Agobiado por una crisis financiera insostenible, el gobierno de Ecuador eliminó un viejo subsidio al gas de uso doméstico, para llevar unos 100 millones de dólares a sus vacías arcas fiscales.
El Ministro de Finanzas, Marco Flores, anunció que el precio del recipiente de gas de 15 kilogramos subiría desde este viernes de 90 centavos a 3,8 dólares.
Flores precisó que se mantendrá un subsidio focalizado de alrededor del 60 por ciento del precio en favor de la población más pobre. Las familias que consuman menos de 200 kilovatios hora de energía al mes solo pagarán unos dos dólares.
Ana Lucía Armijos, ex presidenta de la Junta Monetaria del Ecuador, dijo a IPS que la focalización del subsidio favorecerá a un 40 por ciento de la población, en un país cuyo promedio de consumo de energía es de menos de 150 kilovatios hora mensuales.
La eliminación de este subsidio se convirtió en el mayor dolor de cabeza de los tres últimos gobiernos, presididos por Sixto Durán Ballén, Abadalá Bucaram y Fabián Alarcón. Hasta hoy, todos habían cedido a las presiones sociales contra la medida.
Los expertos, sin embargo, creen que su eliminación es beneficiosa porque pondrá freno al contrabando de gas hacia Colombia y Perú, alentado por el bajo precio local.
"No es posible que se siga subsidiando a otros países y que la población pague por el combustible menos de un dólar, lo mismo que paga por una Coca Cola", comentó Armijos. El ingreso mensual mínimo en Ecuador es de unos 115 dólares.
El presidente del Consejo de Cámaras de la Producción, Gustavo Pinto, dijo a IPS que estaba satisfecho con la medida. "Hemos venido insistiendo al gobierno en la necesidad de tomarla, así como también creemos que debe ser eliminado el subsidio vigente al consumo de energía eléctrica", afirmó.
El subsidio a la energía eléctrica es el último que queda en Ecuador desde que comenzó el proceso de liberalización económica en 1984, durante el gobierno del derechista León Febres Cordero.
El Estado absorbe actualmente el costo del consumo de la población que utiliza 1.000 kilovatios hora al mes. Pinto se pronunció por limitar el subsidio sólo a los que consuman 200 kilovatios, ya que hoy se benefician sectores con ingresos medios y altos.
Pero los trabajadores advirtieron al gobierno que no tolerarán más cargas. Wilson Becerra, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que agrupa a las principales centrales sindicales, anunció que "no se aceptará una sola medida más que afecte la situación" económica popular.
El dirigente sindical comunicó al Congreso la oposición de los trabajadores a un proyecto de ley que aumentaría el Impuesto al Valor Agregado de 10 a 14 por ciento.
El gobierno ha pedido al Congreso que apruebe varias leyes que le permitirían obtener fondos para financiar un déficit fiscal que bordea el siete por ciento del producto interno bruto.
Tras meses de forcejeo con el Poder Ejecutivo, el Congreso decidió eliminar los denominados "escudos fiscales", por los cuales importantes sectores económicos no pagaban ciertos impuestos.
Sin embargo, Armijos indicó que esa decisión del parlamento no le dará recursos inmediatos al fisco, porque recién será ejecutada en marzo próximo, cuando las empresas declaran sus impuestos anuales.
Entre tanto el gobierno interino de Alarcón, que concluirá su período el 10 de agosto, enfrenta fuertes presiones de los empleados públicos, a los que no puede pagar los salarios con puntualidad.
El Congreso le ha negado otras posibilidades, como contratar un crédito con la garantía de las exportaciones de petróleo, de las cuales se nutre 40 por ciento del presupuesto.
Casi todos los sectores económicos y sociales coinciden en que el gobierno no tenía otra alternativa ante las negativas del Congreso a sus proyectos para financiar el déficit.
Sin embargo, las organizaciones populares exigen un trato equitativo frente a sectores como el bancario, que hoy se benefician de exenciones impositivas.
Esta semana, el dólar se contizó al alza, como una reacción de nerviosismo ante a la posibilidad de que se anunciaran nuevas medidas. Pero la ex presidenta de Junta Monetaria aseguró que no existen motivos para una devaluación, descartando insistentes versiones en este sentido. (FIN/IPS/amr/ag/if/98
