El presidente de Perú, Alberto Fujimori, exhibirá en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que desde este lunes analizará el problema de las drogas el éxito de su política represiva en la materia pero esquivará acusaciones sobre derechos humanos.
Fujimori expondrá la reducción, en cinco años, de más de 65 por ciento de la extensión sembrada de coca en su país, resultado que se atribuye, sobre todo, en la eficaz vigilancia aérea contra el tráfico ilegal de pasta básica de cocaína desde las selvas peruanas.
También mostrará los resultados de la represión del traslado clandestino de insumos químicos desde la costa a los tropicales valles del oriente peruano, donde se produce la coca y se la transforma en pasta básica de cocaína.
En 1997, la policía peruana interceptó 268 toneladas de 18 sustancias químicas que se utilizan como insumos en la elaboración de pasta básica de cocaína y que eran transportadas clandestinamente en pequeños alijos por las carreteras hacia la selva.
"Producir coca en la selva peruana ya no es el buen negocio que era hasta hace algunos años. La hoja de coca y la pasta básica han caído de precio porque la represión encarece y dificulta la exportación ilegal de la droga a Colombia", comentó el experto Raul Serrano.
Serrano, especialista de Cedro, organización no gubernamental que combate el consumo de drogas, dijo que "aunque no existe un presupuesto oficial suficiente, la situación favorece los planes de sustituir el cultivo de coca por otros productos alternativos rentables".
Es probable que Fujimori aproveche la sesión especial de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para pedir a la comunidad internacional 500 millones de dólares para financiar un proyecto de desarrollo de cultivos alternativos a la coca, mas amplio y eficaz que el iniciado por su gobierno.
Pero tendrá que enfrentar un asunto eclipsado con discreción pero que sin duda predomina en algunos ámbitos de la comunidad internacional: la situación de los derechos humanos en Perú, al que sus críticos vinculan con los mecanismos de represión antidrogas.
El Centro Lindesmith, instituto de investigación sobre políticas antidrogas con sede en Nueva York, sostuvo que el apoyo internacional en la materia "está reforzando a unas abusivas fuerzas policiales y militares en la región andina y México".
"Las políticas internacionales de control de drogas estimulan a los ejércitos a entrometerse en la administración de la ley y socavan los esfuerzos en América Latina para promover los derechos humanos, la democracia y la seguridad regional", explica el informe del Centro Lindesmith.
"En nombre de la guerra contra las drogas en Perú y Colombia, Estados Unidos y otros gobiernos proporcionan asistencia a militares y a servicios de inteligencia considerados los peores violadores de los derechos humanos en el hemisferio", precisó.
Fujimori será uno de los 14 mandatarios de América latina que asistirá a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, denominada "Cumbre sobre las Drogas", a la que también asistirá el estadounidense Bill Clinton y jefes de estado y de gobierno de todo el mundo.
El supuesto vínculo entre el apoyo financiero internacional antidrogas y el servicio de inteligencia de Perú estalló con ribetes de escándalo a fines de abril, cuando se produjo la visita de Barry Mc Caffrey, jefe de la Oficina Nacional contra las Drogas de la Casa Blanca.
A su retorno a Washington, Mc Caffrey se sintió obligado a explicar en una conferencia de prensa su incomodidad por la asistencia a las reuniones oficiales a las que concurrió en Lima de Vladimiro Montesinos, el controvertido jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú.
Sin embargo, Mc Caffrey no pudo menos que felicitar al gobierno por el éxito de la represión al narcotráfico, en tácita comparación con los resultados de Bolivia, Colombia y México, los otros países latinoamericanos involucrados en el problema.
En los últimos años, como consecuencia de la eficaz represión en Perú contra la producción de pasta básica de cocaína, el esquema internacional de la oferta de la droga ha variado.
En ese esquema, Perú y Bolivia eran países "fuente", es decir productores básicos de cocaína, en tanto México y Colombia eran países "puente", por donde pasaba la droga hacia los mercados norteamericanos y europeos.
Sin duda, la política antidrogas en los demás países productores de la región no tiene el mismo éxito que en Perú, pues la oferta mundial de cocaína aumentó y los cultivos de coca se incrementaron 12 por ciento, a pesar del descenso en Perú.
En especial grave es la situación de Colombia, país que, según fuentes estadounidenses, ha recibido unos 1.000 millones de dólares de ayuda de Washington, pero donde la producción de droga ha aumentado 260 por ciento en los últimos 10 años.
La eficacia de la vigilancia del espacio aéreo peruano para detectar y abatir las avionetas de los narcotraficantes que transportan entre una y dos toneladas de pasta básica de cocaína por vuelo obligó a las bandas a buscar nuevas vías.
Montesinos explicó a Mc Caffrey que ahora se debe mejorar ahora los sistemas de control fluvial.
Pero el transporte clandestino por río es más expuesto y, por lo tanto, más caro que el rápido empleo de las avionetas de los narcotraficantes, pues solo puede realizarse mediante "trasteo", es decir en cantidades relativamente pequeñas y aprovechando el transporte público.
Fuentes de la Dirección Antidrogas de Perú informaron que once instructores del cuerpo de Guardacostas e Infantería de Marina de Estados Unidos operan en la base Santa Clotilde, en el río Amazonas, y adiestran personal naval y policial peruano, para optimizar los mecanismos de interdicción fluvial. (FIN/IPS/al/mj/ip/98
