Ejecuciones extrajudiciales, torturas y amenazas cometidas por policías y militares son constantes en América Latina, donde la mayoría de esos delitos continúan en la impunidad, según el último informe de Amnistía Internacional.
El título del informe correspondiente a 1997 marca desde su título la infructuosa tarea del organismo humanitario, al señalar que el último fue "un año de promesas rotas".
Así, en Argentina, las organziaciones defensoras de los derechos humanos continuaron recibiendo informes de torturas y malos tratos infligidos a personas detenidas en comisarías.
Estos hechos tuvieron lugar pese a que el año anterior, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura había expresado al gobierno argentino su preocupación por la gravedad de los abusos cometidos por la policía, a veces con resultado de muerte o lesiones graves.
En Bolivia, mientras defensores de los derechos humanos fueron objeto de agresión y amenzas, "al menos una persona fue presunta víctima de ejecución extrajudicial" y se registraron informes sobre tortura y malos tratos a detenidos, entre ellos varios campesinos.
Una situación grave se verificó en Brasil, donde "centenares de personas murieron a manos de la policía y escuadrones de la muerte vinculados a las fuerzas de seguridad", que "continúan gozando de impunidad", dice el informe, que se distribuyó la semana pasada.
En Brasil hubo ejeciones extrarjudiciales y en Río de Janeiro aumentó "el número de disparos mortales", como resultado de incentivos del gobierno a los agentes de policía para que demostraran "valentía y arrojo".
En Chile, mientras continúa la pugna por cerrar o continuar las investigaciones de violaciones cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), persisten las denuncias de torturas infligidas por miembros de las fuerzas de seguridad del actual gobierno.
Amnistía Internacional también destacó la situación grave de violencia contra los ciudadanos que deberá enfrentar el presiente electo Andrés Pastrana a partir del 7 de agosto, cuando comience su mandato.
La organización humanitaria denunció asesinatos perpetrados en Colombia por "las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares que actuaban con su apoyo o adquiscencia". Muchas víctimas fueron toturadas antes de ser asesinadas.
Al menos 140 personas desaparecieron el último año en las zonas urbanas y centenares de sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas sociales fueron detenidos y juzgados por delitos políticos, dice el informe sobre Colombia.
Amnistía también señaló que los grupos insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional provocaron muertes y secuestraron al menos a 600 personas como rehenes.
Mientras, en Cuba continúan encarcelados "centenares de presos políticos", condenados en juicios "sin las debidas garantías", pero además se registraron informes de malos tratos y tortura que causaron al menos una muerte.
La organización denunció que en Cuba los reclusos son sometidos a un trato "cruel, inhumano y degradante".
Amnistía recibió desde Ecuador informes "de torturas y malos tratos" cometidos por las fuerzas de seguridad, y destacó que el gobierno ecuatoriano no aclaró denuncias sobre hechos semejantes perpetrados en años anteriores ni juzgó a los responsables.
El Salvador, Guatemala y Honduras presentan cuadros similares. En los dos primeros países se registraron torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y en Honduras se agregaron denuncias de torturas en las cárceles.
En México, las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas que Amnistía Internacional consideró "presos de conciencia", mientras defensores de los derechos humanos y periodistas sufireron amenzas de miuerte, agresiones y otras formas de hostigamiento.
"El Ejército y la Policía infligieron tortura y malos tratos de forma generalizada" en México, y al menos 30 personas desparecieron y decenas "fueron ejecutadas extrajudicialmente".
En Paraguay, dirigentes campesinos que luchaban por obtener la propiedad de la tierra fueron hostigados por las fuerzas de seguridad y uno de ellos fue abatido a tiros.
El comité de las Naciones Unidas contra la tortura señaló que los malos tratos no constituyen una política oficial del Estado como sucedía en Paraguay en el pasado, pese a lo cual esas violaciones continúan aplicándose, "especialmente en las comisarías".
En Perú siguen "encarcelados centenares de presos de conciencia" mientras se acusa a la policía y las Fuerzas Armadas de tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
Así mismo, son frecuentes en Perú las prácticas de intimidación de quienes critican al gobierno y de los defensores de los derechos humanos, dice el informe.
Amnistía Internacional también indicó que el insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru continuó en 1997 "cometiendo abusos".
En Uruguay, Amnistía denunció que varios presos que protestaron contra una limitación a sus derechos por parte del Ministerio del Interior fueron golpeados por los encargados de su vigilancia.
La organización con sede en Londres denunció que en Venezuela, "las torturas infligidas por las fuerzas de seguridad fueron frecuentes y causaron en algunos casos la muerte de la víctima".
"Las fuerzas de seguridad (de Venezuela), incluido el ejército, continuaron practicando torturas de manera generalizada. No se condenó a nadie por ello", se advirtió en el informe. (FIN/IPS/rr/ff/hd/98
