El nuevo Congreso de Ecuador, electo el 31 de mayo, entrará en funciones el 1 de agosto, pero nadie sabe hasta ahora bajo qué Constitución estará amparado.
La Constitución fue reformada este año por una Asamblea Nacional Constituyente, pero el gobierno se ha negado a publicar las reformas en el diario oficial, requisito para que entren en vigencia.
El conflicto entre el gobierno y la Asamblea Constituyente se produjo cuando ésta no concluyó su trabajo el 30 de abril, como estaba previsto, y prorrogó las funciones de una comisión para que redactara la nueva Constitución.
El gobierno y el Congreso alegaron que la Asamblea no tenía facultad para prorrogar sus funciones y desconocieron la reforma.
Pero muchos analistas consideran que el problema de fondo consistió en que a algunas fuerzas políticas, como el derechista Partido Social Cristiano (PSC), no compartieron las reformas y presionaron al presidente Fabián Alarcón para que las desconociera, bajo amenaza de llamarlo a un juicio político.
Antes de disolverse, la Asamblea decidió que la nueva Constitución entrara en vigencia el 10 de agosto, cuando tome posesión el presidente que resulte electo el 12 de julio próximo, en la segunda vuelta.
Pero el Congreso se instala 10 días antes de la asunción del nuevo presidente, por lo cual tendría que jurar con la Constitución vigente y no con la nueva.
Jaime Nebot, líder del PSC, declaró que la disputa sobre la Constitución que regirá el 1 de agosto tiene que zanjarla el Tribunal Constitucional.
La nueva Constitución establece que el presidente del Congreso será electo de entre los diputados del grupo más votado, condición que disputan el PSC y la Democracia Cristiana. Nebot, por tanto, podría aspirar a ser electo.
Mientras se resuelve el tema, los análisis sobre el contenido de la reforma constitucional señalan que estableció importantes cambios en la estructura política, jurídica y administrativa del Estado ecuatoriano.
El ex presidente democristiano Osvaldo Hurtado (1981-84), quien presidió la Asamblea Nacional Constituyente, considera que la nueva Constitución se encuentra entre las más avanzadas de América Latina en materia de libertades y garantías.
Con esta opinión coincidió el sociólogo Lautaro Ojeda, experto en temas administrativos. La nueva Constitución de Ecuador tiene una "vocación social", expresada en "el reconocimiento de los derechos sociales de los grupos vulnerables", que antes se hallaban excluidos, afirmó.
La nueva Constitución incorpora explícitamente normas de protección y salvaguardia de los derechos de la familia y de niños y adolescentes, mujeres, ancianos, minorías étnicas indígenas y negras, y discapacitados.
Reconoce, además, las diversas estructuras de familia que coexisten en Ecuador. Hasta ahora, sólo se consideraba núcleo familiar al integrado por el padre, la madre y los hijos, en un país donde más de un tercio de los hogares tienen como jefe a una mujer.
También reconoce iguales derechos y obligaciones a las uniones de hecho que a los matrimonios, y admite el trabajo doméstico no remunerado como labor productiva.
La nueva Constitución consagra el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades laborales, la autonomía personal y la autodeterminación sobre sexualidad y reproducción.
La nueva Constitución también incorpora el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y reconoce a la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, como los relativos a la medicina natural.
Con la reforma constitucional los indígenas "conseguimos un 70 por ciento de lo que reclamábamos", dijo a IPS Pedro de la Cruz, dirigente de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador (FENOCIN).
"Todavía seguiremos luchando porque se reconozca la plurinacionalidad y una legislación que nos dé mayor acceso a la tierra", añadió.
En materia de educación, la reforma constitucional ratificó la gratuidad hasta la enseñanza media y ratificó la disposición que asigna 30 por ciento del presupuesto al sector. También incorporó por primera vez el fomento estatal a la ciencia y la tecnolgía.
Pero la población está poco informada sobre la nueva Constitución. Una encuesta de la empresa Market revela que 41 por ciento de los ecuatorianos cree que la reforma es importante ante 34 por ciento que piensa que "no ha servido para nada". (FIN/IPS/amr/ag/ip/98
