Los solicitantes de asilo en Gran Bretaña sólo deberían ser privados de su libertad cuando los funcionarios de inmigración tienen motivos para creer que podrían ocultarse de las autoridades, pero muchos son detenidos arbitrariamente en cuanto llegan al país.
Como resultado, en cualquier momento dado hay en las prisiones y albergues de seguridad varios cientos de extranjeros detenidos, sin acceso al sistema judicial y en contravención de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la cual prevé que todas las decisiones de detención deben ser derivadas a un juez.
El ministro del Interior, Mike O'Brien, destacó que sólo 1,5 por ciento de los solicitantes de asilo son detenidos. "No deseamos encerrar a nadie, pero la detención es algo necesario", declaró el jueves.
Esta semana concluyó el juicio de nueve inmigrantes de Africa occidental acusados de iniciar un motín el verano boreal pasado que dejó al centro de detención Campsfield House, cerca de la ciudad sureña de Oxford, casi en ruinas.
Según el guardia de seguridad que brindó testimonio en el juicio, los acusados cometieron "abuso verbal", pero los solicitantes de asilo detenidos, que agitaban pancartas improvisadas y empujaban la cerca de alambre, gritaban "libertad".
Si hubieran sido hallados culpables, habrían pasado hasta 10 años en la cárcel, pero las declaraciones de los guardias privados de seguridad de Campsfield eran tan contradictorias que el juez presionó esta semana a la fiscalía a que retirara sus cargos.
Para los defensores del derecho de asilo, el final que tuvo el juicio confirmó sus denuncias contra el sistema "inhumano" vigente en Gran Bretaña.
"Este juicio puso en evidencia la política de las detenciones extrajudiciales, la cual requiere una revisión fundamental. Opinamos que el poder de detención es necesario, pero no debe usarse por rutina", declaró Claude Moraes, del Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes.
Nick Hardwick, director del Consejo de los Refugiados, estuvo de acuerdo. "Creemos que la forma en que se utiliza la facultad de detención en Gran Bretaña es arbitraria", ya que se detiene a los extranjeros sin pasar por un tribunal, sin darles razones escritas ni una fecha de liberación, denunció.
Además, todo el sistema de inmigración es "un completo caos". Hay 70.000 solicitudes de asilo que todavía no fueron consideradas, según Hardwick.
Evan Harris, un parlamentario liberal demócrata, también criticó la política de las autoridades de inmigración. "Detenemos a demasiadas personas por demasiado tiempo sin una razón escrita, sin darles el derecho automático a una audiencia de fianza y sin supervisión judicial de la detención", lamentó.
David Ramsbotham, inspector nacional de prisiones del gobierno, señaló los mismos problemas cuando visitó Campsfield House este año.
En un informe de enérgicos términos, Ramsbotham recomendó la realización en pocos días de "un estudio riguroso de la necesidad de detención" y medidas para que la detención de inmigrantes sea sometida al control judicial.
Desde entonces, el gobierno admitió, para su crédito, que el sistema de inmigración es caótico y necesita una reforma con urgencia.
Además, prometió presentar una nueva política que sea "firme, justa y expeditiva". Se prevé que el gabinete presentará sus propuestas de reforma a fines de julio. (FIN/IPS/tra-en/ml/rj/ml/pr-hd/98
