Transfusiones de sangre con HIV, muertes por diagnósticos erróneos y olvido de instrumental quirúrgico dentro los pacientes generaron en Uruguay una proliferación de juicios contra los médicos.
"Si fuera ustedes yo estaría muy preocupado", dijo durante una conferencia a los médicos asistentes el catedrático de Derecho Civil, Jorge Gamarra, la máxima autoridad uruguaya en esa especialidad.
Los tribunales uruguayos están registrando una fuerte influencia de la jurisprudencia argentina, tendiente a presumir la culpabilidad del médico, indicó el jurista.
Los que sostienen esa tesis dicen que de lo contrario sería muy difícil condenar a un médico, porque éste es quien tiene en su poder todas las pruebas. El paciente, señalan, carece de los conocimientos técnicos, está anestesiado y otros médicos difícilmente colaboren para condenar a sus colegas, arguyen.
Gamarra manifestó que el médico tiene el deber de intervenir con diligencia y si actúa de esa forma no puede incurrir en culpa y, por consiguiente, no puede ser responsable ante la justicia.
Si esa tendencia se implanta en la jurisprudencia uruguaya, "van a proliferar las demandas y el médico no sólo tendrá la obligación de darle al paciente la mejor atención posible, sino también de asegurarle un resultado", alertó.
Esa tendencia "es un virus prácticamente mortal y el médico tiene la obligación de conocerlo", advirtió el jurista y señaló a Leslie Van Rompaey, ministro de un Tribunal de Apelaciones, como "abanderado" de la doctrina argentina.
Si bien Van Rompaey se negó a comentar el señalamiento de Gamarrra, subrayó que siempre la prueba básica de una sentencia judicial "es el informe de peritos privados o del Poder Judicial".
Es necesario hurgar más alla de la cuestión jurídica, especialmente teniendo en cuenta el alto número de médicos con relación a la población de Uruguay, de 3,1 millones: cuatro cada mil habitantes.
Desde el punto de vista del jurista existe una crisis en el sistema de asistencia y se ha producido un deterioro de la relación personal entre el médico y el paciente que impide un vínculo adecuado.
El Sindicato Médico del Uruguay, que agrupa a 9.500 de los casi 12.OOO médicos del país, se muestra preocupado por la actual situación, dijo su administrador, el médico Antonio Turnes.
Los juicios por mala praxis han aumentado progresivamente en los últimos 12 años. En 1986 eran una rareza y a partir de ese momento se produjo "una verdadera cascada" de demandas que generó "un estado de inquietud colectivo" en todo el país, señaló Turnes.
Esa inquietud llevó a que el Sindicato Médico convocara en 1996 a una licitación para contratar a un asesor y corredor de seguros para sus afiliados.
Sin embargo, la preocupación por los fallos judiciales parece no haber golpeado a los médicos con suficiente intensidad, ya que sólo 10 por ciento de los afiliados al Sindicato tiene un seguro que los protege por dos condenas anuales de hasta 50.000 dólares.
Aunque el mercado de seguros está desregulado en Uruguay, sólo el Banco de Seguros del Estado ofrece un seguro para médicos cuyas primas, según la especialidad, oscila entre 345 dólares para médicos generales y 375 dólares anuales para cirujanos.
Aunque no existen estadísticas sobre este tipo de demandas, fuentes médicas y judiciales consultadas por IPS dijeron que las condenas contra los médicos pueden ubicarse en el 20 por ciento del total de las demandas. Según la jurispridencia, es difícil que una condena supere los 50.000 dólares en caso de muerte.
El más reciente fallo, del 28 de mayo, condenó a una asociación médica a pagar 20.000 por daño moral al viudo de una persona que falleció por un error médico durante una operación quirúrgica, y 15.000 dólares a cada uno de los dos hijos.
Fuentes del Sindicato Médico del Uruguay que pidieron reserva de sus nombres dijeron que en muchos casos los errores médicos se producen como resultado de los bajos salarios que perciben, lo que los obliga a trabajar en varios centros asistenciales con una carga horaria superior a la normal.
En muchos casos se produce "una industria de estos juicios", afirmaron.
En un tribunal se debate actualmente una demanda contra una sociedad médica que por error trasfundió a una paciente sangre contaminada con HIV luego de una cesárea.
La jueza civil Zulma Casanova, a cargo de la causa, dijo a IPS que es bueno que los ciudadanos tomen conciencia de sus derechos y planteen demandas por errores, una situación "que no debería limitarse a los médicos, sino a todas las profesiones".
La afectada reclama 400.000 dólares de indemnización. La sociedad médica, que admitió su responsabilidad, busca evitar el impacto negativo de una condena y negocia el monto a pagar.
Hasta 1994, en Uruguay no existía la obligación de controlar la contaminación de HIV a los donantes de los bancos de sangre. La demandante recibió la trasfusión antes de esa fecha. (FIN/IPS/rr/ag/hd-he/98
