Casi la mitad de los bebés que nacen en Nicaragua, en especial en el área rural, no son inscriptos en el Registro Civil, lo que constituye una violación del derecho a la identidad y la nacionalidad, advirtieron expertos.
Esos niños no son reconocidos como personas ante la ley ni gozan del pleno goce de sus derechos. Alrededor de 1,6 millones de los 4,1 millones de habitantes de Nicaragua no están inscriptas, según cálculos oficiales.
Más de 45 por ciento de los niños y niñas que nacen en Nicaragua no son inscriptos por sus padres en el Registro Civil antes del primer año de vida, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"Al parecer, el derecho a tener un nombre no es tan importante ni trascendente, pero hay un factor de orden psicológico y social", afirmó Darmalila Carrasquilla, psicóloga y consultora del organismo sueco Radda Barna.
"Los niños tienen derechos a saber de dónde vienen, quiénes son sus padres y cuándo nacieron, ya que es un elemento vital en su proceso de adquirir una identidad propia. Además, este derecho permite el acceso a otros derechos", agregó.
Carrasquilla citó beneficios sociales contemplados en las leyes nacionales, vinculados con la educación y la salud, cuya gratuidad se garantiza a los menores de edad. La edad también se relaciona con la imputación de delitos, ya que un menor no puede ser detenido ni procesado como si fuera adulto.
Además, "no tener los dos apellidos en esta cultura es un factor de discriminación social", añadió Carrasquilla, autora de varios estudios sobre la infancia.
El Ministerio de Salud registró en 1997 el nacimiento de 24.613 niños y niñas en la capital, de los cuales fueron inscritos 20.552, lo que representa un subregistro del 18 por ciento.
En el departamento de Matagalpa, en cambio, se reportó el nacimiento de 10.892 menores de los que se registraron apenas 7.334, lo cual representa un subregistro superior a 32 por ciento.
"Tal vez no parezcan cifras preocupantes, pero no olvidemos que hay otro universo de niños que no llega al sistema de salud, y por lo tanto las cifras podrían ser superiores", comentó Hazel Vaughan, directora general del Registro Central.
"Los índices de subregistro son mayores en las zonas rurales, donde por problemas de dispersión geográfica los padres no pueden concurrir a los registros municipales a inscribir a sus hijos", añadió.
El Registro Central, adscrito al Consejo Supremo Electoral (CSE), tiene 28 registros auxiliares ubicados en comunidades alejadas del Norte, el Centro y el Atlántico del país.
De acuerdo con la ley, el proceso de inscripción en el Registro Civil es gratuito. Sin embargo, las municipalidades cobran tarifas ilícitas para recaudar fondos, lo cual agrava el subregistro.
"Esto no facilita la inscripción, sino que la obstaculiza, ya que las multas varían, de acuerdo con la disposición de cada concejo municipal", señaló Vaughan.
El gobierno y Unicef impulsarán una serie de iniciativas institucionales y publicitarias para reducir el elevado subregistro.
Entre las medidas figura una campaña de difusión del artículo 7 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, que establece el derecho a gozar de una identidad y una nacionalidad.
También se apoyará la creación de oficinas del Registro Civil en los centros materno-infantiles más importantes de la capital, con el fin de que los padres inscriban a los recién nacidos antes de abandonar el hospital.
Este proyecto también se pondrá en marcha en los hospitales de los departamentos de León y Chinandega, dos centros urbanos importantes después de la capital, ubicados en el Pacífico del país.
"Estas iniciativas serán muy importantes para contribuir a reducir el subregistro nacional, ya que el servicio será gratuito y a su alcance", señaló Vaughan.
Para registrar a un menor, de acuerdo con la ley en vigencia desde 1904, los padres deben acudir juntos a la Alcaldía Municipal, ante la Oficina de Registro. Muchos padres no van para evadir así sus responsabilidades.
Por otro lado, la ley establece que los niños y niñas deben ser inscriptos antes de cumplir un año, y que, de lo contrario, los padres deberán pagar una multa.
Tanto el período como la multa son factores que agravan el subregistro, según funcionarios que recuerdan que en otros países el plazo de inscripción gratuita es de hasta diez años.
Por tanto, recomiendan que el Poder Legislativo promueva una ley que amplíe el plazo de inscripción de nacimientos a cinco años y que el gobierno decrete una moratoria nacional para promover la inscripción civil.
También se propone el desarrollo de iniciaitvas en el sistema educativo para sensibilizar a los niños y niñas, profesores y padres en torno a este derecho.
"Mientras el niño no disponga de una identidad, estará al margen de los derechos que las leyes contemplan a su favor", comentó Carrasquilla.
"Hay niños que no pueden ingresar a una escuela o un centro hospitalario porque no tiene documentos de identidad. Por lo tanto, queda al margen de sistemas vitales", concluyó la psicóloga. (FIN/IPS/rf/mj/hd pr/98
