La trayectoria de la principal organización de derechos humanos del mundo, Amnistía Internacional, dio con un informe difundido hoy un giro histórico al otorgar inusual destaque a problemas económicos y sociales.
El informe anual de Amnistía Internacional establece que la promesa de acabar con la crueldad y la injusticia asumida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas hace 50 años continúa incumplida.
Mientras tanto, la aspiración de dar una vida decente a todos, también formulada en la Declaración, se ve amenazada por la globalización y la falta de respeto a los derechos económicos, según la organización.
La Declaración, en vigencia desde el 10 de diciembre de 1948, es hoy "poco más que una promesa en el papel" para la mayoría de la humanidad, advierte el informe.
"Para la mayoría de la gente, los derechos en la Declaración Universal son poco más que una promesa sobre un papel, una promesa incumplida para los 1.300 millones de personas que luchan para sobrevivir con menos de un dólar diario", sostuvo Amnistía Internacional.
El informe, refido a la situación de los derechos humanos en 141 países en 1997, afirma que tampoco se respetan los derechos de "35.000 niños que mueren a diario de desnutrición y enfermedades prevenibles, 1.000 millones de adultos, la mayoría mujeres, que no saben leer ni escribir".
Se trata de un giro importante en el enfoque de Amnistía Internacional, que en su historia ha concentrado su atención en los derechos políticos y civiles y hoy observa que los derechos económicos, sociales y culturales deben articularse mejor en sus actividades.
"La pobreza en todas sus manifestaciones es una grave violación de los derechos sociales y económicos consagrados en la Declaración", enfatizó Amnistía Internacional.
Los ajustes estructurales en los países en desarrollo y la tendencia mundial a la competencia por las inversiones "aumentó la marginalización de los grupos pobres y vulnerables en todas partes y contribuye a que se violen los derechos humanos", según el informe.
El documento de 395 páginas anuncia que Amnistía Internacional concentrará cada vez más actividades frente a institituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para asegurarse de que "los derechos humanos sean tomados en cuenta" en sus gestiones.
El director de la filial estadounidense de Amnistía Internacional, William Schulz, observó al presentar el informe en Washington que la tortura y el maltrato a manos de policías y otras autoridades estatales se practicaron en 117 países, casi dos tercios del total, en 1997.
El informe detalla ejecuciones extrajudiciales en 55 países, 90 por ciento más que en 1991.
"Aquí estamos, 50 años después de la adopción de la Declaración Universal diseñada para garantizar el debido proceso y para proteger a los ciudadanos de la violencia gubernamental, y casi un tercio de los países del mundo matan aún a sus propios ciudadanos sin acusación o juicio justos", dijo Schulz.
Las ejecuciones sumarias se registraron en 31 países de Africa subsahariana, 28 de Europa (la mayoría en los Balcanes y en las repúblicas que integraron la Unión Soviética), 22 de Asia y 20 en América, donde Colombia encabezó las listas de masacres y desapariciones forzadas de personas.
El discreto respaldo de Estados Unidos a las fuerzas armadas de Colombia y otros países fue una de las tres principales noticias no abordadas por los medios de comunicación en 1997, dijo Schulz.
Distintos informes documentaron la actuación de fuerzas especiales de operaciones estadounidenses en el entrenamiento de militares de Colombia e Indonesia, dos de los países "más notorios" como violadores de derechos humanos.
La filial estadounidense de Amnistía Internacional reclamó al Congreso en Washington una investigación para determinar el papel de estas fuerzas.
Las restantes dos "historias no contadas" de 1997 fueron el mantenimiento en Rusia del "sistema Gulag" (cárceles donde fue notoria la aplicación de torturas en la hoy disuelta Unión Soviética) y "la muerte del mito de los valores asiáticos" que ubicaba los derechos comunitarios encima de los individuales.
"Muchos lo ven difícil de creeer, pero la situación en las cárceles de Rusia en materia de tortura y maltratos policiales es peor que en la era soviética", dijo Schulz.
Grupos de derechos humanos de Rusia sostuvieron que miles de presos sufren golpizas, choques eléctricos, torturas, sobrepoblación y falta de atención médica, y que muchos mueren por esas causas, agregó el activista estadounidense.
El derrocamiento de Alí Suharto en Indonesia, la elección de Kim Dae Jung, otrora prisionero de conciencia defendido por Amnistía Internacional, como presidente de Corea del Sur, y la victoria de partidos democráticos en Hong Kong demuestran que la tesis de los "valores asiáticos" perdió vigencia.
Se trata de "un engaño, una pista falsa" pergeñada "para mantener a los tiranos en el poder", dijo Schulz.
Del mismo modo, la crisis financiera en Asia, en especial del modo como se desató en Indonesia, también acabó "con un segundo mito que asegura que el estado de la economía regional no tiene nada que ver con los derechos humanos", afirmó.
"La caída de las monedas no ocurrió solo por malas decisiones empresariales. Cayeron por el nepotismo y la corrupción, por la falta de una prensa libre para decir verdades difíciles, la falta de una oposición política y la insatisfacción e inquietud que dejan las violaciones de derechos humanos", sostuvo.
El presidente estadounidense Bill Clinton debería aprender la lección antes de su primera visita de Estado a China a fines de este mes.
Según Schulz, la forma como el mandatario manejará el viaje, en especial el acto de bienvenida en la plaza de Tiananmen, "pondrá a prueba su legado" en materia de derechos humanos, que hasta ahora ha sido "decididamente decepcionante".
Ir al lugar donde fue cometida la masacre de cientos de estudiantes prodemocráticos en junio de 1989 "y no hablar de derechos humanos es tan impensable como ir a la isla de Robben, donde Nelson Mandela estuvo encarcelado más de dos decenios, y no hablar sobre el apartheid", explicó.
La presidencia de Clinton también está a prueba desde el lunes en Roma, donde las Naciones Unidas discutirán durante cinco semanas el establecimiento de una Corte Penal Internacional para el proceso de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha procurado "debilitar" el futuro organismo permanente al insistir en que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben conservar el poder de veto sobre sus decisiones, explicó Schulz. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mj/hd/98
