Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Honduras se declararon en estado de alerta ante la intención del Estado de fiscalizar los recursos procedentes de la cooperación internacional.
La Contraloría General de la República pidió a todas las ONG que operan en el país presentar antes del día 25 toda la documentación sobre sus actividades financieras y sus actas constitutivas. De desacatar la orden, serán sancionadas, advirtió el organismo.
Organizaciones de la sociedad civil que canalizan unos 200 millones de dólares anuales en recursos dirigidos al desarrollo y la democratización del país se manifestaron preocupadas por lo que consideran una "sutil" estrategia de centralización de poder del Estado.
La Contraloría anunció a fines de mayo su intención de investigar el funcionamiento de las ONG con el fin de saber cómo operan y en qué gastan los recursos procedentes del exterior.
"Hemos tenido muchas quejas sobre el funcionamiento de las numerosas ONG de desarrollo que existen en el país, y creemos que ya es tiempo de saber si realmente hacen algo beneficioso", dijo la contralora general, Vera Rubí.
La funcionaria indicó que la intención del gobierno es auscultar si estas organizaciones operan en el marco de la legalidad, qué tipo de ayuda reciben y cómo operan. "Muchas de estas instituciones a veces son grupos fantasmas que desvían la ayuda que reciben", dijo.
La decisión de la Contraloría generó diversas reacciones entre las casi 150 ONG que operan en el país, que perciben en la decisión una forma de "intervención" directa del Estado en sus actividades.
La Federación de Organizaciones de Desarrollo de Honduras, que nuclea 92 ONG, declaró esta semana que la disposición de la Contraloría a controlar y fiscalizar constituye "una amenaza" para la democracia hondureña.
Jorge Alberto González, directivo de la Federación, dijo a IPS que, según las leyes, la Contraloría tiene derecho a conocer el carácter legal de las ONG y los organismos privados de desarrollo con fines de lucro que operan en esta nación centroamericana.
Pero González advirtió que la ley, si bien permite a la Contraloría controlar el uso de los fondos que el gobierno otorga a las ONG para ejecutar proyectos sociales, no le habilita a "saber de dónde vienen las otras donaciones y cómo se ejecutan los gastos y la inversión de los recursos".
De allí que en el aviso del organismo estatal no se establece ninguna diferencia entre las organizaciones que trabajan con recursos estatales, con recursos privados o una combinación de ambos.
"Esto, en alguna medida, nos genera confusión porque no están bien claras las reglas del juego", apuntó González.
"Queremos creer que existe alguna confusión y no interpretar este aviso como un hostigamiento más a la labor de las ONG, a pesar de que las organizaciones en forma contínua colaboran y se someten a las normativas del gobierno y las leyes vigentes", agregó.
En una nota enviada a la Contraloría, las ONG reiteraron su disposición a regirse por un marco regulatorio sin que se violente sus derechos constitucionales.
Además, advirtieron el peligro que corre el país si los donantes externos retiran su ayuda al percibir que el Estado procura "controlar" la cooperación internacional.
En círculos diplomáticos trascendió hace dos semanas que las relaciones con el gobierno de Carlos Flores con los donantes no son buenas, pues éstos perciben entre algunos de sus funcionarios la intención de imponer de pautas y manejo a la cooperación internacional.
Un diplomático europeo que reclamó reserva sobre su identidad dijo a IPS que hace tres semanas se produjo un fuerte choque verbal entre organismos cooperantes y la Secretaría Técnica de Cooperación (SETCO), que dirige el ministro Moisés Starmank.
Al parecer, el funcionario anunció en esa cita que el gobierno de Flores revisaría uno a uno los proyectos de cooperación y sus fondos con el fin de auscultar si eran "prioritarios o no" para el gobierno.
"Los cooperantes se indignaron porque sintieron que se insultaba su trabajo. Muchos de ellos dijeron estar dispuestos a irse del país si esa revisión de proyectos tiene síntomas de imposición, control y sometimiento a un régimen nada democrático", dijo el diplomático.
La oposición ha manifestado rechazo a lo que considera rasgos de autoritarismo del gobierno de Flores, en especial por su tendencia a controlar la prensa.
Las ONG que operan en Honduras han promovido la apertura de espacios y la participación ciudadana, por lo que son un factor clave de los 17 años de ejercicio democrático ininterrumpido. (FIN/IPS/tm/mj/ip dv/98
