La campaña del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) contra la creación de una Corte Penal Internacional que juzgue genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad, empieza a tener el efecto contrario al deseado, sostienen activistas de derechos humanos.
En marzo, el Pentágono lanzó una inusual campaña contra la Corte al convocar a más de 100 agregados militares extranjeros para advertirles sobre los riesgos que supondrá para sus fuerzas armadas el tribunal propuesto.
La advertencia de marzo "fue algo totalmente inesperado", dijo Richard Dicker, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
De inmediato, decenas de comandantes extranjeros, muchos de ellos de países con antecedentes de violación de los derechos humanos por parte de los militares, realizaron "llamadas frenéticas" a los diplomáticos que pretenden establecer la Corte para expresarles sus inquietudes sobre la cuestión, añadió.
Las consecuencias de la campaña dirigida por el Pentágono son imprevisibles, a una semana antes del inicio de un mes de reuniones en Roma, el sábado 15, con el fin de crear la Corte.
Algunos activistas por los derechos humanos y partidarios de la Corte temen que la iniciativa del Pentágono socave el objetivo del tribunal, y mine los objetivos del presidente Bill Clinton y la delegación de Estados Unidos en Roma.
Desde marzo, "hubo múltiples ocasiones en que oficiales militares estadounidenses aprovecharon la oportunidad para presionar a sus colegas" extranjeros, sostuvo Dicker.
En sus reuniones, los funcionarios del Pentágono declararon su oposición a la "definición demasiado amplia y vaga de crímenes de guerra", y a los fiscales con "autonomía ilimitada para comenzar las investigaciones" de la Corte propuesta.
La campaña del Pentágono podría alentar a funcionarios militares de decenas de países para participar más activamente en las negociaciones sobre la Corte.
De hecho, un documento del Departamento de Defensa "recomienda enérgicamente que los agregados militares extranjeros tomen un interés activo en las negociaciones".
"Sinceramente, es como pedirle a los zorros que ayuden a diseñar el gallinero", comentó Dicker.
El Pentágono asegura que no lleva a cabo campaña alguna contra la Corte. En las reuniones de marzo "no hubo presión, sino concienciación", adujo Frederick Smith, subsecretario adjunto de Defensa.
Pero algunas de las gestiones del Pentágono pueden tener un efecto contrario al deseado, precisamente porque "intentan cazar una mosca con un revólver", expresó Cherif Bassiouni, vicepresidente del comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que preparó el proyecto de estatuto de la Corte.
La campaña estadounidense no impidió que más de 50 países, de América Latina, Europa occidental y Africa austral brindaran su apoyo a una Corte relativamente fuerte y a un fiscal independiente.
Más importante aún, la campaña del Pentágono también cometió errores, señaló William Pace, de la Coalición para una Corte Penal Internacional, un grupo de organizaciones no gubernamentales.
Algunas advertencias contra los poderes de la Corte, incluidas en documentos del Pentágono, no reflejan la revisión judicial a que serán sometidos el tribunal y su fiscal, o el papel que tendrán las cortes nacionales antes del comienzo de la investigación internacional, arguyó Pace.
La otra falla de la campaña, como dijo un activista estadounidense, es que parece enfrentar la política del Pentágono con la de Clinton y el Departamento de Estado.
"Estoy seguro de que, en Estados Unidos, muchos electores se preocuparán porque en muchos aspectos el Pentágono tiene su propia política exterior", comentó.
Washington desistió de ofrecer su respaldo a una Corte con amplios poderes por el temor del Pentágono frente a la posibilidad de que esta procese a militares estadounidenses en el extranjero, aseguran analistas.
El embajador David Scheffer, principal negociador de Estados Unidos en relación a la Corte, reiteró la necesidad de mantener una fuerte presencia militar y de pacificación en todo el mundo como razón para insistir, por ejemplo, en la supervisión del Consejo de Seguridad sobre el tribunal internacional.
Estados Unidos cuenta con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
"El Departamento de Defensa tiene gran interés en asegurar que, bajo ninguna circunstancia, un efectivo militar estadounidense sea sometido a la autoridad de la Corte", señaló Morton Halperin, ex funcionario del Pentágono y actual vicepresidente de la organización Twentieth Century Fund.
"Esa posición no es congruente con una Corte efectiva", opinó.
Tampoco es necesaria, arguyó Halperin. Según el proyecto actual, la Corte tendrá garantías considerables para impedir que soldados de cualquier país con sistemas judiciales en funciones sean sometidos a la competencia del tribunal internacional.
Pero algunos funcionarios de la ONU temen que la insistencia de Washington de que los países con sistemas judiciales propios se encarguen de esos procesos, pueda conducir a efectos no deseados.
De esta manera, países que no tienen intención de juzgar a sospechosos de crímenes de guerra en sus fuerzas armadas también podrían impedir la investigación de la Corte.
Una consecuencia de la campaña del Pentágono ya es evidente. Habrá más efectivos militares de lo esperado en las reuniones de Roma, estimó Dicker.
Muchos proceden de países que hace poco se embarcaron en transiciones de una dictadura militar a un gobierno democrático. "Es un hecho profundamente inquietante", dijo Dicker. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq-lp/hd-ip/98
