La instalación de una oficina de la DEA en el norte de Chile está en tela de juicio, tras la denuncia de que un agente de esa agencia antidrogas de Estados Unidos pasó información a un empresario detenido por narcotráfico.
El ministro del Interior, Carlos Figueroa, dijo el viernes que el gobierno se tomará "todo el plazo que sea necesario" para decidir sobre la oficina de la DEA (Drugs Enforcement Administration) en el puerto de Iquique, 1.850 kilómetros al norte de Santiago.
Figueroa negó que la decisión se vincule con la denuncia del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por "obstrucción a la justicia" contra un agente de la DEA no identificado, en la llamada Operación Océano.
La afirmación oficial fue desmentida por fuentes confiables, según las cuales, el esclarecimiento de la denuncia del CDE será decisivo para la suerte de la oficina de la DEA, cuya instalación estaba prevista para el primer semestre de este año.
La Operación Océano, una ofensiva antidrogas en que coordinaron esfuerzos el CDE, la DEA y las policías de Chile y Estados Unidos, puso al descubierto una gran red de tráfico de cocaína y lavado de dinero relacionada con los carteles colombianos de Cali y Medellín.
El principal implicado en el caso es el empresario naviero chileno Manuel Losada, detenido en Valparaíso (120 kilómetros al oeste de Santiago) el 4 de mayo, fecha en que se hizo pública la existencia de la red.
Losada dijo posteriormente en una entrevista que fue advertido de su detención por mensajes que le llegaron a través del fax y hace cuatro días trascendió la denuncia del CDE, en cuanto a que uno de esos avisos procedía de un agente de la DEA.
El trascendido sobre la denuncia del CDE, que forma parte del sumario secreto en la investigación de la Operación Océano del juez Marcos Felzensztein, de Valparaíso, llevó el miércoles al magistrado a dictar una "prohibición de informar".
La "prohibición de informar", que en este caso regirá por cuatro meses, es una controvertida facultad de los jueces en Chile para censurar a la prensa cuando consideran que la labor periodística afecta la acción de la policía y de los tribunales.
Dirigentes del Colegio de Periodistas y numerosos reporteros llegaron el viernes amordazados a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un recurso contra la decisión de Felzensztein y repudiar la censura de prensa.
El diario La Tercera habilitó un sitio especial en Internet sobre la Operación Océano (www.tercera.com/oceano), a través de un servidor en Estados Unidos, para eludir y desafiar la prohibición del magistrado.
El ministro Figueroa dijo que el gobierno chileno "distingue claramente" entre la DEA, "que es un órgano del gobierno de los Estados Unidos" y "lo que pudiere pasar con un funcionario eventualmente implicado en este proceso".
La declaración ministerial sugirió un intento de desvirtuar anteriores análisis de prensa, en el sentido de que hubo discrepancias entre el CDE de Chile y la DEA sobre la forma y el lugar de desmantelamiento de la red de narcotráfico y lavado de dinero.
El CDE, que está presidido por la abogada Clara Szczaranski, impuso el criterio de que las acciones fundamentales de la red tenían lugar en Chile, y por tanto correspondía iniciar aquí su desmantelamiento con la detención de Losada y otros implicados.
La DEA, en cambio, quería canalizar las investigaciones y la captura de los implicados de tal forma de poder llevarlos a juicio en Estados Unidos, como lo ha hecho en operaciones antidrogas en otros países latinoamericanos.
Los "faxes" de advertencia a Losada sobre su inminente detención habría tenido como propósito hacer que él y sus cómplices huyeran de Chile, para capturarlos en otros lugares, desde donde serían entonces llevados a Estados Unidos.
En los hechos, la DEA tiene ya un historial de 26 años de relaciones con las autoridades chilenas, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, pero esta es la primera vez que instalaría una oficina en este país sudamericano.
Iquique, un puerto de intensa actividad comercial, es un punto clave en el tránsito de cocaína por territorio chileno por su proximidad con centros productores en Perú y Bolivia.
En abril, para la II Cumbre de las Américas, estuvo en Chile el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, quien dio los toques finales al acuerdo para la presencia permanente de la DEA en Iquique.
El acuerdo debía materializarse antes de que finalizara el primer semestre de este año y como parte del "nuevo trato", con enfoque multilateral, de las relaciones de Estados Unidos y el resto del continente en materia de combate al narcotráfico.
El incidente en torno de la Operación Océano retrasará la llegada de la DEA a Iquique, si bien finalmente se producirá la instalación de su oficina, aunque con atribuciones más delimitadas por las autoridades chilenas.
Por lo pronto, Figueroa y el viceministro del Interior, Belisario Velasco, advirtieron que "jamás permitiremos actuaciones operativas de los órganos de otros países en Chile". (FIN/IPS/ggr/ff/ip/98
