La decisión del gobierno de México de intervenir una estratégica aerolínea para neutralizar el paro decretado por sobrecargos pone en duda la vigencia de el derecho de huelga y revela dobles códigos al evaluar situaciones semejantes.
Amparado en una vieja ley, el presidente Ernesto Zedillo ordenó intervenir a primera hora del lunes la empresa Aerovías de México (Aeroméxico), que transporta siete millones de pasajeros al año, para garantizar el servicio, luego que el sindicato decretó una huelga.
"La requisa atenta contra el derecho de huelga. En la práctica, vulnera nuestro movimiento, resta fuerza y apoya a la empresa", dijo este martes a IPS Alejandra Barrales, líder de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.
La dirigente indicó que acudirá a foros internacionales para denunciar lo que entiende una violación de acuerdos multilaterales y convenios con los socios de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Canadá y Estados Unidos.
Los servicios de Aeroméxico, firma privatizada durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), se mantienen normales por la intervención gubernamental, medida acompañada de la promesa de respetar los derechos salariales de los trabajadores en conflicto.
En otros países, como Estados Unidos o Canadá, o en Europa, con los que México tiene acuerdos comerciales vigentes y en curso, el derecho a huelga se respeta por calamitosas que puedan resultar sus consecuencias, advirtieron sindicalistas.
En el caso de México, las huelgas contra empresas particulares son escasas. En este país nunca se ha realizado una huelga general contra el gobierno pues hasta 1997 los principales sindicatos eran parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde 1929.
Pero ahora, con el apoyo recibido por la Unión Nacional de Trabajadores, primera organización sindical no oficialista creada el año pasado, la situación parece en vías de cambio.
Los sobrecargos de Aeroméxico, que exigen un aumento salarial de 19 por ciento, entrega de seguros de retiro y jubilación, pagos especiales por trabajo en horas nocturnas y mayor tripulación en las aeronaves, eran hasta el domingo parte de los más de 700 emplazamientos a huelga presentados desde enero.
Al no llegar a un acuerdo con la empresa, el sindicato de sobrecargos decidió al fin decretar la detención de tareas.
"No pedimos nada que sea ilegal, pero la empresa se niega a atender las demandas con el argumento falso de una posible quiebra y hoy el gobierno lo apoya de forma indirecta", expresó Barrales.
La aerolínea aumentó en los últimos diez años sus ventas anuales de 136 a 1.000 millones de dólares. América Latina en general y México en particular son los mercados de aviación comercial de mayor crecimiento del mundo, según la firma Aviation Management Services, de Miami.
En contraste con la huelga de Aeroméxico, que cuenta con 54 aviones en servicio y cobertura a 34 ciudades de México y 12 del extranjero, desde diciembre se mantiene otra que para muchos analistas afecta a un sector importante desde el punto de vista social.
Se trata de una huelga en Monte de Piedad, institución que brinda pequeños préstamos prendarios, en general a personas de escasos recursos. Los 1.800 trabajadores sindicalizados de esta organización, 767 más que Aeroméxico, se quejan de abandono oficial.
Usuarios de Monte de Piedad que no puden recuperar bienes entregados en garantía ni obtener nuevos préstamos pidieron este martes, a través de los medios de comunicación, que el gobierno intervenga, al igual que en Aeroméxico, para reabrir la institución.
"Es evidente que Monte de Piedad no tiene la misma importancia estratégica que Aeroméxico, pero esto no hace que desaparezca el grado de injusticia de darle un trato tan distinto a las dos huelgas", señaló el columnista del diario Reforma, Sergio Sarmiento.
La Asociación de Trabajadores del Estado pidió anular el derecho que mantiene el gobierno para bloquear huelgas, pues se trata "de un rezago del pasado".
En los acuerdos laborales del TLC, Canadá, Estados Unidos y México se comprometieron a promover principios laborales como "libertad de asociación, derecho de negociación colectiva y derecho a huelga". (FIN/IPS/dc/mj/lb/98
