crímenes internacionales más graves por los que la comunidad internacional está más preocupada".
"La Corte Penal Internacional debe actuar sólo como complemento en casos excepcionales, cuando el sistema judicial internacional es inexistente", agregó en una declaración escrita antes de las negociaciones internacionales sobre la Corte que comenzará el 15 de junio en Roma.
El hecho de que la potencial creación de un tribunal penal mundial con poderes para superar las fronteras nacionales casi no haya recibido publicidad en la prensa oficialista china revela que Bejing tiene una actitud muy cautelosa al respecto.
China no es el único país preocupado con la cuestión de la soberanía.
Otro miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia, solicitó que se otorgue a los firmantes del tratado el derecho a rechazar su jurisdicción en una base caso a caso.
Beijing considera la soberanía como un tema delicado, y durante años rechazó las críticas internacionales sobre Tibet o Taiwan alegando que sus relaciones con estas "provincias renegadas" son asuntos internos de China.
La política de respetar el principio de no interferencia hizo que China no se sumara a apelaciones internacionales para crear un tribunal que administrara justicia al asesino de masas Pol Pot de Camboya y su genocida Jemer Rojo, alegando que el problema era una asunto interno.
Sin embargo, el ascenso de China como una potencia asiática y su creciente papel mundial la impulsa a actuar según las reglas y normas internacionales existentes.
Un ejemplo es el anuncio público a comienzos de este año de que Beijing se dispone a firmar la Convención de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos.
El anuncio, hecho poco antes de la reunión anual en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos, le dio a China una imagen de intentar mejorar la situación de derechos humanos.
Los más importante, según analistas, es el reconocimiento de China sobre los beneficios de adherir a las normas internacionales.
No obstante, es poco posible que China se mantenga firme tras la Corte Penal Internacional si el tribunal no es ampliamente aceptado en Roma.
Ya hay divisiones en torno a la forma, poder y alcance de la Corte, con objeciones de miembros del Consejo de Seguridad como Estados Unidos, Francia y Rusia. India, Pakistán, México, Egipto e Indonesia también expresaron reservas.
Unos 50 países están de acuerdo en lo que activistas de los derechos humanos consideran prerrequisitos para una corte eficaz, pero el portavoz de la cancillería china dijo que estos son insuficientes para establecer un tribunal "con autoridad y eficacia".
La universalidad de la Corte, dijo el portavoz chino, dependerá de la forma en que muchos países acepten el estatuto al finalizar las conversaciones de Roma.
Cuando las negociaciones de un mes se lancen el 15 de este mes, China también seguirá de cerca el resultado de la propuesta inclusión de los "delitos de agresión" en las potestades del tribunal. Esto será de importancia crucial para China.
Según el borrador actual, estatuto de la Corte incluye crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes contra la humanidad. De ser incluido, el punto sobre la agresión expondría a China a acusaciones de ocupar Tibet y pondría en peligro su meta de reunificación con Taiwan. (FIN/IPS/tra-en/ab/js/lp/ip hd/98
