La incorporación de India y Pakistán a una lista de 75 países del mundo que son o van a ser sancionados por Estados Unidos reavivó el debate en torno a los costos y la efectividad de esa modalidad de represalia internacional.
El economista y subdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, John Paul Acton, estimó que las sanciones unilaterales tienen un costo de 1.000 millones de dólares para la economía de Estados Unidos "y crecerán a medida que aumente el comercio".
"Las acciones multilaterales pueden ser aún más costosas", añadió el funcionario del Congreso, y advirtió que cuando los otros países no participan plenamente en las sanciones, éstas pueden evadirse desviando el flujo comercial por otras rutas.
El Consejo de Exportaciones presidencial informó que los 75 países considerados para la aplicación de sanciones unilaterales habrían incurrido en uno de los 27 tipos de conducta censurados por Estados Unidos.
En este momento, el Congreso estudia en Washington la aprobación de nuevas sanciones comerciales para países donde se persiga a las minorías religiosas o se permita el trabajo infantil, pero también considera mecanismos que permitan reducir la velocidad de aplicación de las sanciones.
El objetivo de esta propuesta es el de evitar las sanciones económicas unilaterales mientras no se hayan intentado acciones diplomáticas y multilaterales. Y en cualquier caso, que su aplicación sea el resultado de un estudio sobre sus costos y beneficios.
El Instituto de Economía Internacional (IIE) aseguró que las sanciones no son un mecanismo eficiente. De acuerdo con sus cifras, entre 1970 y 1980 sólo en 13 por ciento de los casos se logró influenciar a los países afectados, muy por debajo del 70 por ciento que se lograba entre 1945 y 1970.
Este organismo agregó que las sanciones multilaterales logran mejores resultados, con éxito en uno de cada cinco casos.
El subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat, admitió que las sanciones suelen fallar "porque la economía mundial ahora es muy interdependiente". Comentó que cuando a un país se le cierra el mercado de Estados Unidos "tiene muchas otras alternativas".
Eizenstat advirtió que Washington no dejará de aplicar sanciones unilaterales, aunque consideró que "a veces perjudican nuestra política exterior pues cuando castigamos a los malos gobiernos les damos una excusa para justificar sus propios errores", en alusión a los casos de Cuba, Irán y Libia.
Kimberly Elliot, investigadora del IIE, destacó que los beneficios de las sanciones son difíciles de precisar, pero "los costos son tangibles". Según sus estimaciones, afectan a exportaciones por 15 a 19 millones de dólares anuales, suficiente para generar 200.000 empleos bien pagados.
También se debate sobre el mecanismo para aplicar las sanciones. En el caso de naciones nucleares no declaradas que realicen pruebas, la ley estadounidense exige una prohibición inmediata a la venta de armas y oposición a créditos internacionales.
La Casa Blanca debe disponer qué hacer en el caso de las exportaciones agrícolas y los productos que tengan aplicación tanto civil como militar.
Los alimentos están excluidos, pero aún no está claro cuál será el futuro de los créditos que permiten a los agricultores estadounidenses exportar trigo a Pakistán, su tercer mercado mundial, si Washington decide prohibir los acuerdos con bancos estatales de ese país.
El presidente Bill Clinton decidió las sanciones tan pronto como se realizaron las pruebas atómicas del mes pasado, pero su aplicación es limitada. Por ahora, las empresas de Estados Unidos tienen prohibido venderle a los gobiernos de India y Pakistán productos que podrían ser usados en sus programas nucleares.
Sin embargo, pueden comerciar con entes privados de esos países y venderles productos que pueden ser usados tanto en el campo civil como en el militar, por ejemplo computadoras de alta velocidad.
Grupos opuestos al armamentismo pidieron a Washington aprobar sanciones más fuertes, ya que el impacto de los cortes en la ayuda financiera será limitado.
Pakistán es objeto de sanciones desde 1990 porque ya se sospechaba de su desarrollo nuclear e India iba a recibir 144 millones de dólares en ayuda económica y militar, o sea menos de 15 centavos de dólar por cada uno de sus 988 millones de ciudadanos.
Los grupos empresariales, entretanto, son partidarios de flexibilizar las sanciones, y argumentan que la amenaza de represalias no evitó que los dos países del sur de Asia realizaran sus pruebas.
El director de estudios de política exterior de Brookings Institution, Richard Haas, dijo que la confusión en torno al tema de las sanciones se debe en parte a que "fueron diseñadas como un factor de disuasión, pero nadie pensó lo que podría ocurrir si no lograban su misión".
El congresista demócrata por Samoa, Eni Faleomavega, consideró que Washington podría evitarse el fracaso de las sanciones recurriendo a un renovado liderazgo político.
Faleomavega se sumó a las críticas contra India y Pakistán, pero sugirió que estos dos países serían los primeros en someterse a verificaciones y desmantelar su arsenal "si las otras cinco potencias nucleares hicieran lo mismo". (FIN/IPS/tra-en/aa/lc- ml/ip/98
