En el Día Mundial del Medio Ambiente, los ecologistas reiteraron hoy en Chile su rechazo al megaproyecto Trillium, de explotación de bosques nativos en Tierra del Fuego, con una protesta ante el palacio presidencial de La Moneda que culminó con 15 detenidos.
La acción, convocada por la filial Pacífico Sur de Greenpeace, fue reprimida por la policía de Carabineros, que detuvo a cinco dirigentes, incluyendo a la directora ejecutiva de la organización, Carmen Rodríguez, y a la coordinadora de la Campaña de Bosques, María Luisa Robleto.
La manifestación, de carácter pacífico, se produjo una semana después de que el consejo de ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) aprobara el polémico proyecto Río Cóndor, de la transnacional estadounidense Trillium.
La empresa podrá explotar para la elaboración de astillas 257.000 hectáreas de bosques de lenga en Tierra del Fuego, al sur del Estrecho de Magallanes, para lo cual invertirá unos 200 millones de dólares.
Greenpeace sostiene que los bosques de lenga involucrados en el proyecto son únicos en el mundo, ya que representan los últimos vestigios de la cubierta arbórea que tenía el planeta hace 8.000 años, la cual ha sido destruida en 80 por ciento.
Los ecologistas sostienen que el centenar de condiciones que impuso Conama a la transnacional para aprobar el proyecto por un período de 110 años no garantizan la defensa del bosque y su objetivo es sólo dar una imagen de rigurosidad hacia el público.
El plan de explotación implica cortar más árboles de los que pueden recuperarse naturalmente y amenaza la existencia de una fauna, integrada por especies, como los guanacos, laboriosamente protegidas y recuperadas, sostuvo Greenpeace.
La organización presentará nuevos recursos judiciales ante la Corte Suprema para impedir el inicio del proyecto e iniciará junto a otros grupos ambientalistas campañas internacionales de boicot a las exportaciones previstas por Trillium.
Greenpeace afirmó también que Trillium "arrasó con los bosques de las propiedades que tenía en Estados Unidos" y difundió una dirección en Internet (www.forestwater.org), donde se puede acceder a información e imágenes al respecto.
La cuestionada empresa es una de las mayores transnacionales del sector forestal y sus planes de explotación de bosques de lenga incluyen también la explotación de 70.000 hectáreas de bosques en la parte argentina de Tierra del Fuego.
La Coalición para la Defensa de los Bosques Nativos de Tierra del Fuego consiguió a mediados de mayo que los tribunales de Argentina expidieran una medida cautelar, impidiendo así el despegue del proyecto mientras se estudia su impacto ambiental.
En Chile, un recurso de protección presentado por la red de Defensores del Bosque, significó también la virtual paralización del proyecto desde abril de 1997, fecha en que fue acogido por la Corte Suprema de Justicia.
Tanto en Argentina como en Chile, las pequeñas poblaciones locales de las áreas en que Trillium compró los bosques apoyan a la transnacional por los empleos que creará su presencia.
El gobierno chileno del presidente Eduardo Frei respalda igualmente el proyecto, de acuerdo a su política de favorecer la inversión externa, que le ha acarreado también otras confrontaciones con los ecologistas.
La comunidad ambientalista lanzará una ofensiva en varios frentes contra el proyecto río Cóndor, que incluirá la presentación de nuevos recursos ante la Corte Suprema para los efectos de la protección de los bosques nativos.
Diputados de la llamada bancada verde objetarán igualmente la venta durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 90) de las 257.000 hectáreas de bosques a la transnacional a un precio que consideran irrisorio.
A instancias del Instituto de Ecología Política, la Cámara de Diputados acordó pedir al Servicio de Impuestos Internos y a la Organización Mundial de Comercio informes sobre eventuales casos de dumping de empresas forestales.
La solicitud se fundamenta en que, de acuerdo a las denuncias de los ecologistas, Trillium recibirá del Estado chileno una serie de beneficios, como subsidios por la vía de exenciones de impuestos para actividades productivas en territorios apartados.
La eventual acusación de dumping significaría gravámenes arancelarios adicionales a las exportaciones de Trillium, que también podrían verse en dificultades para obtener los sellos ambientales para su ingreso a mercados de Europa y Estados Unidos. (FIN/IPS/ggr/ag/en/98
