La detención del ex dictador argentino Jorge Videla reabrió el tema de las violación de los derechos humanos no sólo en ese país sino también en Uruguay, al divulgarse nuevas pruebas de la cooperación entre las dictaduras del cono sur de América en los años 70.
Los documentos, divulgados tanto en Buenos Aires como en Montevideo por diversos medios de prensa, fueron remitidos al juez español Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de ciudadanos de ese origen en Argentina.
Videla fue encarcelado por orden judicial la semana pasada por su responsabilidad en el secuestro de cuatro niños, un delito no comprendido en las leyes que cerraron en Argentina la posibilidad de castigo para los militares responsables de atrocidades durante la última dictadura (1976-83).
Dos de los cuatro niños por el secuestro por de los cuales el juez Roberto Marquevich ordenó la detención de Videla son hijos de padres uruguayos que figuran en la lista de los más de 140 ciudadanos de ese país desaparecidos en Argentina.
También tras la detención de Videla el comandante en jefe del Ejército argentino, general Martín Balza, admitió que en la época de la "guerra sucia" las Fuerzas Armadas emitieron "instructivos" para asesinar a las secuestradas embarazadas una vez que dieran a luz y para entregar a sus hijos a militares.
Los documentos divulgados tras la nueva confesión pública de Balza, que ya había realizado una autocrítica de su fuerza por su actuación en la represión a la oposición bajo la dictadura, involucran a cinco oficiales de las Fuerzas Armadas uruguayas y un policía.
Esos militares fueron ya reconocidos en numerosos testimonios de uruguayos secuestrados durante un tiempo en Buenos Aires como responsables de detenciones y desapariciones de ciudadanos de esa nacionalidad exiliados en Argentina.
Contra algunos de ellos la justicia argentina emitió en los últimos años pedidos de extradición, pero los sucesivos gobiernos democráticos que siguieron a la caída de la dictadura en Uruguay, todos de signo conservador, se negaron a darles trámite por distintos motivos formales.
Entre las excusas esgrimidas para esa decisión señalaban que se carecía de pruebas fehacientes de que hubiera habido participación efectiva de los militares uruguayos en la represión fuera de fronteras. Para ello se basaban sólo en declaraciones de los propios acusados, que negaban la veracidad de las denuncias.
El parlamento uruguayo emitió una declaración en el mismo sentido en 1985.
No obstante, pruebas documentales obtenidas en Buenos Aires por el semanario uruguayo Brecha y publicadas este viernes, demuestran que el Ejército argentino entregó a jerarcas del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas de Uruguay (OCOA) al menos a dos ciudadanos de ese país.
Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas de Zaffaroni, los jóvenes uruguayos en cuestión, fueron secuestrados el 27 de septiembre de 1976 en Buenos Aires y entregados a la OCOA un día después.
La ficha oficial del Batallón 601 del Ejército argentino, que oficializa la operación, hace constar el grado de peligrosidad de los involucrados y detalla los cuerpos represivos que intervinieron en la operación, así como diversos otros datos.
Junto al matrimonio Zaffaroni-Islas fue secuestrada la beba de ambos, Mariana, de 17 meses, que posteriormente fue cedida a un militar argentino y su esposa involucrados en la propia "desaparición" de los jóvenes uruguayos.
Los "padres adoptivos" de Mariana Zaffaroni Islas fueron detenidos muchos años después por orden del juez Marquevich, al probarse denuncias según las cuales una niña, que figuraba bajo la identidad fraguada de Daniela Furci, era en realidad la hija de Jorge y María Emilia.
Entre las pruebas de la coordinación represiva entre los ejércitos argentino y uruguayo en los años 70 aportadas este viernes por Brecha destaca también el testimonio del capitán argentino Andrés Francisco Valdez.
El oficial, cuyas declaraciones emitidas en 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de Argentina aún no habían sido divulgadas, señala que en los años 1976 y 1977 "era común que vinieran (a Buenos Aires) jefes operativos de países limítrofes".
Valdez reconoció al teniente coronel uruguayo Alfredo Bretón, a quien identificó como "jefe de Inteligencia de Operaciones Uruguayo-Argentinos, con sede en Uruguay", en los servicios de Inteligencia de Montevideo, y que operaba en el centro clandestino de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.
Al serles presentadas fotografías de desaparecidos uruguayos en Buenos Aires, el capitán reconoció al dirigente político y sindical Gerardo Gatti, secuestrado el 9 de junio de 1976. También admitió que uno de los motivos del secuestro de Gatti fue la extorsión.
Valdez corroboró así testimonios dados por sobrevivientes uruguayos de los centros clandestinos argentinos según los cuales los secuestradores de Gatti solicitaron un millón de dólares por la libertad de éste al Partido por la Victoria del Pueblo, del cual el desaparecido era secretario general.
Otros nombres de militares uruguayos involucrados en los documentos divulgados esta semana son José Gavazzo, Hugo Campos Hermida, Manuel Cordero, Emir Martínez, Guillermo Ramírez y Jorge Silveira, este último actual asesor del comandante en jefe del Ejército de su país, general Fernán Amado.
Por otra parte, los documentos publicados por Brecha involucran al ex canciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco, luego senador por el hoy gobernante Partido Colorado.
Blanco es señalado como responsable de haber ordenado seguimientos detallados en Buenos Aires al ex parlamentario de su país Zelmar Michelini, asesinado junto al presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay Héctor Gutiérrez Ruiz, y otras dos personas, el 20 de mayo de 1976 en Argentina. (FIN/IPS/dg/ag/ip- hd/98
