Con la declaración de Segundo Marey, cuyo secuestro marcó el comienzo de la "guerra sucia" contra los independentistas vascos, se abrirá el lunes en España la etapa decisiva del juicio por la represión ilegal entre 1983 y 1987.
La expectativa mayor es si el tribunal actuante considerará o no prescriptos los delitos, porque los testimonios y pruebas de culpabilidad se acumulan uno tras otro contra los acusados.
Desde que se inició el juicio, 15 días atrás, han comparecido ante el Tribunal Supremo de Justicia los 12 acusados, entre ellos un ex secretario de Estado y un ex director general de Seguridad.
Entre este jueves y el viernes, el tribunal tomará declaración al ex ministro del Interior y actual diputado José Barrionuevo, también acusado por la guerra sucia.
Todos pertenecen al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobernaba España al momento de los hechos que examina ahora la justicia.
Marey, un ciudadano francés apolítico, hijo de españoles, fue secuestrado en diciembre de 1983 en su domicilio en Bayona, Francia, próximo a la frontera con España, al ser confundido con Mikel Lejua, un dirigente de la organización ilegal Euskadita Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad).
Diez de los acusados han admitido su culpabilidad y sólo dos la niegan: Barrionuevo y quien fuera su segundo, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera.
Julián Sancristóbal, en la época del secuestro gobernador civil de Vizcaya, a cuyas órdenes estaba la policía de la provincia y quien dependía directamente de Vera y Barrionuevo, se declaró promotor de la idea de la "detención" de Lejua en Francia, y dijo que actuó autorizado por sus jefes.
Vera, por su parte, admitió este miércoles haber autorizado el secuestro en Francia de Larretxea Goñi, otro dirigente de ETA, pero "dentro de la más estricta legalidad" y con el aval de Barrionuevo.
No explicó, sin embargo, como podía ser "legal" que la policía a sus órdenes actuase en el país vecino.
El objetivo del secuestro frustrado de Larretxea Goñi era obtener información sobre el paradero del capitán Martín Barrios, secuestrado a su vez por ETA, explicó Vera.
Agregó que estuvo en conocimiento del secuestro de Marey, pero que no se preocupó porque había ocurrido en Francia y competía a la policía francesa.
Ni siquiera recuerda los comunicados que se difundieron entonces con la firma de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizados y financiados por autoridades del Estado para librar la guerra sucia.
Vera cree que el proceso en su contra se basa en la "animosidad, rencor e inquina" que le manifiesta el juez instructor, Baltasar Garzón.
Garzón fue durante dos años diputado independiente adscripto a la bancada socialista y ocupó una secretaría contra las drogas en el Ministerio del Interior mientras Vera se desempeñaba como titular de Seguridad del Estado.
No obstante, Vera criticó por primera vez en público al gobierno del socialista Felipe González (1982-1996), del que formó parte, por no haber indultado a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, los primeros condenados por el caso GAL.
Amedo y Domínguez fueron sentenciados por otro atentado de los GAL y al no estar indultados y ser sometidos nuevamente a proceso por el caso Marey, decidieron confesar. Abierta "la veda", los siguieron en sus confesiones otros ocho inculpados.
Barrionuevo, al igual que Vera, negará ante el tribunal su culpabilidad y hará recaer toda la responsabilidad sobre el juez Garzón, según se desprende de sus declaraciones a la prensa.
La duda que persiste es si adoptará la misma actitud de Vera y señalará con el dedo hacia arriba, en su caso hacia el ex jefe de gobierno González.
Hasta el momento, el juez instructor, la acusación del fiscal y la instrucción de la sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, las declaraciones de diez de los acusados y diversas pruebas documentales, inculpan también a Vera y Barrionuevo.
Los defensores de los acusados intentan lograr que se consideren prescriptos los delitos, dado que los que se juzgan fueron cometidos en diciembre de 1983.
Según la legislación española, en el caso de las detenciones ilegales, la prescripción opera a los diez años de ocurridos los hechos. Pero si se ha exigido una contrapartida para liberar al secuestrado, el plazo aumenta a 15 años.
El secuestro de Marey fue reivindicado con la firma GAL y en una llamada a una emisora se exigió como contrapartida para liberarlo la puesta en libertad de cuatro policías presos en Francia.
Los cuatro habian sido detenidos al fracasar en su intento de "detener" (versión Vera) o "secuestrar" (versión de la policía francesa) al etarra Larretxea, 15 días antes del secuestro de Marey.
Así las cosas, la declaración de Barrionuevo es esperada con gran expectativa, pues medios próximos a su familia señalan que de no prosperar la prescripción, podría "derrumbarse" y confesar.
En ese caso, el escándalo (y la posibilidad de proceso como inculpado) alcanzaría directamente a González.
La ronda de declaraciones de testigos que iniciará Marey el lunes incluirá en los días subsiguientes al actual vicepresidente del gobierno, Francisco Alvarez Cascos, a González y al ex viceprimer ministro Narcís Serra y al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, ambos socialistas.
También deberán declarar como testigos el general Emilio Alonso Manglano, que fue director general de los servicios de inteligencia y su segundo, el coronel Juan Alberto Perote.
Manglano ha asumido la misma posición de Vera y Barrionuevo, pero Perote reconocerá que el caso Marey fue un secuestro realizado desde el Ministerio del Interior y del que tuvo conocimiento pero no participó. (FIN/IPS/af/ff/ip/98
