El gobierno de Trinidad y Tobago se niega a presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar sobre condenas a muerte pendientes en este país caribeño y que podrían comenzar a ejecutarse este martes.
El presidente de la Corte Interamericana, Herman Salgo- Pesantes, advirtió que si no se acatan las órdenes de este tribunal se estará generando "una situación irremediable".
Pero el fiscal general de Trinidad y Tobago, Ramesh Maharaj, dijo que la "orden" de esa corte para que sean consideradas las peticiones de clemencia por cinco asesinos condenados a muerte constituye "una intervención en la legislación nacional".
El gobierno de esta nación caribeña denunció en mayo la Convención Internamericana sobre los Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo del Convenio Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"No somos dictadores. Somos demócratas y el proceso democrático del país advierte que si tú matas a una persona también morirás", advirtió el primer ministro Basdeo Panday en un discurso pronunciado esta semana.
Maharaj, por su parte, regresó esta semana de Gran Bretaña donde planteó excluir de la jurisdicción del Consejo del Rey, máxima entidad judicial de la Comunidad Británica de Naciones, las apelaciones en casos de asesinato con el fin de aumentar el número de ejecuciones.
El fiscal dijo que el gobierno británico no se opone al retirar este tipo de casos del Consejo del Rey, pero que preferiría postergar una medida así para el caso de las apelaciones civiles.
"El gobierno de Trinidad y Tobago ahora puede tomar medidas para abolir las apelaciones ante el Consejo del Rey en casos de asesinato y mociones constitucionales, sin preocuparse porque el gobierno británico vaya a discontinuar todo tipo de apelaciones desde este país", informó Maharaj.
El líder de la oposición, Patrick Manning, consideró que será necesario reformar la Constitución trinitaria antes de dar ese paso, pero reconoció que si el gobierno británico está de acuerdo en renunciar a su jurisdicción sobre este tipo de causas "no hay nada que hacer".
Manning criticó la actuación del gobierno trinitario al ignorar al parlamento cuando decidió contactar al gobierno británico, un hecho que según el demuestra que "la población está desprotegida".
Sin embargo, tanto Maharaj como el presidente del Comité de Clemencia, el ministro de Seguridad, Joe Theodore, aseguraron que el asunto sera elevado al parlamento pues será necesario cambiar las leyes.
Mientras, las autoridades penitenciarias se preparan para realizar la primera ejecución de un condenado a la horca en cuatro años.
La última ejecución mediante la horca se realizó en medio de una controversia en 1994. En esa ocasión habían pasado 12 años desde la última pena de muerte, y Glen Ashby, condenado por asesinato, fue colgado mientras su caso era elevado al Consejo del Rey.
Grupos de derechos humanos regionales e internacionales condenaron la decisión del gobierno trinitario de continuar sentenciando y ejecutando penas de muerte y le pidieron reconsiderar su decisión.
Pero la oposición es escasa dentro del país. La Asociación de Abogados Criminalistas emitió una declaración en la cual planteó que la eliminación de las apelaciones ante el Consejo del Rey debería ser objeto de un debate más amplio.
En cambio las muchedumbres que asisten a las reuniones del gobernante Congreso de Unidad Nacional (UNC) en todo el país aplauden cada vez que el orador de turno se refiere al proyectado aceleramiento del proceso de ejecuciones.
"El gobierno de Trinidad y Tobago respetó en forma meticulosa todos los requerimientos de convenciones legales y el protocolo diplomático con el fin de explicar la complejidad de cumplir con sentencias de este tipo, en vista de su compromiso con organismos de derechos humanos", argumentó el abogado George Dhanny.
Dhanny, especializado en derecho internacional, consideró que la acción asumida por la Comisión Interamericana "es contraria a la voluntad del pueblo de Trinidad y Tobago, que le dio un claro mandato al gobierno para lidiar con todo tipo de delitos, en especial con la escalada de asesinatos en el país".
En el momento en que el gobierno de Trinidad y Tobago decidió retirarse de los organismos interamericano y de la ONU, se habían presentado 27 peticiones relacionadas con la pena de muerte en este país. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/lc/mj/hr/98
