El gobierno y organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica iniciaron hoy un diálogo en torno a temas medulares que pueden definir la ruta que seguirá el país en los próximos años.
El presidente Miguel Angel Rodríguez dijo al firmar el reglamento que regirá el proceso de concertación que su gobierno no caerá en la inacción y, por tanto, no renuncia a su obligación de gobernar mientras dure la iniciativa.
"El reglamento es el cuerpo de la concertación. Está dividido en cinco capítulos: objetivos, los órganos de la concertación, la agenda, los procedimientos para llegar a acuerdos y la ejecución de los acuerdos. Pero el alma del proceso será la gente que participa", dijo el ministro de la Presidencia, Roberto Tovar.
El reglamento incluye también la figura de una Junta de Mediadores, constituida por los ex presidentes, el Arzobispo de San José y las vicepresidentas, para coordinar la discusión de aquellos temas que no logren consenso en los foros ordinarios.
Tovar indicó que la concertación se inicia con la discusión de temas trascendentes, como el futuro del régimen de pensiones, la corrupción, el desarrollo rural, el mercado de seguros, las telecomunicaciones, la inversión social y la política salarial.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, dijo que la concertación es un reto para todos los sectores sociales, aunque anticipó que no será fácil porque se presentarán conflictos en muchas áreas.
"Venimos con excepticismo, pero venimos porque creemos que debemos hacer saber a los demás sectores sociales cuales son nuestras ideas y propuestas", dijo Vargas.
En tanto, el sacerdote Armando Alfaro dijo que la Iglesia Católica participará en el proceso para que todo se haga con libertad, justicia y transparencia.
La Iglesia Católica lanzó en diciembre, en medio de la campaña electoral, la idea de un diálogo nacional que fue acogida en ese momento por Rodríguez, quien asumió el poder el 8 de mayo tras triunfar en las elecciones presidenciales.
El diálogo busca definir el rumbo del país en temas como la privatización de empresas públicas o la apertura de algunos monopolios, temas en los que Costa Rica ha quedado rezagada respecto de otros países de la región, por falta de acuerdo entre los sectores sociales.
"La historia nos ha demostrado que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, pero cuando finalmente lo logramos, es para llevar adelante reformas permanentes", dijo el ex ministro de Planificación, Leonardo Garnier (1994-98).
Costa Rica aún mantiene el monopolio estatal de los seguros y de la producción de combustibles. Pero el tema más polémico es el de la posible privatización del estatal Instituto Costarricense de Electricidad y de su subsidiaria Radiográfica Costarricense, dedicada a las telecomunicaciones.
Las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil no están convencidas de las bondades de la privatización y de un sistema de libre mercado, pero tampoco están satisfechas con la ineficiencia de los servicios estatales.
Estos temas también estarán en la agenda de la concertación dentro de un área de productividad, donde las prioridades las tienen el equilibrio fiscal, la generación de empleo, la deuda interna, la privatización de empresas públicas, las libertades sindicales y la incorporación de los excluidos.
Las reglas del juego ya están definidas. Habrá seis órganos encargados de facilitar el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, que a la vez deberán garantizar el cumplimiento de normas de comportamiento básicas, que parten del principio de que el que participa lo hace por su propia voluntad.
Entre esas normas destaca que los participantes se abstendrán de recurrir a medidas de fuerza para hacer prevalecer sus intereses y se prohiben las negociaciones paralelas. (FIN/IPS/mso/ag/ip-dv/98
