Los militares en Honduras aceptaron con desgano la decisión gubernamental de eliminar el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas a partir de 1999, cuya función la desempeñaría el ministro de Defensa.
El jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung, se vio obligado a sostener reuniones privadas con los oficiales para aplacar el descontento, en los días siguientes al anuncio hecho por el presidente Carlos Flores el sábado pasado.
Si bien el contenido de las negociaciones se mantuvieron en reserva, trascendió que numerosos oficiales le solicitaron a Hung su renuncia, al tiempo que le arrancaron la promesa de que no se convertiría en el próximo ministro de Defensa, como parte de las concesiones hechas al poder civil.
Durante la ceremonia de graduación de nuevos cadetes el sábado pasado, el jefe de las Fuerzas Armadas dijo que acataba la decisión de eliminar el cargo de Comandante en Jefe, porque así lo "reclaman los nuevos tiempos».
Flores dijo que la propuesta será discutida en el Foro Nacional de Convergencia, que reúne a representantes oficiales y de grupos de defensa de los derechos humanos.
De esta forma, Honduras confirma su decisión de subordinar el poder militar al civil, "dar un ejemplo de democracia y entender que los ejércitos no deben ser centros de riqueza para nadie, sino instituciones al servicio de la sociedad y su pueblo", señaló el mandatario.
Salvo el Partido Nacional, segunda fuerza política hondureña y aliado tradicional de los militares, los otros cuatro partidos políticos representados en el Congreso respaldaron la iniciativa del gobierno y se mostraron dispuestos a aprobar las reformas constitucionales cuando se presente el proyecto.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Mario David Villanueva, dijo a IPS que si bien existe algún descontento dentro de la institución, hay consenso en que deben respetarse los cambios y en la subordinación al poder civil.
El descontento en filas militares lo atribuyó a que muchos oficiales con "aspiraciones lógicas de llegar a conducir la institución ven frustrados estos sueños, porque al eliminarse el cargo de Comandante en Jefe, desaparece también el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas".
"Pero todo esta en calma", aseguró Villanueva, quien indicó que Hung logró explicar los alcances y beneficios que la reforma constitucional tendrá para las Fuerzas Armadas, "en su afán por limpiar su imagen y seguir gozando de credibilidad en la sociedad".
Honduras inició hace cuatro años un proceso de desmilitarización que tuvo como consecuencia tres atentados contra el ex presidente Carlos Roberto Reina (1994-98), quien quitó a los militares el control sobre instituciones clave como la central teléfonica y las oficinas de migración.
Versiones procedentes de Estados Unidos atribuyen estos atentados a un sector del ejército descontento con las reformas impulsadas por Reina, quien al final decidió frenar la política de desmilitarización, según confiaron a IPS allegados al ex mandatario.
Durante décadas, las Fuerzas Armadas de Honduras han ejercido un control real sobre los gobiernos y su influencia sigue siendo grande. Preparados para los "nuevos tiempos", los militares optaron por incursionar en los negocios.
Actualmente son dueños de un banco, una funeraria, un cementerio, una agencia de publicidad, varias empresas aseguradoras, una radioemisora, camaroneras, un equipo de fútbol y una de las dos cementeras del país.
Investigaciones recientes ubican a los militares como el octavo grupo económico del país, con activos netos del orden de 400 millones de dólares. Las inversiones buscan asegurar el futuro de los oficiales, pues de los beneficios de las empresas se excluyen a los soldados rasos.
"Las Fuerzas Armadas deben entender que se viven nuevos tiempos y si más de un oficial está molesto por los cambios, lo lamentamos por ellos, pero la supremacía del poder civil sobre el militar no debe volver a perderse nunca más", apuntó el dirigente socialdemócrata Olban Valladares. (FIN/IPS/tm/ag/ip/98
