Apenas el presidente del Banco Central de Venezuela, Antonio Casas, opinó que la baja del precio del petróleo llevaría a un ajuste cambiario, en una sola jornada los compradores de divisas se llevaron 150 millones de dólares.
Fue apenas una muestra del efecto cascada que provoca en la economía venezolana la caída de un tercio o 5.000 millones de dólares del ingreso petrolero, justo en este año, cuando habrá elecciones generales y un nuevo gobierno puede cambiar reglas de juego.
El ministro de Hacienda, Freddy Rojas, informó que en el primer trimestre de 1998 la economía creció seis por ciento, pero por efecto de arrastre. El segundo trimestre será recesivo, admitió.
Sin embargo, el gobierno se esforzará por lograr un crecimiento anual de dos por ciento, frente a seis por ciento en 1997, aunque en distintos escenarios, el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, ha hablado de crecimiento cero o de uno por ciento.
Los industriales, cuya inversión se ha retraído -"siempre ha sido así en tiempo de elecciones", recordó Rojas, surgido del gremialiso empresarial- pidieron al Banco Central que aclare cuál será la política cambiaria.
El viernes, al precipitarse a comprar dólares, los financistas hicieron subir la divisa sólo 0,6 por ciento (de 547,25 a 550,25 bolívares por cada dólar), pero gracias a que el Banco Central llevó 80 millones de dólares a las mesas cambiarias para satisfacer la demanda.
Las reservas internacionales de Venezuela cayeron el último mes de 15.900 a 15.200 millones de dólares.
Fue el tercer "gol en contra" del instituto emisor y de reserva en lo que va de año. Rojas y Petkoff enviaron un mensaje claro a Casas: "De la materia cambiaria no debe hablarse en público".
El presidente Rafael Caldera lanzó en abril de 1996 un plan de ajuste que fijó el valor de la moneda estadounidense en 470 bolívares y, desde entonces, el precio de la divisa ascendió lentamente, de acuerdo con un esquema de bandas que el Banco Central revisará, según Casas.
Ese es uno de los anuncios que crean aprensión, mientras los venezolanos, al acercarse las elecciones de fin de año, se interesan cada vez más por la política.
En primer lugar, la merma de los gastos del Estado bloquea las aspiraciones de mejora salarial e induce a la movilización a los grandes sindicatos de empleados públicos, como los de educación y salud, en tanto limita programas y pospone inversiones.
En segundo término, el dinero se encarece. Las tasas de interés se ubican en más de 50 por ciento anual, sin que exista legislación que favorezca la extensión de los créditos a centenares de miles de compradores a plazos de viviendas, automóviles y otros bienes.
El tercer punto es la desinversión: ensambladoras de vehículos estudian prolongar las vacaciones colectivas de sus trabajadores, al debilitarse la demanda de las empresas distribuidoras. El refugio en el dólar reemplaza el riesgo de producir si no hay a quién vender.
La consecuencia es un sostenido abaratamiento de los activos. Un estudio comparativo de la firma Softline mostró que la relación precio-utilidad de las primeras 31 compañías de Venezuela que cotizan en bolsa es el más bajo de América Latina.
Los coletazos de la crisis asiática, más el desplome de los precios petroleros, hicieron caer la bolsa de Caracas 34 por ciento el último año, mientras que en Bogotá el retroceso es hasta ahora de 21 por ciento y en Buenos Aires y México, 18 por ciento.
Cada acción de la empresa Electricidad de Caracas se cotiza ahora a 259 bolívares, frente a los 681 bolívares que había alcanzado en septiembre. Los papeles de la telefónica cayeron de 3.270 a 2.005 bolívares en el mismo periodo, y la siderúrgica Sivensa bajó 79 por ciento, señaló Softline.
Los dos tormentos de los planificadores del gobierno resurgen dos años después de lanzado el ajuste: el desempleo es de 12 por ciento (1,2 millones de personas sin trabajo) y la inflación, de la mano del dinero caro, puede ser de más de 30 por ciento.
Con esas cifras en contra, se agotan las posibilidades de mejorar indicadores sociales, como una pobreza de 70 por ciento, una pobreza crítica de más de 30 por ciento y la mitad de la población laborando en el sector informal de la economía.
Para apagar incendios (se estima un déficit fiscal de 2,5 puntos de producto bruto) el gobierno estudia nuevos endeudamientos en organismos multilaterales y en los mercados de capitales por 1.500 a 2.000 millones de dólares.
Pero, al concluir este duro y último año de su gestión quinquenal, el gobierno presentará cuentas muy ajustadas, mientras el deterioro de los indicadores económicos lleva agua al molino de sus adversarios políticos.
El ex coronel golpista Hugo Chávez, con un discurso crítico del neoliberalismo y apoyado por formaciones de izquierda, encabeza las encuestas de intención de voto para presidente.
Le sigue Irene Sáez, ex alcaldesa de un rico municipio caraqueño al que administró exitosamente. Con respaldo del opositor partido socialcristiano Copei, Sáez ofrece una administración bajo parámetros de eficacia gerencial hasta ahora ausentes.
Con tesis que se le emparentan, al criticar el rumbo errático del actual gobierno y ofrecer racionalidad y eficiencia, Chávez y Sáez son escoltados en las encuestas por el empresario Henrique Salas y el sociólogo Claudio Fermín. (FIN/IPS/jz/ff/if ip/98
