Estados Unidos ya selló varios "acuerdos marítimos antidrogas" y negocia otros que permitirían la persecución de narcotraficantes en aguas territoriales de terceros países, pero tropieza con argumentos basados en la soberanía.
El gobierno de Nicaragua rechazó el primer borrador de Acuerdo Marítimo Antidrogas negociado con Estados Unidos por considerar que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales.
Estados Unidos comenzó en septiembre negociaciones similares con Costa Rica, pero este acuerdo marítimo antidrogas quedó congelado en manos de una Comisión de la Asamblea Legislativa de ese país.
Por su parte, una fuente diplomática estadounidense recordó a IPS que ya se firmaron acuerdos marítimos similares con Belice, Panamá, Colombia, Venezuela, Jamaica, Bahamas y República Dominicana, entre otros.
En tanto, están en proceso de conversaciones con Nicaragua, Guatemala, Honduras, Gran Bretaña y Holanda, entre otros.
"Los éxitos obtenidos gracias a estos convenios con los países del Caribe Oriental obligaron a los narcotraficantes a ejercer mayor presión sobre las rutas del Caribe Occidental y por América Central", afirmó el diplomático estadounidense.
"Los caminos y las rutas están cambiando, y Nicaragua es uno de los países más vulnerables de la región, por falta de infraestructura y porque no hay colaboración oficial con el ejército nacional", añadió.
De acuerdo con datos oficiales, la producción de cocaína anual de América del Sur se calcula en 850 toneladas métricas, de las cuales 250 toneladas son trasladadas por los narcotraficantes por las aguas del Pacífico, y más de 200 por el mar Caribe.
Sin embargo, las autoridades de México, América Central y el Caribe apenas incautan 78 toneladas métricas.
"Queremos cerrar esa puerta de entrada con la ayuda de nuestros aliados, y el Acuerdo Marítimo Antidrogas persigue eso", dijo el funcionario estadounidense.
Los puntos controvertidos, de acuerdo con el borrador de acuerdo estadounidense-nicaragüense al que accedió IPS, se refieren al interés de Washington de que sus guardacostas puedan internarse en aguas territoriales nacionales, en persecución de naves sospechosas de transportar drogas.
Además, proponen que aviones estadounidenses sobrevuelen el espacio aéreo nicaragüense para interceptar aeronaves de los carteles de las drogas, y hasta puedan obligarlas a aterrizar.
Ambos puntos fueron rechazados por una Comisión Especial integrada por representantes de diversos ministerios y entes autónomos, entre los que se destacan Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas.
Para evitar mayor revuelo, Estados Unidos propone que Nicaragua designe oficiales policiales para que viajen a bordo de las naves guardacostas y participen en los operativos de persecución, detención y captura.
En caso contrario, propone a las autoridades nicaragüenses la solicitud de autorización para perseguir y abordar la nave sospechosa, y hasta detenerla si se encuentra evidencia de narcotráfico.
"Nicaragua revisó el borrador y planteó que no se puede firmar en la forma en que está establecido, ya que se violentan normas constitucionales, así como normas procesales", afirmó la procuradora penal de este país, María Alicia Duarte.
"Se contempla que puedan hacer incautaciones y detenciones en nuestro mar territorial y eso violenta nuestras leyes, ya que la policía nacional es la única facultada para ejercer esas funciones", añadió Duarte, representante de la Procuraduría General.
La Constitución aprobada en 1987 y reformada en 1995 establece que "la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense".
"Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo", afirma la Constitución en sus principios fundamentales.
No obstante, el integrante de la Corte Suprema de Justicia Arturo Cuadra Ortegaray señaló a IPS que en este asunto se manifiesta en la sociedad una gran sensibilidad.
"No hay que ser tan severos en la apreciación de la soberanía nacional, ya que hay un movimiento hacia la globalización y las fronteras se vuelven borrosas, sobre todo en tiempos de paz", afirmó Cuadra, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.
"Además, existen los auxilios mutuos, la reciprocidad entre los estados, y Nicaragua está obligada a cumplir con los convenios internacionales suscritos", añadió.
En ese sentido, una fuente de la Embajada de Estados Unidos recordó que Nicaragua es signataria de la la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrado el 19 de diciembre de 1988.
"Las partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar", reza el numeral 1 del Artículo 17 de la Convención, referida al tráfico marítimo ilícito.
Cuadra explicó a IPS que los convenios internacionales son de cumplimiento obligatorio para los estados. "La Constitución priva sobre todo, después están los convenios internacionales y las leyes del país", comentó.
Pero quienes cuestionan el Acuerdo Marítimo Antidrogas insisten en que se puede aceptar y suscribir siempre que se eliminen los puntos controvertidos relacionados a la soberanía de acuerdo con la Constitución de la República.
"En toda negociación esto es lo más normal. Un primer borrador siempre es desechado. No es nada fuera de lo común en las negociaciones bilaterales o multilaterales. Los borradores se van adecuando conforme a los intereses y expectativas de ambas partes", comentó un funcionario. (FIN/IPS/tra-en/rf/mj/ip/98
