Los 15 países de la Unión Europea aún no definen una fórmula para reemplazar la Convención de Lomé sobre comercio y ayuda económica a 71 naciones en desarrollo, pero gana terreno la propuesta de generar una red de acuerdos regionales basados en el libre intercambio.
La Convención beneficia al grupo de países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP), y la UE se ha propuesto reemplazarla a partir del año 2000 por un instrumento más acorde con los postulados de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Una comisión ejecutiva de la UE convocada para presentar opciones propuso generar una red de acuerdos de libre comercio entre el conglomerado europeo y bloques regionales compuestos por los países ACP.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) que siguen de cerca el proceso se mostraron preocupadas por el avance de esta propuesta para reemplazar a la Convención de Lomé, que establece un sistema único de preferencias comerciales cuyo impacto es decisivo para las economías de los 71 países beneficiarios.
"La propuesta para crear áreas de libre comercio forzaría a los países ACP y a sus industrias incipientes a competir con las economías industrializadas de Europa", dijo Liz Clements del Presidence Project de Gran Bretaña, una red de ONGs de ese país que en este momento tiene la presidencia de la UE.
Un comité investigador del parlamento británico también rechazó la iniciativa al advertir en un informe presentado la semana pasada que se trata de "chantaje" y de una propuesta "inmoral".
Pero los miembros de la comisión ejecutiva de la UE que diseñó la iniciativa la defienden y la impulsan por considerarla como la alternativa menos compleja y la que generaría menos roces con las imposiciones de libre comercio de la OMC.
"Rechazamos las críticas", advirtió el director general para desarrollo de la comisión, Philip Lowe, quien calificó a las áreas de libre comercio como "la mejor alternativa".
La opción aún no ha sido considerada por los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, que el lunes 8 realizaron una reunión sobre el tema en Luxemburgo sin arribar a ninguna conclusión. Pero las alternativas deberán ser puestas sobre la mesa durante este año, antes de las negociaciones con ACP.
La UE tiene un mandato de negociaciones para reemplazar la Convención de Lomé por un nuevo instrumento que se ajuste a las disposiciones de la OMC.
El sistema de preferencias consagrado en los acuerdos de Lomé es severamente cuestionado por la OMC. En un caso emblemático, la organización falló a favor de empresas bananeras de Estados Unidos y América Central que protestaban por las ventajas de acceso a Europa concedidas a pequeños estados insulares del Caribe.
La comisión de la UE propuso que entre el año 2000, cuando expire la convención de Lomé, y el 2005, debería continuar aplicándose el sistema actual, mientras se negocian los términos de las áreas de libre comercio con cada una de las regiones.
El próximo paso sería un período de transición de 10 años para el funcionamiento las zonas de libre comercio, a partir del 2005. Todo este proceso requerirá de una aprobación de la OMC, que se obtendrá sólo si el esquema de preferencias es temporal, con garantías de acceso total a los mercados después de ese período.
El comité parlamentario británico advirtió que el cronograma considerado por la UE podría causar "serios daños" a las economías de ACP, que perderían sus condiciones de acceso preferencial a Europa, al mismo tiempo que se verían obligadas a abrirse a productos procedentes del Norte industrial.
Sin embargo, Lowe dijo que se considera la elaboración de acuerdos especiales para proteger a los países menos desarrollados y a los pequeños estados insulares.
De los 71 países ACP, 40 pertenecen a la categoría de países menos desarrollados y ya se benefician de un arancel cero en el mercado europeo, mientras otros 20 califican como pequeños estados insulares.
El Centro Europeo sobre Manejo de Políticas de Desarrollo comentó que la UE parece estar sobrestimando la capacidad de los países ACP para avanzar hacia la integración regional, y considera un cronograma que "no es viable desde el punto de vista político o técnico".
"Si no se reforma la política agrícola común de la UE, los acuerdos de libre comercio no van a mejorar el acceso de los países ACP a los mercados, pero sí conseguirán aumentar los mercados para los exportadores de la Unión Europea", señaló el Centro.
Los representantes de ONGs argumentan que los países ACP no están en condiciones de competir contra el poder negociador y los precios ventajosos de exportadores europeos subsidiados por la política agrícola común, ni siquiera si logran agruparse por regiones.
La UE estudia una reforma a su política agrícola común, que en este momento absorbe recursos por 1.100 millones de dólares, más de la mitad del presupuesto operativo de la Unión Europea.
El comisario europeo para la Agricultura, Franz Fischler, comentó esta semana durante una visita a Canadá que la UE sigue comprometida con el respaldo "a los agricultores europeos que no pueden competir a nivel mundial, y que prestan valiosos servicios a la sociedad". (FIN/IPS/tra-en/ns/mom/rj/lc-ml/dv/98
