El gobierno del presidente de Burundi, Pierre Buyoya, rompió un acuerdo de cese del fuego firmado la semana pasada para poner fin a una guerra civil de cinco años en el país africano.
El ministro Ambroise Niyonsaba dijo que el gobierno no estuvo "involucrado" en el acuerdo firmado por 17 facciones en Arusha, Tanzania, y teme que el pacto socave su capacidad para mantener la paz y el orden en el país.
Además, el ministro dijo que el ejército continuará con sus patrullas y operaciones para detener a los rebeldes.
El anuncio fue hecho en un momento en que las 17 facciones se preparaban para la próxima ronda de conversaciones de paz previstas para el 20 de julio en Arusha, bajo la mediación del ex presidente de Tanzania Julius Nyerere.
Este martes, el enviado de la Unión Europea a Burundi Aldo Ajelo dijo a la Red de Información Regional Integrada (IRIN), una unidad de información humanitaria, que en las conversaciones de Arusha se acordó formalmente la suspensión de hostilidades, incluyendo el ejército.
Según la información de Ajelo, incluso la facción separatista CNDD-FDD no obstruiría el acuerdo, aunque no estuvo representada en Arusha. Las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FCC) se separaron del CNDD en febrero.
Ajelo, presente en el diálogo de Arusha, dijo que el tono de las conversaciones en general había sido "sorprendente", dada la anterior falta de comunicación entre las partes, y declaró que los avances logrados fueron "más de lo esperado".
El proceso de paz dirigido por Nyerere, mediador reconocido internacionalmente en el conflicto entre el gobierno de Burundi y rebeldes de la mayoría hutu, ha sido difícil.
Las conversaciones de paz se desmoronaron en agosto de 1997, cuando Buyoya, integrante de la minoría tutsi, acusó a Nyerere de respaldar el punto de vista de los rebeldes.
Buyoya, que obtuvo el poder en un golpe militar en julio de 1996, exigió que las conversaciones se realizaran en otro país africano, pero la intervención de la Organización de la Unidad Africana y la comunidad internacional hizo que Bujumbura participara en las conversaciones de la semana pasada en Arusha.
Burundi comenzó a hundirse en el caos en octubre de 1993, cuando soldados rebeldes mataron a Melchior Ndadaye, el primer presidente hutu del país, en un golpe abortado, tres meses después de que fuera electo.
Ndadaye fue percibido por tutsis de línea dura en el ejército como una amenaza para su control tradicional del poder. Su muerte desató matanzas y luchas entre hutus y tutsis.
Desde entonces, más de 200.000 personas murieron víctimas de la guerra étnica en Burundi, que tiene una población de unos siete millones de personas, según agencias de ayuda humanitaria que operan en el país de Africa Central.
La responsabilidad de las matanzas se atribuye al ejército liderado por tutsis y a grupos armados infiltrados de campos de refugiados en Tanzania y de la República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire).
El año pasado, los ejércitos de Burundi y Tanzania intercambiaron ataques en su frontera común, causando la muerte de varias personas, la mayoría civiles.
Buyoya dijo que Tanzania estaba entrenando y armando a hutus entre los refugiados para invadir Burundi, pero el presidente tanzanio Benjamin Mkapa negó las acusaciones.
Burundi también está molesto con Tanzania por hacer que sus vecinos impusieran sanciones económicas en su contra en julio de 1996.
En lugar de levantar el embargo, Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, RDC, Zambia, Etiopía y Eritrea decidieron en febrero en Kampala mantener las sanciones hasta que Buyoya restaure el orden civil en Burundi. (FIN/IPS/tra-en/pc/mn/pm/lp/ip/98
