El gobierno de México se ufanó a fines de 1997 de su estrategia para rescatar a la banca e incluso dio consejos a sus pares de Asia, pero el plan, alabado por organismos internacionales, es ahora cuestionado y amenaza la estabilidad política y financiera del país.
Si el Congreso impide convertir en deuda pública, pagadera vía impuestos, los 67.000 millones de dólares que entregó los dos últimos años a la banca (55.000 millones más de lo recibido por su privatización en 1991 y 1992), el rescate crecerá hasta comprometer las finanzas del Estado, advierten las autoridades.
México es desde la crisis económica estallada a fines de 1994, que provocó el efecto internacional conocido como "tequila", uno de los 130 países que en los últimos 15 años enfrentaron graves problemas bancarios en el mundo.
Según las autoridades, el caso de México, donde la banca registró un proceso de estatización y reprivatización en los últimos 10 años, fue uno de lo mejor administrados, pues el costo fiscal representó 13 por ciento del producto interno, frente al 60 por ciento que costó el de Indonesia, por ejemplo.
Pero los diputados de oposición, que desde 1997 dominan el Congreso por primera vez en el siglo, no piensan así.
La crisis fue muy grave, pero lo peor es que fue inequitativa, pues los banqueros y las grandes empresas recibieron todo el apoyo, mientras los deudores y la población pagaron las consecuencias, sostienen.
Aún hay miles de pequeños deudores que enfrentan juicios y embargos porque no pueden pagar los créditos animados por la supuesta bonanza económica que vivía México durante del gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) y la facilidad con la que se entregaba dinero.
El secretario de Hacienda, José Gurría, exhortó este lunes a los diputados a reflexionar sobre la conveniencia de convertir el rescate bancario en deuda y a entender que, si se permitía el quiebre del sistema, el costo fiscal habría sido de 64 por ciento del producto interno bruto.
Al transformarse el rescate en deuda se permitiría su manejo contable transparente, mejorar la situación de los deudores y podrían emitirse instrumentos negociables, dijo Gurría. Hoy, el rescate bancario está comprometido en pagarés que generan intereses.
Los diputados responden que se pretende actuar bajo la lógica de "privatizar ganancias y socializar las pérdidas" por lo que se frenará el proyecto de ley.
Mientras, fuentes extraoficiales aseguran que inversionistas y organismos internaciones presionan al gobierno para convertir el rescate en deuda pública, una condición para entregar nuevas ayudas.
Según los analistas, la actitud de los diputados frente al asunto, hecho que las últimas semana tensó las relaciones del gobierno con el Congreso, parte de los cálculos políticos respecto de las elecciones presidenciales del 2000.
"Transformar en rescate la deuda es un papa caliente. Ningún partido quiere tener la responsabilidad de cargar a toda la población el costo de una estrategia tan cuestionable", dijo el politólogo Jorge Castañeda.
De acuerdo con los diputados, la mitad de rescate se invirtió en instituciones bancarias que entraron en quiebra no precisamente por la crisis de fines de 1994, sino por la corrupción y el manejo irregular del dinero de ahorristas y cuentahabientes.
Hasta el momento se decubrió que los dueños de al menos tres de los 18 bancos que existían hasta 1994 se hicieron autopréstamos, intercambiaron créditos entre socios, subsidiaron empresas ineficientes y se llevaron dinero. Hoy, esos empresarios enfrentan procesos civiles y penales.
Gurría prometió a los diputados que la conversión del rescate de la deuda se hará con total transparencia, e incluso se pemitirá un auditoría de los montos que se entregaron a cada uno de los bancos, que ahora aseguran no poder pagar el salvamento que recibieron del Estado.
El secretario de Hacienda pidió recordar que una parte del rescate se entregó con la condición de beneficiar a los ahorristas y refinanciar sus créditos.
La estrategia del rescate adoptada por el gobierno de Ernesto Zedillo recibió el año pasado apoyo de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El propio mandatario lo presentó en un foro sobre la crisis asiática como ejemplo a seguir.
Tras los problemas bancarios de México, provocados por el aumento de las tasas de interés a 109 por ciento, y la intervención del gobierno, sobreviven seis bancos en México y varios de ellos solo gracias a la asociación con instituciones extranjeras, préstamos internacionales o fusiones. (FIN/IPS/dc/mj/if/98
