Grupos de derechos humanos de Nigeria solicitaron una investigación para determinar la participación del Banco Mundial en un proyecto de desarrollo que implica el desalojo de millares de familias pobres sin el pago de compensaciones.
El Centro de Acción para los Derechos Económicos y Sociales (SERAC) de Lagos, presentó esta semana una petición ante el Panel de Inspecciones, un organismo del Banco Mundial a cargo de fiscalizar operaciones e independiente de sus autoridades.
Más de 2.000 personas perdieron sus casas "y otros miles enfrentan la amenaza del desalojo", según la denuncia.
La protesta fue generada por un proyecto financiado por el organismo multilateral, cuyo objetivo sería prevenir inundaciones y mejorar las obras sanitarias la ciudad de Lagos, la más poblada del país, como un modelo de "la forma en que se pueden mejorar las condiciones de vida de los pobres a un costo razonable".
Pero las obras produjeron el desalojo de barriadas marginales con el pretexto de construir desagües. Las familias desalojadas no pueden regresar a la zona, pues si hacen el intento son asediadas por guardias armados.
"La demolición de viviendas, la destrucción de propiedad sin compensación, reubicación y rehabilitación, constituye una masiva violación" de una larga lista de derechos humanos, argumentó el grupo de derechos humanos en su presentación ante el Panel de Inspecciones.
El SERAC advierte que "el Banco Mundial y su socio el gobierno federal militar de Nigeria ignoraron o se rehusaron a consultar a las comunidades durante el desarrollo, la planificación y la ejecución del proyecto".
"No se notificó a los residentes antes de las demoliciones, y las víctimas no han sido reubicadas ni compensadas por sus pérdidas", agregó el SERAC.
La solicitud de una inspección independiente es la culminación de dos años de forcejeos entre asociaciones comunitarias, activistas de los derechos humanos, el Banco y autoridades locales.
Los problemas comenzaron en 1996 cuando el Comisionado para el Ambiente y la Planificación Física de Lagos, Oladipo Ashafa, anunció que 15 barriadas donde habitan 1,2 millones de personas serían demolidas como parte del Proyecto de Desagües y Saneamiento respaldado por el Banco Mundial.
El administrador del proyecto por el Banco Mundial, David Henley, comentó hace un año a IPS que esas declaraciones de Ashafa fueron "un disparate".
En ese momento iban a iniciarse los desalojos, y apenas un mes después el organismo multilateral emitió un comunicado en el cual se declaró "satisfecho" con el proyecto.
El Banco aclaró que llegó a esa conclusión después de revisar la construcción del proyecto y documentos relacionados, pero sin realizar inspecciones en terreno.
Los documentos nunca fueron difundidos al público, y los encargados de supervisar el proyecto en Washington no han visitado las barriadas en Lagos, dijeron fuentes cercanas a la organización.
Representantes del Banco Mundial han insistido en que las autoridades de Lagos invocan el nombre de esta institución para desalojar a los residentes de las barriadas, con la finalidad de entregar terrenos que son adyacentes a los del proyecto a empresas inmobiliarias.
Pero consultores del Banco admitieron que los desalojos también se produjeron en el terreno donde se efectúa este proyecto, dijo el director del SERAC, Félix Morka.
"Estamos solicitando la inspección para terminar con la práctica de confabularse con el gobierno mientras se excluye a las comunidades afectadas, y para que el Banco trabaje con todas las partes involucradas y les entregue información", dijo Morka.
Las declaraciones del Banco Mundial, entretanto, revelan que existe confusión sobre la magnitud de los desalojos generados por el proyecto.
En 1993 cuando el proyecto fue aprobado se anunció que 810 personas serían reubicadas. En julio de 1997 Henley le dijo a IPS que 3.000 personas habían sido trasladadas a viviendas de mejor calidad. Pero un mes después el director del Banco para Nigeria, Yaw Ansu, informó que "286 personas tuvieron que mudarse".
En cualquier caso, en un informe de 1993 el Banco Mundial colocó en manos de las autoridades de Lagos la compensación y la ayuda a los residentes desalojados, "que tengan certificados de ocupación".
Pero el mismo documento advierte que en las barriadas marginales cercanas al proyectos la mayoría de las construcciones son "refugios temporales", cuyos residentes no poseen ningún tipo de certificado. (FIN/IPS/tra-en/aa/lc-mj/hr dv/98
