Los derechos fundamentales de los trabajadores recogen en esta época adhesiones casi unánimes de gobiernos de toda laya, de empleadores y por supuesto de los sindicatos, como evidencian los debates de la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en esta ciudad suiza.
Ese apego se refleja en un proyecto de declaración que comprometería a los estados firmantes a respetar los principios fundamentales de protección de los derechos de los trabajadores.
La iniciativa pretende consolidar la tutela de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, de igualdad de oportunidades y de trato, de eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y de abolición efectiva del trabajo infantil.
La conferencia ha sido sensibilizada también por una campaña internacional para la aprobación de un convenio de eliminación de las formas más intolerables del labor infantil: esclavitud, tráfico de niños, explotación infantil a manos de redes de proxenetas y trabajo en actividades peligrosas.
Pero, a pesar de ese clima tan auspicioso, la discusión del proyecto de declaración sobre los derechos humanos fundamentales en el trabajo avanzó en las dos últimas semanas con tropiezos y lentitud.
El sindicalista francés Marc Blondel, secretario general de la Confederación General del Trabajo-Fuerza Obrera (CGT-FO), declaró este miércoles que "numerosos oradores tratan de retardar el debate" en una actitud, dijo, inaceptable.
La CGT-FO promueve activamente la aprobación de la declaración, al igual que la gran mayoría de las demás centrales obreras nacionales adheridas a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de tendencia socialdemócrata.
La CIOSL, considerada la más influyente de las centrales mundiales, ha sido controlada tradicionalmente por sindicalistas del mundo industrializado.
En los debates de la Conferencia, que se prolongarán hasta el 18 de junio, los gobiernos de los países industrializados se alinean junto con los sindicalistas de la CIOSL.
En contraste, gran parte de los países en desarrollo cuestionan algunos aspectos del proyecto de declaración, en particular las medidas de seguimiento de la resolución propuestas en el texto presentado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
Los representantes gubernamentales del mundo en desarrollo desconfían asimismo de que las normas laborales sean utilizadas por los países industrializados con fines comerciales proteccionistas.
El ministro de Empleo, Función Pública y Previsión Social de Costa de Marfil, Achi Atsain, explicó los temores de los países del Sur.
En las regiones de Africa, Asia y América Latina existía el sentimiento generalizado de que detrás de esa declaración se escondía un vínculo sutil entre el comercio y las inversiones internacionales, por un lado, y las normas del trabajo, por otro, dijo Atsain.
Ese clima "no conduce a debates en los que se pueda llegar a una decisión consensuada", previno el funcionario africano.
La idea de condicionar el intercambio mundial al cumplimiento de esas normas laborales fundamentales y de aplicar sanciones comerciales a los países que las violen surgió inicialmente en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el nombre de "cláusula social".
Pero esa iniciativa fue descartada por la conferencia ministerial de la OMC de Singapur, en 1996, que reconoció la jurisdicción de la OIT en ese tema.
En la actual Conferencia Internacional del Trabajo, los sindicatos de la CIOSL han vuelto a demandar un acercamiento entre la dos organizaciones gubernamentales, OIT y OMC, para examinar la cuestion del comercio y las normas laborales.
Pero el proyecto de declaración que discute la Conferencia de la OIT contiene un punto separado por asteriscos del texto principal, que puede calmar las inseguridades de los países en desarrollo.
La disposición propuesta dice que ningún miembro de la OIT podrá invocar la declaración para adoptar medidas comerciales de carácter proteccionista o que pongan en entredicho la ventaja comparativa de otros países.
El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, único jefe de estado que se habló ante la conferencia, defendió la inclusión de ese punto sobre el proteccionismo.
Caldera apoyó la declaración sobre los derechos fundamentales "con la conciencia de que no pueda ser invocada por algunos movimientos proteccionistas de sentido comercial".
Eso sectores, dijo Caldera sin identificarlos, "quieren valerse de las circunstancias difíciles que atraviesan algunos países para tratar de evitar la competencia internacional".
Los países que objetan aspectos parciales del proyecto de declaración son Egipto, India, Pakistán y México, entre otros.
La delegación mexicana sostuvo que la declaración en discusión debe tener un carácter meramente promocional de los derechos fundamentales y no debe crear nuevas obligaciones a los estados miembros de la OIT.
Delegados de países en desarrollo confiaron en que las diferencias sobre el texto en discusión se superarán durante la última semana de deliberaciones.
El proyecto de declaración, que puede ser aprobado por consenso o por votación, pasará a revisión de la próxima sesión de la Conferencia, en 1999. (FIN/IPS/pc/mj/lb dv/98
