Telefónica de España encabeza el consorcio que adquirió hoy por 1.010 millones de dólares el control de la Compañia Riograndense de Telecomunicaciones (CRT), la primera del sector que es privatizada en Brasil.
La CRT, una empresa provincial de Río Grande del Sur, en el extremo sur del país, no forma parte del sistema controlado por el gobierno central, cuya privatización está fijada para el 29 de julio.
El precio logrado supera 26,92 por ciento el mínimo fijado para la venta de 50,12 por ciento del capital que pertenecía a la gobernación provincial. La subasta debía realizarse el martes, pero fue aplazada dos veces a causa de acciones judiciales que alegaban supuestas irregularidades en el proceso.
Telefónica de España, muy activa en la adquisición de empresas latinoamericanas, ya había comprado 35 por ciento de las acciones de la CRT en diciembre de 1996, cuando la empresa de Río Grande del Sur fue abierta a la participación privada.
Ahora se hace cargo del control, a través de Telefónica Brasil Holding S.A, en el que tiene de socia a la compañía Rede Brasil Sul de Comunicaciones (RBS), un grupo que posee diarios y fuertes emisoras de televisión y radio en el sur de Brasil.
Otro consorcio, encabezado por el banco de inversiones brasileño Opportunity, ofreció una suma inferior en algo más de 10 por ciento. La subasta se hizo por ofertas en sobres cerrados, un mecanismo que ha permitido buenos resultados en las privatizaciones brasileñas.
Las acciones judiciales que particulares y sindicatos y otras organizaciones civiles solicitan con frecuencia a tribunales de jurisdicción local o provincial son un obstáculo a las privatizaciones.
Se trata de medidas cautelares pedidas y dispuestas días o incluso horas antes de la subasta, que exigen rápida respuesta del gobierno en la forma de recursos ante instancias superiores.
La subasta de la CRT se realizó dos horas después del momento previsto, tiempo necesario para oficializar la revocación de un fallo obtenido en la víspera por el empresario Renato Bastos Ribeiro, que se oponía a la venta de la compañía telefónica.
La venta del sistema nacional de telecomunicaciones también enfrenta una batalla jurídica, cuya intensidad aumentará hasta el día de la subasta, el 29 de julio.
El Tribunal Federal de Sao Paulo anuló el jueves anulando una decisión que preparaba la privatización del "holding" estatal Telebrás, que controla el sistema federal de telecomunicaciones.
El tribunal tomó su decisión por 10 votos a cuatro y a pedido del Sindicato de Trabajadores en Investigación, Ciencia y Tecnología de Campinas, localidad ubicada a cien kilómetros de Sao Paulo.
Para transferir sus empresas al sector privado, Telebrás decidió el 22 de mayo en asamblea administrativa dividirse en 12 empresas. Ocho son de telefonía móvil, tres de telefonía básica y una de comunicación a larga distancia.
La asamblea sufrió varios aplazamientos, a causa de acciones judiciales, y fue finalmente anulada por el tribunal de Sao Paulo.
"No habrá aplazamiento. La subasta (de Telebrás) se hará el 29 de julio", aseguró André Lara Resende, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que respalda el programa de privatizaciones.
El Procurador General Walter do Carmo Barletta manifestó que el fallo del tribunal de Sao Paulo será revocado en 10 días, por recurso a instancia judicial superior.
El gobierno fijó en 13.470 millones de reales (11.600 millones de dólares) el precio mínimo para la venta del sistema de Telebrás dividido en 12 empresas. El anuncio provocó duras críticas de la oposición, porque antes las autoridades hablaban de más de 20.000 millones de dólares.
Luiz Inacio Lula da Silva, candidato opositor a la presidencia, expresó la sospecha de que la diferencia entre las dos dos sumas se destine a la "segunda caja". Es decir, a financiar ilegalmente la campaña electoral del presidente Fernando Henrique Cardoso.
Leonel Brizola, compañero de fórmula de Lula, dijo que en caso de triunfo, su gobierno intentará anular la privatización de Telebrás y de la Compañía Vale do Rio Doce, una empresa minera subastada el año pasado por poco más de 3.000 millones de dólares.
El gobierno ha desafiado a la oposición a que revele cómo hará para atender la demanda insatisfecha de líneas telefónicas con los recursos públicos, reconocidamente inexistentes.
El programa de privatización de Telebrás exige a los compradores duplicar hasta un total de 33 millones la cantidad de teléfonos fijos y móviles en cinco años. Esa meta exige fuertes inversiones y la creación de unos 200.000 empleos. (FIN/IPS/mo/ff/if/98
