La organización de derechos humanos Amnistía Internacional teme por la seguridad de un legislador y dos periodistas encarcelados en Chad en relación a un proyecto de oleoducto financiado por el Banco Mundial.
El diputado opositor Ngarlegy Yorongar y los dos periodistas del diario L'Observateur fueron detenidos la semana pasada, y comparecerán ante la corte este viernes, explicó Irene Mandeau, representante de Amnistía Internacional en Chad.
Amnistía enviará desde un país vecino en Africa un observador jurídico al juicio.
Yorongar y los periodistas, el editor Koumbo Synga Gali y el periodista Polycarpe Togarmissi, fueron detenidos el día 3 por cargos de difamación contra el presidente del parlamento, Wadal Addelkader Kamougue.
El año pasado, Yorongar expresó la sospecha de que Kamougue podría haber financiado su campaña electoral con aportes de la firma francesa Elf, una de tres multinacionales del petróleo participantes en el proyecto multimillonario, y L'Observateur publicó sus comentarios.
Kamougue presentó una denuncia de difamación contra Yorongar en agosto, pero entonces el legislador gozaba de inmunidad parlamentaria. La misma se le retiró días antes de la partida de Yorongar, el 31 de mayo, con el fin de hablar sobre el oleoducto ante el Parlamento Europeo, explicó Mandeau.
El Banco Mundial considera prestar entre 100 y 125 millones de dólares a Chad y el vecino Camerún para financiar la inversión de los gobiernos en emprendimientos conjuntos formados con las petroleras Elf, Exxon y Shell.
Las compañías explotarán yacimientos de petróleo en el sur de Chad y construirán y operarán un oleoducto de 1.100 kilómetros hasta el puerto atlántico de Kiribi, en el sur de Camerún.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Banco Mundial que invierte en proyectos privados, considera aportar unos 100 millones de dólares de sus propios fondos y entre 150 y 300 millones en préstamos otorgados por consorcios, revelan documentos del proyecto.
Las obras del proyecto comenzarían este año y el ducto estaría pronto para el 2001.
El Fondo de Defensa Ambiental, de Washington, encabeza las gestiones para persuadir al presidente del Banco Mundial y la IFC, James Wolfensohn, para que suspenda los préstamos hasta que los detenidos "sean liberados, su seguridad esté garantizada y tengan el derecho a discutir en público el impacto del proyecto en Chad".
"Lo estamos analizando", dijo Philippe Benoit, del Banco Mundial.
Fuentes del Banco Mundial y las organizaciones de derechos humanos procuran separar las detenciones del proyecto en sí. Amnistía Internacional expresó su preocupación por los detenidos y la situación de derechos humanos en el país, pero no adoptó posición alguna ante al oleoducto, dijo Mandeau.
Pero Yorongar "es ampliamente conocido en Chad por ser un destacado opositor del gobierno y el proyecto de oleoducto. Por eso se convirtió en víctima de la intimidación de las fuerzas de seguridad", aseguró el Fondo de Defensa Ambiental.
Ese acoso "es parte de un patrón de violaciones de derechos humanos en Chad, en conexión con la represión de la oposición al proyecto de oleoducto", añadió la organización.
El centro del proyecto se encuentra en la cuenca Doba, una región ecológicamente frágil y sede desde hace décadas de la insurgencia que lucha contra el gobierno de N'djamena.
Los activistas aseguran que en los últimos años aumentaron las matanzas en la región, así como la vigilancia policial en la capital de detractores del proyecto.
Pero el gobierno podría neutralizar las críticas y estabilizar la zona de Doba al asegurar que los beneficios del proyecto sean compartidos, indicó una fuente del Banco Mundial.
La decisión final de la financiación del Banco Mundial no se adoptará antes de septiembre y podría aplazarse aún más, señaló un portavoz a IPS.
El organismo aún debe evaluar el impacto del proyecto en los ecosistemas y las comunidades de Chad, y elaborar planes para minimizar el daño, explicó Barbara Unmussig, de Urgewald, organización no gubernamental alemana.
Para Chad, sin salida al mar y uno de los países más pobres del mundo donde más de la mitad de sus ingresos dependen de las exportaciones de algodón, el proyecto sería un gran estímulo económico.
La iniciativa podría aportar al gobierno unos 90 millones de dólares por año, según los precios del petróleo, informaron analistas económicos.(FIN/IPS/tra-en/aa-lp/aq/hd-dv/98
