Los trabajadores de la Compañía Telefónica de Puerto Rico anunciaron que irán a la huelga en protesta por la privatización de la compañía estatal, la cual genera ingresos de 1.000 millones de dólares al año.
El anuncio no reveló la fecha de la medida de fuerza, y la incertidumbre hace temer a las autoridades que la huelga se lleve a cabo con violencia y sabotaje.
El gobierno concluyó la venta de la compañía en mayo, tras 13 meses de negociaciones secretas, y la medida debe ser aprobada por el parlamento de este estado libre asociado de Estados Unidos.
Más de la mitad de la población se opone a la privatización de la compañía telefónica, según revelaron sondeos de opinión realizados por dos diarios.
La empresa estatal, lejos de perder dinero o recibir subsidios del Estado, genera ingresos de más de 1.000 millones de dólares por año.
La mayor parte del dinero se invierte en la infraestructura, quedando ganancias de más de 100 millones de dólares utilizadas para cubrir otros gastos estatales, como la enseñanza y los gobiernos municipales.
La venta de la compañía telefónica fue presentada al poder legislativo por el gobernador Pedro Rossello de manera que los legisladores deben votar a favor o en contra sin posibilidad de modificar el proceso.
Si los legisladores aprueban la venta de la empresa, al gobierno le pertenecerá entre 44 y 47 por ciento, la corporación estadounidense GTE adquirirá 40 por ciento, un banco e inversores puertorriqueños se quedarán con 10 por ciento y de tres a seis por ciento le corresponderá a los empleados.
GTE también administrará la compañía y controlará la mayoría del directorio.
GTE se encuentra en el lugar 48 de la lista de 500 compañías más grandes de Estados Unidos confeccionada por la revista estadounidense Fortune. La firma tuvo ingresos superiores a los 23.000 millones de dólares en 1997 y sus activos se estiman en unos 14.500 millones.
GTE brinda servicios de telefonía regular y celular en Argentina, China, República Dominicana, Japón, Taiwan y Venezuela.
La adquisición de la Compañía Telefónica de Puerto Rico será un elemento importante de la expansión de la corporación en América Latina, señaló el vicepresidente de GTE, Ignacio Santillana.
Varios economistas puertorriqueños criticaron la privatización. "Es un negocio excelente para GTE", dijo el experto Elías Gutiérrez, asegurando que la corporación recuperará su inversión en dos años.
La venta de la compañía telefónica es un "asunto arriesgado y aventurero que amenaza al gobierno y a los trabajadores", opinó el economista Santos Negrón, ex alto funcionario del Banco de Desarrollo Económico y actual asesor de empresas privadas.
La mano de obra de la empresa estatal se verá reducida si se confirma la venta, aseguró Negrón. "Habrá despidos, ya que los compradores querrán minimizar su riesgo y maximizar sus beneficios para recuperar la inversión", sostuvo.
"Es difícil imaginar que no haya despidos después de transcurrido un año. La tendencia mundial de estas corporaciones se dirige hacia el uso tecnología intensiva y la reducción de la mano de obra. Los trabajadores de la Compañía Telefónica tendrán un futuro poco seguro", dijo.
"GTE está ingresando a un ambiente de riesgo y dificultades, con la necesidad de luchar prácticamente contra todo el país en el proceso de adquisición", añadió Negrón.
Para aplacar la oposición de la opinión pública a la privatización, el gobierno contrató a Shandwick, firma británica que se describe como la mayor firma consultora de relaciones públicas del mundo. Entre sus clientes se encuentran Coca-Cola, Kodak, Microsoft, Monsanto, Reebok y Westinghouse.
La compañía es experta en lo que califica como "administración mundial de la reputación".
Shandwick ideó un plan de 10 puntos para facilitar la venta de la compañía telefónica, el cual incluye obtener el respaldo de influyentes personalidades de Puerto Rico y Estados Unidos, y brindarles "documentos informativos".
Documentos filtrados a la prensa revelan que Shandwick creará un programa de "vigilancia y reacción" para refutar rápidamente toda "información negativa" sobre la privatización que pueda aparecer en los medios de comunicación.
Los dos sindicatos que representan a la mayoría de los 8.000 empleados de la empresa estatal recibieron el respaldo del Comité Amplio de Organizaciones Laborales, una coalición integrada por sindicatos y organizaciones no gubernamentales que en octubre organizaron una huelga general contra la privatización.
Los trabajadores también esperan el respaldo de los empleados de alto rango de la compañía telefónica, que tienen su propio sindicato y también se oponen a la venta.
Si todos los empleados apoyan la huelga, ello determinará el cierre de la empresa estatal y el aislamiento de sus ejecutivos. (FIN/IPS/tra-en/lb/cr/cb/aq-lp/lb-if/98
