Los países de habla inglesa de la Comunidad del Caribe pretenden que el Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya creación se discute en esta capital, aplique la pena de muerte.
La iniciativa enfrenta al bloque caribeño (Caricom) con América Latina y Europa, aunque ambas partes coinciden en que la corte debe ser fuerte e independiente.
Desde el día 15 y hasta el 17 de julio, delegados de 156 países participan en Roma de una conferencia de las Naciones Unidas destinada a crear un Tribunal Penal Internacional permanente que juzgue crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidios.
"Trinidad y Tobago castiga el asesinato con la pena capital. Si un asesino recibe una sentencia de muerte, es difícil aceptar que un genocida sea condenado a cadena perpetua. Creo que ésta es la opinión general de Caricom", opinó un experto en temas jurídicos del Caribe.
Pero el respaldo a la pena de muerte coloca a Trinidad y Tobago y a otros miembros de Caricom en una compleja situación frente a los países que comparten su posición favorable a una fiscalía fuerte del TPI y una intervención limitada del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Muchos estados de Caricom, como Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados, los cuatro miembros de mayor población, apoyan la pena de muerte, mientras la mayoría de sus aliados de América Latina y Europa occidental, además de Sudáfrica, la rechazan.
Como consecuencia, gran parte del grupo, y presumiblemente la mayor parte de la comunidad internacional, no aceptarán la aplicación de la pena capital, lo que dejaría a la cadena perpetua como sanción máxima imponible por el tribunal propuesto.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, reconoce las dificultades al respecto ya que "hay muchos gobiernos que no aceptan la pena capital" en sus leyes nacionales.
"Personalmente, no veo cómo un tribunal cuya creación se está discutiendo podría imponer la pena de muerte, dadas las diferencias entre los sistemas jurídicos de los estados miembros", declaró Annan.
"En los dos tribunales ad hoc que la ONU formó para Bosnia- Herzegovina y Ruanda, la pena de muerte no está incluida entre las sanciones", subrayó.
Pero la posibilidad de que la pena capital no se incluya en las discusiones en curso en Roma presenta un complicado problema político para los estados del Caribe dispuestos a respaldar al TPI.
"En lo que respecta al TPI, no hay manera de que Trinidad y Tobago pueda adherir a una postura contra la pena de muerte", aseguró a IPS una fuente del Caribe.
Los últimos sondeos de opinión revelaron que la pena capital contaba con cerca de 90 por ciento de apoyo popular en Trinidad y Tobago. Ese respaldo presiona al gobierno del primer ministro Basdeo Panday a acelerar las gestiones para ejecutar a cinco condenados por asesinato antes de fin de mes.
La iniciativa enfrentó al gobierno con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que pidió el aplazamiento de las ejecuciones.
Trinidad y Tobago no es el único país de Caricom dispuesto a aplicar la pena de muerte pese a la oposición externa. Barbados y Guyana pretenden seguir su ejemplo y retirarse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de acelerar sus propias ejecuciones.
La presión a favor de la pena capital se acrecentó, al menos en parte, por el tráfico de drogas, el otro gran problema en que Caricom desea la intervención del TPI. Los expertos atribuyen al tráfico el aumento de la violencia y los asesinatos en la región.
"Los efectos devastadores del tráfico ilícito de narcóticos continúan en nuestra región", dijo el fiscal de la nación de Trinidad y Tobago, Ramesh Maharaj, a los delegados de la conferencia de Roma.
"Los traficantes de drogas perjudicaron la estructura de las sociedades caribeñas. Las actividades internacionales de los traficantes y de las personas que los respaldan a través de las armas representan una grave amenaza para la humanidad", advirtió.
Los países de Caricom aún presionan para colocar al tráfico de narcóticos en la lista de crímenes de competencia del TPI y consiguieron el respaldo de un puñado de países fuera de la región, señaló un abogado europeo.
En 1988, el entonces primer ministro de Trinidad y Tobago, Arthur Robinson, propuso que el TPI combatiera el tráfico de drogas cuando presentó la cuestión por primera vez ante la Asamblea General de la ONU, pero ahora pocos países apoyan su inclusión en la competencia del tribunal.
"Claramente uno puede ver que la tendencia actual es contra la inclusión del tráfico de drogas en los crímenes" de competencia del TPI, señaló el delegado del Caribe. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq-ml/hd/98
